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Gobierno, empresarios y trabajadores acordaron abrir una mesa técnica y jurídica para revisar normas laborales durante la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de la administración de Abelardo De La Espriella. Los sectores tendrán hasta el 9 de octubre para presentar comentarios y volverán a reunirse el 13 de octubre.
La sesión fue presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, quien planteó que la Comisión tenga una agenda permanente y no concentre su actividad únicamente en la discusión anual del salario mínimo. En la reunión se abordaron asuntos relacionados con periodistas y comunicadores sociales, inspección laboral, plataformas digitales, trabajo doméstico remunerado, acoso, violencia y discriminación, negociación colectiva, pactos colectivos, tercerización e intermediación laboral.
La ministra aseguró que el Gobierno quiere “escuchar antes de decidir” y que las decisiones sobre normas laborales deben contar con sustento técnico y jurídico. “El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias”, afirmó.
La discusión se abre además con un mercado laboral con señales de deterioro en agosto. Según cifras del DANE, la tasa de desempleo subió de 8,6 % a 9,4 % en un año y la ocupación cayó de 58,4 % a 57,4 %. En ese periodo había unos 23,6 millones de personas ocupadas, cerca de 126.000 menos que un año atrás. La industria manufacturera concentró buena parte de la caída, con unos 240.000 ocupados menos, mientras el comercio y las actividades de administración pública, educación y salud aumentaron su número de trabajadores.
La composición del empleo también cambió. Los trabajadores del Gobierno pasaron de 835.000 a 959.000, mientras los empleados particulares aumentaron en unos 75.000. En contraste, los jornaleros, trabajadores domésticos y personas por cuenta propia registraron reducciones.
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El Consejo Gremial, representado en la reunión por su presidenta, Natalia Gutiérrez, destacó la apertura del Ministerio y señaló que la revisión debe tomar en cuenta varias normas expedidas durante la administración anterior.
Gutiérrez planteó que el análisis deberá establecer si algunas de esas disposiciones pudieron exceder la potestad reglamentaria del Ejecutivo o regular materias que corresponden al Congreso. La discusión, según explicó, también deberá revisar su compatibilidad con la Constitución, la ley, las competencias institucionales y la separación de poderes.
Para avanzar en esa revisión se acordó una subcomisión accidental, con participación del Gobierno, los trabajadores y los empleadores. El propósito será estudiar conjuntamente los actos normativos y sus posibles efectos, además de identificar puntos de acuerdo y desacuerdo antes de que el Gobierno tome decisiones.
La mesa tendrá participación de los principales gremios empresariales y centrales sindicales. En la sesión estuvieron la ANDI, Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional, junto con las centrales CGT, CTC y CUT y las confederaciones de pensionados CPC y CDP.
La Comisión de Concertación tiene entre sus funciones servir como espacio institucional para discutir políticas salariales y laborales. Con la agenda planteada por el Ministerio, el escenario podría ocuparse también de asuntos regulatorios que afectan las relaciones entre empresas y trabajadores, además de la tradicional negociación del salario mínimo.
El calendario ya quedó definido. Los sectores podrán enviar sus observaciones hasta el 9 de octubre; esos documentos serán estudiados en la mesa técnica y jurídica y la Comisión volverá a sesionar cuatro días después, el 13 de octubre.
La ministra señaló que una agenda permanente puede ayudar a discutir temas como empleo, informalidad, derechos laborales y condiciones para la actividad empresarial durante todo el año. Gutiérrez, por su parte, sostuvo que el país necesita una conversación periódica entre Gobierno, trabajadores y empleadores para tramitar las diferencias y construir acuerdos sobre las reglas que rigen el mercado laboral.
Por ahora, la reunión no produjo cambios concretos en las normas discutidas. El siguiente paso será identificar cuáles disposiciones serán objeto de revisión y qué conclusiones surgen del análisis técnico y jurídico.
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