Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Las comisiones económicas avanzaron fuerte sobre la aprobación del proyecto de Presupuesto de 2027, que en el estudio de las plenarias de Senado y Cámara debe quedar aprobado para el 20 de octubre; de no recibir el visto bueno del Legislativo, tendría que ser expedido por decreto.
El proceso de aprobación se realizó por bloques de artículos; la mayoría del articulado se agrupó entre los que no tenían proposiciones (65 artículos) y los que sí, unos 19, pero que no contaban con el aval del Ministerio de Hacienda (más de 500 proposiciones).
Hace un par de semanas, las comisiones ya le habían dado el sí, con un apoyo abrumador, al monto del Presupuesto, de prácticamente COP 635 billones. Esta cifra representa un aumento de recursos por casi COP 60 billones frente a la propuesta que dejó radicada en el Congreso la administración Petro; esta fue devuelta por las comisiones y, así, llegamos al nuevo proyecto.
Según el Ministerio de Hacienda, el aumento en el monto se debe a que la primera versión estaba “mal hecha” y no incluía plata que sí o sí se necesita. El principal faltante estaba, según la cartera, en el servicio de la deuda, con COP 37,4 billones.
Puede ver: Violencia en Santa Marta ya golpea al turismo: ocupación hotelera cae al 15 %
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió el proyecto de Presupuesto de 2027 y sostuvo que el Gobierno recibió unas finanzas públicas deterioradas que se agravaron con el terremoto del 10 de agosto. Según Gómez, el déficit fiscal que encontraron no era de 5,7 %, como se había planteado inicialmente, sino de 8,2 %, mientras el proyecto presupuestal tenía un faltante de COP 30 billones.
El ministro cuestionó además el crecimiento del gasto durante los últimos años. Según sus cifras, entre 2022 y 2027 el funcionamiento del Estado habría aumentado 86 %, el servicio de la deuda 122 % y la inversión apenas 25 %, mientras la inflación acumulada en ese periodo sería de 35 %. También afirmó que los recursos de capital representan actualmente 46 % del Presupuesto General de la Nación y que el crédito interno y externo habría aumentado 319 % en ese mismo periodo.
Una parte central de la intervención de Gómez estuvo dedicada a la reconstrucción tras el terremoto. El ministro aseguró que los ahorros derivados de la austeridad se destinarán a atender la emergencia y no a aumentar la nómina. Para los próximos meses, mencionó recursos por COP 625.000 millones del Banco Mundial, COP 1,7 billones asociados al frente frío y COP 2,7 billones en alivios tributarios de la DIAN. A corto plazo, el Gobierno calcula disponer de COP 5,5 billones para las necesidades urgentes y otros recursos que pasarían a 2027.
Gómez rechazó que el aumento de la deuda pueda atribuirse exclusivamente al actual Gobierno, que lleva alrededor de 45 días en funciones. Sin embargo, la gran duda es cómo se podrán financiar las cuentas nacionales para el próximo año. Y la respuesta corta es: más deuda, ya que el Gobierno ha insistido en que no va a presentar una reforma tributaria (al menos no para sumarle recursos directamente a la iniciativa).
Y esta es una de las preocupaciones que hay en el Congreso. Si bien los legisladores le dieron el visto bueno al proyecto en las comisiones, lo hicieron advirtiendo que el crecimiento de la deuda es algo preocupante.
Cómo se está armando el Presupuesto General de 2027
Como el monto no se puede modificar, la discusión en las comisiones y la próxima en las plenarias puede modificar qué dinero va a qué lugar, rubro o entidad, pero no puede cambiar el tamaño de la bolsa de recursos.
En la discusión en las comisiones se presentaron 615 proposiciones por parte de los congresistas, pero sólo alrededor de 40 recibieron el visto bueno del Ministerio de Hacienda, incluyendo la que le quita a la JEP unos COP 170.000 millones y es la entidad que claramente más perdió en esta ronda de debates.
Raúl Sánchez, magistrado de la JEP, tomó el micrófono durante poco más de cinco minutos para explicar por qué este recorte “acabaría prácticamente” con las funciones de la JEP.
La intervención del magistrado se dio casi que a regañadientes por parte de varios congresistas, que querían acabar prontamente el debate en ese punto (sólo quedaba por aprobar el título del proyecto y la vigencia).
El magistrado Sánchez agregó que “Tenemos 635.000 víctimas acreditadas ante la JEP. Es la única jurisdicción en Colombia que tiene esta cifra. Por primera vez en la historia de Colombia, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, investigamos casi 22.000 secuestros. Y se los digo con toda sinceridad porque estuve allí: íbamos a los anaqueles de la Fiscalía y la judicatura y los expedientes llenoss de polvo y comején y lo que hemos hecho es desempolvar, literalmente, para darle un resultado a las víctimas”.
Y finalizó diciendo: “Estamos dispuestos a sentarnos con ustedes y escucharlos y a comprometernos con metas”.
Colombia siendo Colombia: justo después de la intervención del magistrado Sánchez vino la del representante Jorge Tovar, hijo de uno de los nombres más infames en el paramilitarismo colombiano (Jorge 40), a quien el recorte le parece buena idea.
A fondo: No es solo la JEP: los recortes que amenazan la implementación del Acuerdo de Paz
La Aeronáutica Civil también recibió un golpe de tijera por poco más de COP 15.000 millones, sin ninguna adición que lo compense.
Aparte de estos dos cambios, el mayor movimiento de dinero se dio en la reasignación de recursos hacia el Ministerio de Salud por orden de COP 2 billones (77 % de todo el movimiento de dinero del pliego de proposiciones que sí recibieron aval del Ministerio de Hacienda).
La rama judicial también recibió COP 100.000 millones para funcionamiento y el renglón del deporte obtuvo unos COP 99.000 millones para el rubro de formación y preparación de deportistas.
De los cientos de proposiciones presentadas por los congresistas (y que quedaron como constancia para los debates en las plenarias), llama la atención el enorme peso de los pedidos regionales. La gran mayoría, cerca de 80 % de estas, son peticiones de proyectos puntuales para una región o departamento.
¿Qué piden los legisladores? Hay dos tensiones mayoritarias: infraestructura (vías terciarias, pavimentación, puentes) y temas ligados a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.
Por departamentos, los más mencionados en las proposiciones fueron Boyacá, Caquetá, Tolima, Casanare y Santander.
También hay un pequeño grupo de proposiciones "técnicas" (cerca del 1%) que no piden plata para un territorio sino cambios de reglas de juego (por ejemplo, mecanismos de información sobre fiducias, trazadores presupuestales o reportes de ejecución).
El pliego de peticiones retrata el ritual clásico de la discusión presupuestal colombiana: cientos de pedidos puntuales de "cupo regional" que casi nunca prosperan, frente a un puñado de ajustes macro (como el $2 billones a Salud) que sí logran el aval del Ejecutivo.
Y esto se da en medio de un debate alrededor del peso de las regiones en el Presupuesto. Congresistas de oposición aseguran que son los departamentos y los municipios más olvidados quienes quedarán más desatendidos con la repartición de recursos para el próximo año.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más
-
MisterH(73471)•24 de septiembre de 2026 – 07:11La pregunta del millón es ¿qué habría hecho con todo este desorden y chambonada el gobierno del heredero si hubieran ganado, además de echarle la culpa a Uribe?