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La meta tributaria del Gobierno se volvió un pulso contra el calendario. Con apenas cuatro meses para cerrar el año, la DIAN tendría que recaudar alrededor de COP 20,6 billones mensuales hasta diciembre para alcanzar los 280,3 billones proyectados en 2025.
A agosto, el recaudo acumulado llego a COP 197,6 billones, equivalente al 70 % del total esperado. Los mayores aportes provienen de retención en la fuente (33,3 %), IVA (20,6 %) y aduanas (16,8 %).
La renuncia del director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás, el pasado 24 de octubre (a petición directa del presidente Gustavo Petro) fue la confirmación de ese rezago. Llinás se mantuvo en la silla como encargado (sin nombramiento oficial) mientras cumplía el rol de director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad a la que renunció el mismo día.
En su reemplazo en la DIAN asumió temporalmente Jorge Arturo Lemus, actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Aunque los números muestran un avance de 10,6 % (unos 19 billones de pesos) frente a los COP 178,6 billones del mismo periodo en 2024, el crecimiento no alcanza el ritmo para cumplir la meta fiscal. Pero el esfuerzo no basta. Para llegar a la meta, el fisco debería ingresar 82,7 billones adicionales en los últimos cuatro meses.
El antecedente inmediato pone la meta en tensión. En el mismo tramo de 2024 se recaudaron COP 88,4 billones. Sin embargo, en este punto cabe recordar que la meta inicial de recaudo para 2025 rondaba los 300 billones y, debido al deterioro fiscal, disminuyó a 280,3 billones. De mantenerse la anterior, la vara del recaudo subiría a COP 25,6 billones por mes.
En el fondo, el problema es estructural. Colombia concentra una parte enorme del recaudo en un puñado de contribuyentes y mantiene exenciones y beneficios que erosionan la eficiencia del sistema tributario.
El presupuesto de 2026: más grande, pero sin caja
El Presupuesto General de la Nación para 2026 fue aprobado por COP 546,9 billones, 7 % por encima del aprobado para 2025. El aumento suena bien hasta que se mira con lupa: 16,3 billones del presupuesto quedaron desfinanciados, es decir, sin fuente clara de financiación.
El Gobierno confía en una Ley de Financiamiento (reforma tributaria) para cerrar el hueco, pero analistas como ANIF anticipan que esa ley tendrá dificultades para pasar en el Congreso y critican su diseño.
Si la Ley no prospera, la alternativa sería más deuda, una opción delicada cuando la deuda pública ronda el 61,5 % del PIB, por encima del umbral que el propio Marco Fiscal había fijado (61,3 %)
En la práctica, esto significa que el Estado podría gastar más de lo que recauda o congelar partidas clave como inversión y subsidios. Es el mismo dilema que se repite año tras año: gasto inflexible, ingresos sobrestimados y metas que dependen de una eficiencia tributaria a medias.
Ejecución presupuestal mejor, inversión rezagada
Según un informe de ANIF, la ejecución del presupuesto fue mejor que la del año pasado: hasta septiembre llegó al 58,7 %. Pero la distribución tiene olor a urgencia: la ejecución de inversión apenas alcanza el 41 %, mientras que funcionamiento y servicio de la deuda superan el 63 %.
Los sectores con menor ejecución son Transporte (31 %), Registraduría (32 %) y Agricultura (38 %). En contraste, Salud (71 %) y Educación (70,7 %) lideran el gasto.
Un espejo de lo que viene
La presión sobre el recaudo es un asunto de credibilidad fiscal. Cada año se aprueban presupuestos basados en ingresos optimistas, mientras el rezago de pagos se acumula: 34,9 billones en 2023 y 62,8 billones en 2024. Para 2025, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) estima que podría llegar a COP 55 billones.
Con ese margen estrecho, el Gobierno Petro entregará a la próxima administración un presupuesto más grande, pero también más comprometido.
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