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En los últimos días se ha generado un debate respecto a los beneficios y subsidios que habría recibido el abogado Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora y precandidata presidencial, Maria Fernanda Cabal, y el presidente del gremio ganadero Fedegán, José Félix Lafaurie.
La denuncia realizada por Daniel Coronell apunta a que Lafaurie Cabal habría recibido un crédito con tasa de interés subsidiada y un ingreso de capitalización rural para desarrollar un cultivo de palma de aceite, a pesar de pertenecer a una familia de altos ingresos.
En relación con dicha información, de la presunta destinación indebida de recursos del sistema de crédito de fomento agropecuario, el Ministerio de Agricultura asegura que radicó un requerimiento a Finagro (Fondo para el financiamiento del sector agropecuario) para que adelante de forma inmediata el procedimiento de control de inversiones y otras indagaciones a las que haya lugar, a la operación de crédito a nombre del señor Juan José Lafaurie Cabal.
La denuncia establece que el abogado habría enviado documentos firmados diciendo que tiene activos por $129.139.311 y que sus ingresos anuales son de $95.996.800. Las cifras están cerca de los límites de los topes que establece la ley para definir a los pequeños productores.
Al parecer, Lafaurie Cabal presentó una solicitud al Banco Serfinanza y le desembolsaron un crédito de redescuento por COP 400 millones, que cuenta con una tasa de interés subsidiada por el Gobierno. Además, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) quedó, supuestamente, como el garante del 80 % de la deuda.
Además, la denuncia de Coronell muestra que Juan José Lafaurie Cabal pidió un Incentivo de Capitalización Rural (ICR), que es otro subsidio ofrecido por el Gobierno. Al parecer, el 27 de noviembre de 2024, Finagro le efectuó un abono al crédito por $95.273.700, el tope máximo posible para un beneficiario.
Ahora, el Minagricultura revisará con el banco Serfinanza para determinar si la solicitud se realizó conforme a lo estipulado por la ley.
Finagro deberá enviar copias “de este requerimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia, respecto de las acciones adelantadas por el Banco Serfinanza en la verificación de las condiciones del beneficiario y la estructuración de la referida operación de crédito”, asegura la cartera.
Finalmente, el Gobierno expresó su compromiso con un sistema de financiamiento agropecuario ético, democrático y transparente que cumpla con el propósito de llegar a los pequeños productores campesinos.
Por su parte, Juan José Lafaurie Cabal ha rechazado todas las afirmaciones relacionadas con el tema y las ha calificado de difamación.
Finagro se desmarca y traslada el foco a la banca
La entidad insiste en que no decide quién accede a los créditos ni a los subsidios, y que su papel se limita a canalizar recursos de fomento a través de los bancos. “La clasificación del tipo de productor (pequeño, mediano o grande) es responsabilidad exclusiva y obligatoria del intermediario Financiero”, detalla el comunicado.
Finagro registra la operación con base en lo que certifica la entidad financiera, bajo el principio de que esa información es legal y veraz. Si los datos sobre ingresos y patrimonio no reflejaban la realidad del solicitante, explicó la entidad, el problema ya no sería solo de un beneficiario, sino del filtro que aplicó el intermediario.
Asegura que el proceso de verificación de la operación ya estaba en marcha antes de que el caso estallara públicamente y que hoy se mantiene activo, en coordinación con el Ministerio de Agricultura.
Finagro advierte que, si se comprueba un incumplimiento, los recursos deberán reintegrarse y el caso podría llegar a otras autoridades.
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