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El Gobierno Nacional ya radicó ante el Congreso el proyecto de ley de financiamiento, aunque es más parecido a una reforma tributaria.
El objetivo es financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 y responder al deterioro fiscal que atraviesa el país. De los $557 billones programados para el próximo año, el proyecto busca recaudar $26,3 billones, lo que equivale a 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del Ministerio de Hacienda.
“Esta es la reforma tributaria más ambiciosa de los últimos años, pues proyecta un aumento significativo en el recaudo, sustentado en medidas como la normalización tributaria para deudores de la DIAN”, sostiene el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.
También se trata de la segunda ley de financiamiento que presenta la administración del presidente Gustavo Petro, la primera se hundió en el legislativo.
Ahora bien, por el tamaño de la iniciativa, Gonzalo Hernández, Ph. D. en Economía y ex viceministro técnico de Hacienda considera que no parece tener como propósito recaudar los $26 billones que se propone, sino ser hundida en el Congreso para pasarle al legislativo la responsabilidad de la crisis fiscal que está creando el Gobierno.
Se trata de un déficit mayor que 7,5 % del PIB y deuda superior al 60 % del PIB. En un escenario sin reforma, Fedesarrollo calcula que el déficit fiscal podría ampliarse hasta 8,1 % del PIB en 2026 y que la deuda neta alcanzaría el 66,9 % del PIB, superando el 63 % proyectado por el Gobierno.
“No hay ni viabilidad técnica ni viabilidad política para la aprobación de la cifra. El Gobierno no cumple con hacer un recorte de gasto, algo que debería preceder cualquier propuesta de aumentar impuestos”, añade Hernández.
Y es que una de las mayores críticas que se le hace a la iniciativa es el hecho de que el Gobierno busque solucionar el tema fiscal buscando más dinero y no disminuyendo los gastos. De este modo, son “los colombianos quienes asuman el costo de su mala gestión fiscal”, en palabras de Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), punto en el que coincide la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
Las fuentes de recaudo y las alertas que despierta
Para entrar en materia, estas son algunas de las fuentes de recaudo que establece el proyecto de ley y las reacciones que despertaron:
- Impuesto al alcohol: el Gobierno espera recaudar más de $6 billones en impuestos al alcohol. Desde la U. Javeriana sostienen que es una cifra muy optimista y sustentada sobre suponer que las personas no cambien su consumo de alcohol y tabaco legal. Alertan que este tipo de medidas podrían incrementar el contrabando.
Otro inconveniente en este aspecto es que se trata de un terreno que tradicionalmente ha sido la fuente de ingresos para los departamentos, ya que son ellos los que tienen el monopolio de este tipo de bebidas.
- IVA: en esta materia la proyección es de $5 billones, por cuenta del cobro del 19 % para vehículos híbridos, que antes tenían el 5 % y al ingreso al productor fósil de la gasolina.
“La reforma contempla medidas que impactan al usuario final de los combustibles líquidos, y que dificultarían el cierre de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC); y, de otra parte, a los productores de hidrocarburos”, destaca Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
El mismo Ministerio de Hacienda reconoce que esta medida generará incrementos en los precios para los usuarios, pero asegura que no serán significativos.
Sin embargo, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI dice que dicho impuesto equivale ponerle un “impuesto a toda la canasta familiar, aumentar el costo del transporte de los colegios, transportadores y todos los productos de la economía”.
- Juegos en línea: se gravan de forma permanente los depósitos y criptoactivos, lo que Fenalco estima que aumentará la informalidad digital.
- Comercio formal: otro pero de los comerciantes es que se le impone IVA a parqueaderos y zonas comunes en centros comerciales y dicen que esto golpeará a miles de negocios.
- Personas naturales: los principales cambios estarían asociados a la eliminación de la deducción adicional de 72 UVT por dependientes y del descuento en dividendos así como el aumento de las tarifas marginales progresivas que llegarían hasta el 41 % para rentas líquidas gravables superiores a 31.000 UVT (aproximadamente 1.545 millones a valores de hoy), de acuerdo con el análisis del Observatorio.
Sin embargo, estas medidas tendrían efecto notable a partir de 2027 donde la aspiración de recaudo ronda 2,8 billones por estos conceptos.
- Renta de personas jurídicas: una de las principales modificaciones es el aumento de la sobretasa para el sector financiero, que pasa del 5 % al 15 %, para una tarifa total del 50 % y, desaparece la condición de que se aplique sobre renta líquida gravable superior a 120.000 UVT.
- Impuesto al patrimonio: se busca incrementar su recaudo al incrementar en $2,3 billones un impuesto que hoy recauda $1,4, es decir, este impuesto espera recaudar más del doble en el futuro.
Para ello, la base gravable se reduce de 72.000 a 40.000 UVT y se amplían los rangos de tarifas progresivas con una máxima del 5 % para patrimonios superiores a 2 millones de UVT (cerca de 99.600 millones a precios de hoy).
- Otras medidas: una de las que destaca el Observatorio Fiscal es la que busca “incumplidos” se pongan al día. Por un lado, incorpora el impuesto de normalización tributaria con tarifa del 15 % y, por otro lado, incluye una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios respecto de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.
El problema es que “no son un buen mensaje para quienes no le cumplen al estado: hoy se les darán beneficios y se genera el incentivo perverso que no pagar impuestos lleva a exoneraciones en el futuro”, dice el Observatorio.
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