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En 2010, el Gobierno de aquel entonces redujo el umbral del impuesto al patrimonio de $3.000 a $1.000 millones de pesos y, con ello, miles de pequeñas y medianas empresas quedaron incluidas como contribuyentes.
15 años después, un estudio de investigadores asociados al Banco de la República (titulado ‘Impuesto al patrimonio y estructura de capital de las empresas: oferta de crédito y efectos reales’) muestra que esa decisión encareció su crédito, frenó la inversión y deterioró el empleo y la productividad, dejando lecciones para futuros debates tributarios.
El impuesto al patrimonio, vale recordar, nunca fue concebido como un tributo permanente. Desde su creación en 2002 se aplicó de manera intermitente, con un carácter temporal y asociado a coyunturas específicas (como emergencias) donde se necesitaba mayor gasto público.
La reforma de 2010, que redujo el umbral a $1.000 millones, tuvo precisamente ese objetivo: generar ingresos extraordinarios para atender la emergencia nacional causada por la ola invernal.
A partir de 2018, este tributo dejó de cobrarse a las empresas y se mantuvo únicamente para personas naturales. La decisión respondió, en parte, a los efectos negativos que había generado en la actividad productiva.
Aun así, su diseño terminó afectando a un número significativo de pequeñas y medianas empresas que, al quedar dentro de la base gravable, vieron alterada su estructura financiera.
Investigadores del Banrep retomaron esa experiencia para aportar otra mirada a los debates actuales sobre cómo financiar el gasto público sin poner en riesgo la actividad empresarial.
Un universo más grande contribuyentes
La reforma de 2010 no creó un impuesto específico para las pequeñas y medianas empresas, pero sí redujo el umbral del patrimonio gravable de $3.000 a $1.000 millones. Esa decisión, de acuerdo con el Banrep, hizo que miles de pymes, que hasta entonces no estaban alcanzadas por el tributo, quedaran dentro de la base y tuvieran que comenzar a pagarlo.
Así las cosas, el número de personas jurídicas contribuyentes pasó de 3.441 a 11.119, un aumento del 223 %. Con ello, el recaudo se incrementó en 0,3 puntos del PIB, recursos que ayudaron a financiar el mayor gasto público ocasionado por la ola invernal de ese año.
Impactos en inversión, empleo y productividad
El estudio concluye que las pymes que entraron a pagar el impuesto al patrimonio tras la reforma de 2010 redujeron su capacidad de crecer. En comparación con empresas similares que quedaron por debajo del umbral, estas firmas gravadas invirtieron menos, acumularon menos capital y tuvieron caídas en productividad y empleo.
En la práctica, la obligación tributaria se tradujo en un freno a su desempeño real. Mientras que las empresas a las que la reforma no cobijó pudieron sostener su ritmo de expansión, las que fueron incluidas como contribuyentes enfrentaron un escenario más difícil para contratar, producir y competir.
El efecto en los bancos (y el crédito)
La investigación también documenta que los bancos no fueron ajenos a la reforma. Aquellas entidades con mayor patrimonio quedaron sujetas a una tasa del 4,8 %, más una sobretasa del 25 %. Como resultado, redujeron el crédito disponible y trasladaron mayores costos a sus clientes empresariales.
En la práctica, los bancos más gravados ofrecieron menos préstamos y a tasas más altas a las pymes que entraron en la base del impuesto. Esto confirma, según el Banco de la República, que el tributo generó distorsiones en la oferta de crédito y amplificó las dificultades financieras de las pequeñas y medianas empresas.
El estudio señala que el volumen de crédito otorgado a las empresas gravadas cayó entre 2 % y 6 % en ese entonces.
A la par, los préstamos se encarecieron: las tasas de interés aumentaron entre 50 y 100 puntos básicos y los plazos de los créditos se redujeron cerca de un 30 %. Para las pymes que ya estaban más endeudadas antes de la reforma, las condiciones se tornaron todavía más restrictivas, lo que limitó aún más su capacidad de maniobra.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
