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Hay algo que estamos haciendo mal como país, si solo una de cada cuatro personas mayores de 65 años se pensiona en Colombia, pero el problema es aún mayor si a eso le sumamos que muchas pensiones son millonarias y se subsidian con el recaudo tributario (la cuarta parte de lo que recibe el Estado por impuestos se va para el rubro de pensiones).
Internacionalmente, hay tres principios que debe seguir todo sistema pensional: cobertura, sostenibilidad y equidad. En Colombia se incumplen todos, prácticamente. Por lo que no resulta nada extraño que, en plena recta final a las elecciones presidenciales de mayo, el tema pensional comience a debatirse intensamente.
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Tampoco resulta extraño si tenemos en cuenta que una reforma pensional no sólo es una necesidad estructural del país, sino también fue una de las promesas del gobierno del presidente Iván Duque, al igual que una reforma laboral. Ambos asuntos quedaron engavetados, aunque lo que sí tuvimos en estos cuatro años fueron cuatro tributarias (entre aprobadas en el Congreso, tumbadas por la Corte Constitucional y abortadas por el Ejecutivo).
¿Por qué una reforma pensional?
La necesidad de meterle mano a las pensiones en Colombia pasa por asuntos que van desde la asistencia a los adultos mayores, hasta problemas fiscales: las pensiones son un lastre enorme en las finanzas públicas que, en una porción nada despreciable, financian a una proporción menor de la población que, además, está lejos de ser la que más asistencia estatal necesita.
Primero, las cifras.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Colombia solo 24 % de las personas en edad de pensión reciben una mesada de al menos un salario mínimo (y solo 5 % son mujeres).
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Hay millones de personas que están por fuera del sistema de protección para la vejez y lejos de completar los requisitos para una pensión, un tema social que a largo plazo derivará en una importante cantidad de adultos mayores sin protección y con índices alarmantes de pobreza. “Se calcula que cerca de 26% de los adultos mayores de 60 años viven en la pobreza en Colombia, por encima de países como Perú (21 %), Ecuador (23 %), Chile (5 %), y Brasil (5 %)”, de acuerdo con cifras del BID.
Si las condiciones actuales se mantienen, la cobertura irá en detrimento. Un estudio del Banco de la República de 2012 advirtió que en los próximos 40 años solo se van a poder pensionar 8,7% de los afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM), es decir, el fondo que es administrado por Colpensiones, y 11,1% de quienes están en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por las administradoras de fondos de pensiones privadas.
De ahí la necesidad de reforma por el lado de la cobertura.
Ahora bien, por el flanco de la sostenibilidad la cosa no mejora de a mucho. “Aunque el sistema no pensiona a mucha gente, buena parte del presupuesto de la nación se destina al pago de pensiones. El gasto público en la nómina de pensionados representa aproximadamente el 4 % del PIB por año, o el 30 % del recaudo tributario anual. La mayoría de este gasto financia las pensiones de los regímenes especiales, una figura en marchitamiento desde 2005, pero que seguirá afectando a las finanzas públicas durante las próximas décadas”.
Un modelo de reforma
Estos últimos datos hacen parte de un análisis publicado por académicos de la U. de los Andes: Oscar Becerra, David Pérez-Reyna, Hernando Zuleta y Marcela Eslava (decana de Economía de esta universidad).
En el documento, los autores esbozan una propuesta de reforma que busca cinco puntos esenciales: “Aumentar la cobertura del sistema (contributivo y no contributivo); reducir las desigualdades existentes entre el RPM y el RAIS; reducir los subsidios a las pensiones más altas del RPM; asegurar la sostenibilidad financiera del sistema; y otorgar pensiones vitalicias y suficientes”.
Para lograrlo, los autores proponen migrar hacia un sistema en el que haya varios pilares, sin eliminar Colpensiones o las AFP, vale la pena aclarar.
