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En febrero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó $16,6 billones. Un ingreso robusto, suficiente para esperanzas en los pasillos del Ministerio de Hacienda. Pero al otro lado del espejo, la sombra de 2024 no se ha disipado. Esa recaudación fresca llega tras un roto en el bolsillo de más de $18 billones menos frente a 2023. Y con esa herida abierta, cualquier cifra récord se queda corta. El problema de fondo no es cuánto entra, sino cuánto falta.
En un reciente informe, Moody’s Ratings señaló que el déficit fiscal de Colombia (que ya escaló a 6,8 % del PIB en 2024) encendió todas las alarmas. Los ingresos fueron más bajos de lo previsto, el gasto sigue siendo rígido, y el cumplimiento de la regla fiscal de este año pende de un hilo. Un hilo que de romperse no solo pondría a prueba la resiliencia del país, sino también la confianza de quienes, en pocas palabras, prestan el dinero para sostenerlo.
2023 dejó la vara muy alta. Durante ese año, el país vivió un auge tributario excepcional, con un recaudo que llegó a 16,7 % del PIB, impulsado por reformas previas y precios altos de commodities. Pero ese pico no era sostenible. Moody’s lo califica ahora como una distorsión temporal. En 2024, todo volvió a su cauce: el recaudo cayó a 14,5 % del PIB, un nivel históricamente normal… pero insuficiente para un presupuesto diseñado con expectativas mucho más ambiciosas.
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Para cerrar cuentas, el gobierno apeló a una maniobra bien discutida por los expertos, una transacción de única vez por $31,9 billones. Técnicamente legal bajo la regla fiscal, pero en la práctica, un salvavidas que maquilló un incumplimiento que, sin ese recurso, habría sido el primero desde que la regla existe, en 2011.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que sin esa transacción extraordinaria, el déficit estructural primario habría sido de 1,8 %, lo que sí habría violado el ancla fiscal.
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La relación deuda/PIB saltó de 54 % a 60 % en un solo año. Y la carga de intereses pasó de 12,6 % a 16 % de los ingresos del Estado. Esto quiere decir que hoy, por cada $100 que recauda el gobierno, $16 van a pagar intereses.
Para este año, el Presupuesto General de la Nación se distribuye así:
- Funcionamiento $327,9 billones.
- Inversión $82,5 billones.
- Servicio de la deuda $112,6 billones.
El recaudo tiene una proyección de $299,9 billones; sin embargo, el CARF estima que un desfase en $34 billones.
Mientras la administración Petro intenta navegar entre la política y la economía, los números hablan solos. Fitch Ratings ya bajó la perspectiva de Colombia de estable a negativa en marzo, y aunque mantuvo la calificación en BB+, la paciencia, tal vez, se agota. Moody’s, que aún conserva el grado de inversión (Baa2), advirtió que si la gestión fiscal no se fortalece este año, ese estatus privilegiado también podría peligrar.
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El panorama político complica aún más la ecuación. La falta de mayorías en el Congreso ha frenado reformas clave y limitado al Ejecutivo. El informe señala que la reforma pensional pasó, pero mientras cayeron las laboral y de salud. Además, la Corte Constitucional ha tumbado artículos de la reforma tributaria de 2022, debilitando los impuestos del sector extractivo.
Moody’s advierte que la estrategia del gobierno para cumplir la regla fiscal en 2025 depende casi exclusivamente de una “gestión eficiente del efectivo”. Si los ingresos no despegan, el país tendrá que enrse más. Y si lo hace en un entorno de alta incertidumbre, los intereses subirán, cerrando el círculo vicioso.
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