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El Congreso de la República aprobó COP 547 billones para 2026, unos $36 billones más que en 2025 y 10 billones menos de lo que pedía el Gobierno. Es una cifra monumental: más de un tercio del PIB colombiano, que en 2024 fue de COP 1.706 billones, según el DANE.
Para aterrizar la cifra, imagine que un hogar que gasta consistentemente más de lo que ingresa. Para seguir funcionando, usa la tarjeta de crédito. Un día el banco le dice que puede suspender los pagos mínimos por tres años. Suena bien, ¿verdad? Pero la deuda en “periodo de gracia” sigue creciendo. Eso es exactamente lo que sucede con el Presupuesto General para 2026: 84 de cada 100 pesos ya tienen dueño antes de empezar el año.
Es como una familia que paga tanto en arriendo y deudas que le queda poco para comida o educación.
Los tres dueños del presupuesto
- Funcionamiento (66 %): COP 358,1 billones para sueldos, administración y gasto corriente del Estado. Es el costo de mantener las luces encendidas.
- Deuda (18 %): COP 100,4 billones para pagar intereses de lo que el país ya debe. Es la cuota de la tarjeta de crédito nacional.
- Inversión (16 %): COP 88,4 billones para todo lo demás (carreteras, escuelas, hospitales, subsidios). Lo que realmente transforma.
Según el Banco de la República, la deuda externa (pública y privada) cayó de representar el 54 % del PIB en 2022 al 49 % en julio de 2025, aunque el monto total creció: de USD 171.837 millones a USD 207.430 millones.
El país debe más, pero su economía también es más grande, por eso la carga pesa menos.
Al mirar los detalles, la deuda pública subió de USD 101.484 millones a USD 116.206 millones, mientras la privada saltó de USD 70.353 millones a USD 91.224 millones. En términos relativos, la deuda privada fue la que más se expandió (un salto cercano al 30 %) frente al 14 % de la pública.
La ilusión de los ingresos
El presupuesto de 2026 tiene 16,3 billones de pesos desfinanciados, dinero que el Gobierno espera obtener con una reforma tributaria aún inexistente.
El proyecto original incluía nuevos impuestos a la cerveza y los combustibles, pero fueron retirados tras las críticas. “Un error conceptual”, señala el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que recuerda que esos tributos pertenecen a departamentos y municipios, no a la Nación.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) prevé que la reforma no será aprobada, “pues no parece responder a la realidad fiscal del país”, y que, al menos como está planteada, no soluciona las inflexibilidades de gasto ni mejora la eficiencia del sistema tributario.
“Consideramos que una reforma tributaria que busca gravar más a las mismas personas y que sigue sobrecargando a los mismos sectores económicos no es la solución para los problemas fiscales que enfrenta el país”, apuntó ANIF.
Por su parte, José Mauricio Salazar, director del Observatorio, apuntó que las reformas tributarias en el país se han vuelto un juego de quién gana y quién pierde. “Somos un país que hace reforma tributarias cada 18 meses”, dice. “Pero los beneficios tributarios aumentan”.
Cada peso que entra al Estado viene con fuga. Por cada 100 pesos que se recaudan en impuestos, 50 se evaporan en los beneficios tributarios, exenciones, deducciones y tratamientos especiales. “Como decían en el colegio, usted borra con el codo lo que escribe con la mano”, señaló Salazar.
Según la DIAN, 10 % de las empresas con mayores ingresos acapara más de 90 % de los descuentos tributarios. La mayoría de las mipymes, que representan más de 95 % del tejido empresarial, reciben solo migajas. El resultado es un sistema que, lejos de corregir desigualdades, las profundiza.
Si la reforma actual no es aprobada, se tendrá que recurrir, nuevamente, a congelar partidas presupuestales, como sucedió a principios de este año.
ANIF sugirió una reforma que se enfoque en ampliar la base gravable del impuesto de renta y replantear el esquema del IVA. Añadió que se debe incentivar la inversión “y, de ser posible, reducir la carga tributaria a las empresas”.
Lo que sube y lo que desaparece
Mientras la Registraduría crece 67 % (por elecciones) y Presidencia 26 %, sectores clave se contraen:
- Agricultura cae 25 % en pleno auge de producción y exportación y, paralelamente, en diálogos complejos con ciertos sectores. Pasó de COP 5,4 a 4 billones.
- Vivienda pierde 17 % cuando el déficit habitacional supera el millón de familias y los subsidios a viviendas de interés social son casi inexistentes. Pasó de COP 8,8 a 7,3 billones.
- Ciencia e innovación recibe solo $400.000 millones, menos del 0,1 % del total
El mapa de la desigualdad
La inversión se repite como un disco rayado. Bogotá (9,8 billones), Antioquia (6,7 billones) y Valle (4,9 billones) concentran casi la mitad de los recursos para proyectos. La explicación es fundamental: concentran los centros de inversión y producción y tienen alta densidad poblacional.
“En el otro extremo, departamentos con baja capacidad fiscal y menor densidad poblacional, como Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas y San Andrés, registran asignaciones de inversión regionalizada inferiores a COP 300.000 millones”, detalla el Observatorio.
Las regiones más pobres siguen recibiendo migajas, y eso se traduce en peores escuelas, hospitales y servicios básicos.
La cláusula de escape: un respiro peligroso
Colombia activó por primera vez la “cláusula de escape fiscal”, un mecanismo que suspende por tres años los límites de déficit y deuda.
Es como quitarle el tablero a un conductor que maneja a exceso de velocidad: puede que no choque inmediatamente, pero el riesgo aumenta cada kilómetro.
En la práctica, el Gobierno puede gastar más sin que la regla fiscal lo sancione.
El déficit ronda el 7 % del PIB, similar al peor momento de la pandemia. “El deterioro reciente refleja la pérdida de control, la expansión del gasto primario y la limitada capacidad de generar ingresos permanentes, aun con un crecimiento económico moderado”, advierte la Javeriana.
Esto quiere decir, en pocas palabras, que se gasta más de lo que ingresa, generando presión en las finanzas públicas: desequilibrio fiscal. Justamente allí se lee el meollo: “decisiones fiscales” condicionadas por la “coyuntura política y la necesidad de mantener la operatividad del Gobierno en el corto plazo”.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) fue más directo: pidió recortar 45,4 billones de pesos del presupuesto del próximo año para poder cumplir con la meta de déficit fiscal de 6,2 % fijada por el Confis.
El recaudo tributario también tiene espinas. En 2025, la meta inicial rondaba los COP 300 billones que, debido al deterioro fiscal, el Gobierno recortó a 281 billones de pesos. A la fecha de esta publicación, la DIAN reporta 229,4 billones en su cofre en el acumulado del año, un incremento de 10 % frente al mismo periodo de 2024.
Sin embargo, para ANIF “el recaudo esperado por eficiencia de la DIAN genera serias dudas, dado que en años anteriores estas metas no se han materializado”. En esto coincide Salazar, de la Javeriana, “lastimosamente, algo que nos tiene muy complicados como país es que por el secreto tributario o no hay estudios serios (...) los formales son más fácilmente auditables en un país con alta informalidad y desempleo”.
Así las cosas, el próximo gobierno heredará no solo las cuentas desequilibradas, sino la frustración de cómo el presupuesto nacional sigue sin alcanzar los propósitos constitucionales: cumplir con el estado social de derecho, es decir, cumplir las promesas escritas desde 1991.
“Solo un ajuste estructural, sostenido y creíble y cimentado sobre pronósticos confiables permitirá restablecer la confianza en la política fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”, concluye la Javeriana.
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