En pocas palabras, Becerra lo resume de esta forma. “Proponemos la implementación de un pilar contributivo que cubra a las personas que no se encuentran pensionadas a partir de subsidios en el sistema de Colombia Mayor y complementariedad en el ahorro pensional a través del sistema BEPS. Dos, un pilar contributivo Colpensiones y AFP en las cuales ambos siguen funcionando, pero las pensiones de Colpensiones se empiezan a pagar en función del historial de contribuciones de los afiliados y el ahorro pensional. Y tres, un desarrollo del mercado financiero para que se obtengan más y mejores pensiones”.
Como ya se dijo, uno de los objetivos de cualquier reforma debe ser el aumento de la cobertura, en especial en la vejez, pues la pensión se convierte en un mecanismo de protección económica.
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En este orden de ideas, el primer pilar es descrito por los autores de esta forma: “Combinaría un esquema de transferencias para aquellos sin ahorro pensional (Colombia Mayor), con un esquema de subsidios parciales para aquellos con derechos a devolución de contribuciones (BEPS). En este pilar, la devolución de contribuciones se convertiría a BEPS de forma obligatoria. Así, si un adulto mayor nunca tuvo un empleo formal recibiría una transferencia de Colombia Mayor. Mientras tanto, para quienes contribuyeron al sistema en algún momento pero no lograron obtener una pensión, esta transferencia se complementaría con una renta vitalicia de un BEPS financiada con su ahorro pensional más los subsidios BEPS que otorga el gobierno (20 % del monto destinado al BEPS)”.
El segundo pilar busca reducir las diferencias que hay entre los dos regímenes actuales, el de Colpensiones (RPM) y el de las AFP (RAIS), a la vez que señala un camino para reducir las contribuciones públicas que se destinan para subsidiar las pensiones en el primero de éstos (y que en muchos casos terminan beneficiando pensiones altas, o sea, personas que no necesitan asistencia estatal).
Los autores lo describen de esta forma: “Proponemos que el RPM transite gradualmente hacia un sistema de reparto en que los contribuyentes tienen una ‘cuenta nocional’ que registra su historial de contribuciones y reconoce un interés nocional (virtual) sobre ellos. Al igual que en el RAIS, el valor de la cuenta nocional al momento del retiro sirve como base para calcular el valor de la pensión, de tal manera que estas contribuciones financien la pensión durante la jubilación. Para los que no se pensionan, el valor de la cuenta nocional se convierte en una devolución de aportes con intereses. De esta manera se obtiene un sistema de reparto basado en solidaridad intergeneracional más sostenible (al eliminar los subsidios a las pensiones altas) y equitativo, en el que se eliminan las desigualdades existentes entre los beneficios que perciben los afiliados al RPM y al RAIS en el momento del retiro. Además, al reconocer intereses sobre las devoluciones de contribuciones en RPM, el sistema también ayuda a dar beneficios más altos en el pilar semi contributivo”.
Así mismo, los académicos plantean un plazo de transición gradual hacia el nuevo sistema con un horizonte más amplio de lo que se ha aplicado históricamente en Colombia y que genere un cambio gradual, no un reinicio duro con una fecha cero de entrada en vigencia de las nuevas reglas, pues quienes quedan inmediatamente fuera o dentro de un sistema o el otro tienden a tener diferencias enormes en sus pensiones de la noche a la mañana.
“Para evitar cambios drásticos en la pensión de personas similares, proponemos extender la transición a un período largo, en el que la pensión en Colpensiones se calcule a partir del beneficio que recibiría la persona con las reglas antiguas y nuevas, ponderado por el tiempo que contribuyó a cada sistema. Esto hace que quien empieza a contribuir luego de la reforma reciba una pensión calculada por completo con las nuevas reglas, aquel a quien le falta un día para la edad de pensión esté por completo sujeto al régimen anterior, y alguien que lleva apenas 10 años contribuyendo y le faltan otros 30 calcule su pensión en un 75 % con las reglas nuevas y en un 25 % con las antiguas”, argumentan los autores.