Gremios piden medidas para mitigar el impacto del desplome del puente La Vieja

El puente vehicular del río La Vieja se desplomó el 12 de abril. / ANI

Foto: ANI

El pasado 12 de abril, se desplomó el puente vehicular del río La Vieja, que comunica a los departamentos del Valle del Cauca y Quindío. Las autoridades confirmaron la muerte de dos policías y 15 heridos tras el colapso. Este martes, las entidades que agrupan gremios e instituciones privadas de los departamentos del Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca le solicitaron a Gustavo Petro, presidente de la República, tomar “medidas de fondo para mitigar las afectaciones actuales y futuras ocasionadas por el colapso del puente del sector El Alambrado, que es vital para la conectividad del suroccidente colombiano”.

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En el documento los empresarios dicen que están en una “emergencia social” que impacta de manera negativa la movilidad, el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos y que “disminuye las ventas y operaciones en la región, perjudicando el ingreso de los habitantes de varios municipios de la zona de influencia”.

Además, mencionan que el desplome del puente afecta a “toda Colombia en materia de conectividad, dado que es un corredor de paso en muchas rutas entre el suroccidente y el resto del país, principalmente hacia el centro”.

Así las cosas, para mitigar este impacto los empresarios le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para tomar acciones de corto y mediano plazo que permitan reducir los efectos negativos en materia económica y social. En el corto plazo, por ejemplo, piden dar celeridad a la propuesta de construir un puente metálico en un periodo de 4 meses, “aclarando si esta infraestructura devolvería a la normalidad el tránsito, cuál sería el cronograma y alcance para garantizar el menor impacto en la región”.

Otra de las peticiones de los empresarios es revisar e intervenir “con urgencia” el puente Bolívar sobre el Río La Vieja entre Cartago y Pereira, “que ahora soporta la totalidad del tráfico de los corredores desde y hacia el occidente”.

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También le piden al presidente Petro crear un plan especial de movilidad con las autoridades para gestionar el tráfico, evitar la accidentalidad en la ruta alterna principal por Pereira y distribuir el tráfico liviano a otras rutas alternas.

Los gremios también solicitan “mecanismo de compensación de los costos de transporte para evitar aumentos en la inflación en los productos de la canasta familiar, generar un plan de alivios para los hogares y sectores afectados en sus ingresos durante el tiempo que dure la contingencia”. Finalmente, en el corto plazo, piden un beneficio al IVA del 0 % en los tiquetes de aéreos y hospedaje para que no se afecte el desarrollo turístico y comercial de la región.

En cuanto al mediano plazo, piden verificar el inventario del estado de las vías del suroccidente en conjunto con la ANI e Invías, “con el fin de realizar acciones preventivas o de mantenimiento en puntos específicos como puentes y otros, para asegurarse de que estas situaciones no se repitan”.

Así como dar continuidad y acelerar el proyecto Vías del Samán, “en aras de mejorar la conectividad entre Risaralda, Valle del Cauca y el Quindío, el cual requiere de un acompañamiento prioritario para garantizar su viabilidad” e impulsar la construcción de la doble calzada en la vía La Paila-Calarcá.

De acuerdo con los líderes gremiales, por el corredor transitan alrededor de 8.000 vehículos diarios entre pasajeros y carga, de los cuales el 44 % son de carga y transportan alrededor del 10 % de lo que se moviliza por todo el país “en productos finales e insumos de los sectores agrícolas, agroindustriales e industriales, dada la carga de comercio exterior con origen o destino Buenaventura, más la carga nacional que se intercambia entre las regiones”.

Sobre la vía alterna aseguran que “no es una solución sostenible”, pues aumenta el trayecto en 70 km, es decir, 3 horas adicionales de viaje, “lo cual significa incrementos en costos de peajes y combustible, así como congestión vehicular por la saturación de la vía. Esta situación implicará un aumento de alrededor del 15 % de los costos en transporte para movilizar productos y personas”.

Los empresarios también dijeron que “se puede esperar una aguda crisis económica y social a largo plazo por las pérdidas de empleo, destrucción del tejido productivo e inflación”, pues un puente provisional puede demorarse entre 2 y 4 meses.

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