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El presidente Donald Trump enfrenta un importante desafío legal a los aranceles globales que impuso el mes pasado después de que la Corte Suprema anulara sus amplios deberes anteriores, lo que genera una nueva batalla legal sobre el poder ejecutivo que podría tardar meses en resolverse.
La proclamación de Trump, que impone un impuesto del 10 % a las importaciones a partir del 24 de febrero, es “gravemente defectuosa” y debe ser revocada, según declararon dos docenas de estados en una demanda presentada el jueves ante el Tribunal de Comercio Internacional de Manhattan. Trump ha anunciado que planea aumentar el impuesto al 15 %.
Miles de empresas estadounidenses ya reclaman el reembolso de los aproximadamente 170.000 millones de dólares pagados en virtud de los aranceles anteriores que fueron revocados, emitidos por Trump al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El 20 de febrero, la Corte Suprema dictaminó por 6 votos a 3 que el presidente impuso dichos aranceles ilegalmente.
Los nuevos aranceles de Trump se emitieron bajo una ley diferente: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que nunca se había aplicado. Esta ley permite al presidente imponer aranceles limitados para abordar importantes déficits de balanza de pagos, una situación que, según los estados, Trump confunde con los déficits comerciales de Estados Unidos.
“El presidente no sabe la diferencia o no le importa”, declaró el jueves en una conferencia de prensa el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, demócrata y uno de los líderes de la demanda. “De cualquier manera, está infringiendo la ley”.
En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó: “El presidente está ejerciendo la autoridad que le otorgó el Congreso para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales y los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de nuestro país. La administración defenderá enérgicamente la acción del presidente ante los tribunales”.
Trump recurrió a la Sección 122 después de que la Corte Suprema invalidara el mes pasado los aranceles que había emitido bajo la IEEPA, otra ley que nunca antes se había utilizado para establecer aranceles. La decisión se dictó en dos casos históricos, uno de los cuales fue presentado por los fiscales generales estatales.
“Al igual que con su uso ilegal de la IEEPA, el presidente ha ejercido una vez más una autoridad arancelaria que no tiene —que implica un estatuto que no autoriza los aranceles que ha impuesto— para alterar el orden constitucional y provocar el caos en la economía global”, dijeron los estados en la denuncia.
Los estados alegan que la orden de Trump que anunciaba los aranceles de la Sección 122 estaba plagada de omisiones y tergiversaciones sobre el significado de un déficit de la balanza de pagos. El déficit comercial mencionado por Trump es solo un factor para calcular la balanza de pagos del país, afirman los estados.
Según la Sección 122, el presidente puede imponer aranceles de importación de hasta el 15 %. La medida ejecutiva puede durar 150 días, plazo tras el cual el Congreso tendría que prorrogarla.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, otro de los líderes de la demanda, afirmó que la Sección 122 es una “ley arcaica que nunca se concibió para su propósito actual” y que Trump solo la utiliza porque no logra que el Congreso apruebe los aranceles. “Lo cierto es que no cuenta con el apoyo del Congreso ni del pueblo estadounidense”, declaró Rayfield.
Lucha por el reembolso
El conflicto sobre la Sección 122 surge justo cuando la batalla legal por los reembolsos de los aranceles IEEPA de Trump comienza a intensificarse. El miércoles, un juez del tribunal comercial de Manhattan ordenó a la administración Trump detener un paso clave en el proceso de pago de aranceles para simplificar los reembolsos.
“Si la demanda prospera, los aranceles de la Sección 122 podrían invalidarse, al igual que los aranceles de la IEEPA, lo que generaría un nuevo problema de reembolsos para la Aduana y los importadores”, declaró Jeff Harvey, abogado de Bradley Arant Boult Cummings LLP en Dallas. “Por ahora, los importadores se encuentran atrapados en medio de una administración que insiste en imponer aranceles sin la debida autorización”.
En su nueva demanda, los estados buscan una orden judicial que declare ilegales las nuevas tarifas y exija reembolsos a las entidades que hayan pagado tarifas según la Sección 122.
“Después de que la Corte Suprema rechazó su primer intento de imponer aranceles radicales, el presidente está causando más caos económico y esperando que los estadounidenses paguen la factura”, dijo en el comunicado la fiscal general de Nueva York, Letitia James, otra de las líderes de la demanda.
Los estados argumentan que los nuevos aranceles de Trump violan otros requisitos de la Sección 122, incluyendo que dichos aranceles no sean discriminatorios en su aplicación. Argumentan que los nuevos aranceles de Trump eximen indebidamente algunos productos de Canadá, México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Según la denuncia, la administración Trump admitió durante la demanda anterior contra los aranceles IEEPA del presidente que los déficits comerciales “son conceptualmente distintos de los déficits de la balanza de pagos”.
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