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Se avecina la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto propuesto por el Gobierno es de $557 billones. Sin embargo, no hay recursos suficientes para sostener la cifra.
Es por eso que el Gobierno de Gustavo Petro radicó la Ley de Financiamiento 2025 para cubrir parte del déficit, que es de $26,3 billones (equivalentes al 1,4 % del PIB).
Que ese dinero se pueda recaudar depende de las nuevas medidas tributarias que establece el proyecto de ley. De ellas, el 28 % provendrían de modificaciones a los impuestos al consumo de alcohol y tabaco.
🔎 ¿Cómo está el impuesto y su destinación?
Es allí que el Observatorio Fiscal alerta que $7,8 billones de la ley (que crecerían de forma sostenida hasta $10 billones en 2030) no serían ingresos nacionales, sino territoriales. La razón es que el recaudo de estos impuestos pertenece a los ingresos de los departamentos y al Distrito Capital.
De hecho, en 2024 los impuestos al consumo de alcohol y tabaco fueron la principal fuente tributaria de los departamentos. Aportaron $5,4 billones, equivalentes al 43 % de sus ingresos propios.
En Bogotá sumaron $700.000 millones, para un total nacional de $6,1 billones. Así, la propuesta de la Ley de Financiamiento implica más que duplicar el recaudo por este rubro.
El Observatorio destaca que los recursos se usan para financiar salud, educación y deporte. En regiones con baja capacidad fiscal, como Chocó, Vichada o La Guajira, son un pilar del presupuesto.
Por eso, “que el Gobierno los presente como ingresos nacionales no solo desconoce la dependencia territorial, sino que también genera tensiones con las autoridades regionales”, dice el análisis de la U. Javeriana.
Estos impuestos fueron cedidos de manera permanente a los departamentos mediante la Ley 223 de 1995. Así funcionan hoy estos tributos:
- 🚬 Cigarrillos y tabaco elaborado: gravamen sobre el consumo en cada departamento. Tiene diseño mixto que comprende un componente específico ($3.725 por cajetilla de 20 unidades y $297 por gramo de picadura en 2024) y un 10 % adicional sobre el precio final de venta al público. Las tarifas suben cada año con el IPC más cuatro puntos.
- El recaudo va para la salud y atención de población vulnerable.
- 🍻 Cervezas y sifones, refajos y mezclas: la base es el precio de venta al detallista (nacionales) o el valor en aduana más 30 % (importados). La tarifa es del 48 % para cervezas y sifones (incluye 8 % de IVA) y del 20 % para refajos y mezclas (sin IVA). Las cervezas con menos de 2,5 grados de alcohol están clasificadas como alimento y no pagan el impuesto.
- El 8 % se destina a aseguramiento en salud y red hospitalaria.
- 🍷 Licores, vinos y aperitivos: combinan un componente específico por grado de alcohol ($325 licores; $220 vinos) y un ad valorem (25 % licores; 20 % vinos).
- El 37 % se destina a salud.
- El 3 % va para el deporte.
🔎 ¿Cómo quedaría con la nueva ley?
El Gobierno argumenta en la exposición de motivos de la Ley de Financiamiento que el consumo de alcohol y tabaco causa problemas graves de salud y que los impuestos son una herramienta para reducirlo.
Este es el rediseño para incrementar el recaudo y busca reducir el consumo de este tipo de productos:
- 🥃 Alcohol: unifica el impuesto para todas las bebidas. La base será el precio al consumidor certificado por el DANE.
- El ad valorem subirá al 30 %.
- Hay un componente específico de $1.000 pesos por grado alcohólico por litro, con ajuste anual del IPC más cuatro puntos.
- El IVA pasará del 5 al 19 %.
- 🍺 Cerveza: amplía el hecho generador e incluye las cervezas sin alcohol.
- La tarifa específica será de $330 pesos por grado alcohólico en unidad de 330 cc.
- Tendrá ad valorem del 30 %.
- 🚬 Cigarrillos y derivados: mantiene el ad valorem del 10 %.
- Crea un ad valorem del 30 % para vapeadores.
- Sube el componente específico: la cajetilla de 20 unidades pasa de $4.068 a $11.200 pesos; el tabaco suelto, de $324 a $891 pesos por gramo.
- Los vapeadores líquidos pagarán $2.000 pesos por mililitro.
🚨 Las alertas que despierta la tributaria
Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana alertan que estos recursos adicionales producto de estas modificaciones no financiarían el PGN, porque son ingresos departamentales.
Y subraya que el artículo 347 de la Constitución establece que la Ley de Financiamiento sirve para equilibrar el PGN mediante tributos nacionales, por lo que “usarla para modificar impuestos cedidos a los departamentos desborda ese mandato”, afirma.
Bajo esta lógica, contar como nacionales $7,8 billones del impuesto al consumo de licores y cigarrillos es un error técnico. De ese modo, el PGN 2026 seguiría desfinanciado porque los recursos nunca llegarán a la caja nacional.
“Aunque los cambios persiguen fines loables de salud pública, el canal adecuado sería una reforma tributaria territorial. Esta debería discutirse de forma explícita entre Nación y territorios, reconociendo la titularidad de la renta y su destinación”, apunta el Observatorio.
🚨 Otra alerta es que los cambios bruscos en los tributos pueden generar efectos indeseados: contrabando.
Finalmente, desde el Observatorio Fiscal piden claridad en las cifras porque de lo contrario se le resta transparencia al debate fiscal y aumenta la incertidumbre sobre la verdadera magnitud del déficit en siguientes años.
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