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El Ministerio de Hacienda presenta hoy ante el Congreso el Presupuesto General de la Nación 2026, un proyecto por $556,9 billones que requerirá la aprobación de una ley de financiamiento por $26,3 billones, equivalente a una tributaria diseñada para sostener el plan de gasto.
De los recursos proyectados, 65,7 % se destina a funcionamiento ($365,7 billones), 18,4 % al servicio de la deuda ($102,4 billones) y 15,9 % a inversión ($88,8 billones). La presentación contó con la asistencia de ministros, directores de entidades clave como DNP, DANE y DIAN, el gerente general del Banco de la República, y el contralor general.
La presentación del presupuesto generó tensión entre los legisladores. El representante Óscar Darío Pérez del Centro Democrático criticó la cantidad de asesores y presuntos “lobistas presentes”, y cuestionó las dinámicas del debate. “Si no nos escuchamos, algunos nos iremos, porque nos gustará mejor verlo por televisión”, dijo.
Gasto rígido y cláusula de escape
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió sobre un altísimo grado de inflexibilidad en el gasto, que para 2026 representará el 91,4 % del presupuesto, incluyendo intereses de la deuda, salarios de la fuerza pública, sistema judicial, salud, pensiones y participaciones. “No es una coyuntura de corto plazo ni del Gobierno actual, sino la acumulación de factores que han prolongado la inflexibilidad”, señaló Ávila.
El servicio de la deuda disminuirá a $102,4 billones, frente a $112,6 billones de 2025, mientras que Sistema General de Participaciones, pensiones y aseguramiento en salud registran alzas significativas, reflejando la prioridad social del presupuesto. En paralelo, vigencias futuras y gastos de capital muestran reducción frente a 2025.
Para cumplir la regla fiscal (el límite del gasto público), Hacienda plantea que un ajuste cercano a 3,6 % del PIB tendría problemas. Según Ávila, un recorte de ese tamaño impactaría 1,8 % la tasa de crecimiento en el primer año, elevaría 0,8 % el desempleo y afectaría la inflación y el recaudo tributario. “Un ajuste exagerado tendría efectos devastadores en la economía”, advirtió.
El origen de la brecha
El Ministerio señala que el desajuste se relaciona con el gasto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que acumuló pagos por $80 billones entre 2022 y 2025 debido a mantener estancados los precios internos frente al mercado internacional. Lo que antes se gestionaba como pasivo, pasó a constituir gasto fiscal.
“Esta es una de las causas fundamentales que hoy vive el país y que ha comprometido un porcentaje significativo de los recursos públicos”, dijo Ávila.
El Gobierno ha optado por desmontarlo por etapas. Ya eliminó el subsidio a la gasolina y también retiró el beneficio para los grandes consumidores de diésel.
Recientemente, publicó un borrador de decreto que plantea un nuevo mecanismo diferencial de estabilización de precios del ACPM (diésel). El cambio excluiría de subsidios a automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos pertenecientes a los segmentos particular, diplomático y oficial.
Este permitiría un ahorro de $386.700 millones.
| Año | Costo FEPC (en billones) |
|---|---|
| 2025* | $8 (a la fecha) |
| 2024 | $21,3 |
| 2023 | $28,9 |
| 2022 | $21,4 |
| TOTAL | $79,6 |
Gasto fiscal en subsidios de energía y gas
| Año | Costo (en billones) |
|---|---|
| 2025* | $4,4 (a la fecha) |
| 2024 | $4 |
| 2023 | $6,1 |
| 2022 | $3,8 |
| TOTAL | $18,2 |
Línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
Este crédito sirvió para financiar la pandemia por cerca de US$5.600 millones para pagar en cinco años: periodo de gracia de tres años y periodo de amortización de dos años.
| Año | Costo (en billones) |
|---|---|
| 2025* | $11,5 (a la fecha) |
| 2024 | $11,4 |
| TOTAL | $22,9 |
El gasto de estas tres variables, señala Ávila, representan un altísimo porcentaje del déficit del actual gobierno. “Han sido decisiones que están por fuera de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y las prioridades del Gobierno Nacional”, apuntó.
Comportamiento de ingresos y gasto primario
El gasto primario (es decir, el gasto del Gobierno sin contar los pagos de intereses de la deuda) de 2025 se proyecta en $353,1 billones, por debajo de los $367,2 billones de 2020 y de los $358,5 billones de 2021, aunque superior a los $286,1 billones de 2019, año previo a la pandemia.
Para 2026, se estima un gasto primario de $373,9 billones, equivalente a un crecimiento de 5,9 % frente a 2025.
Por su parte, los ingresos tributarios aumentarían de $280,3 billones en 2025 a $306,8 billones en 2026, un alza de 5,9 % y significativamente por encima de los $253,2 billones de 2019.
Con estas cifras, el desbalance fiscal ascendería a $72,8 billones en 2025 y a $67,1 billones en 2026. Este último se reduciría a cerca de $40 billones debido a la reforma tributaria de $26,3 billones.
Según Hacienda, “el gasto primario crecería por debajo de lo que harán los ingresos tributarios”, en parte, por el crecimiento del gasto inflexible. “Se requiere un Pacto Fiscal que atienda esta problemática”, advierte la presentación.
La tributaria
Para cumplir esa senda de retorno es la Ley de Financiamiento (también conocida popularmente como reforma tributaria). Se trata de una estrategia similar a la del año pasado (que buscaba recaudar $12 billones) pero que esta vez duplicaría la apuesta, a pesar de que la anterior no superó el debate en el Congreso y dejó el presupuesto desfinanciado.
Estos son los pilares:
- Gravar consumo de licores y tabaco.
- Aumentar los gravámenes de renta y patrimonio.
- Fortalecer esquemas de los impuestos al carbono, al consumo, y los impuestos saludables.
“No vamos a tocar la canasta familiar”, aseguró Ávila.
Hacienda insiste en que la sostenibilidad macroeconómica y la protección del gasto social prioritario dependen de decisiones de política fiscal que reconozcan estas restricciones estructurales.
La ley de financiamiento será clave para garantizar la viabilidad del presupuesto de 2026.
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