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El Gobierno de Gustavo Petro alista la declaratoria de una nueva emergencia económica para atender los estragos de la ola invernal que afecta a más de 16 departamentos del país, con especial impacto en Córdoba.
El Ministerio de Hacienda ya anticipó que la iniciativa contempla ajustes al impuesto al patrimonio como una de las fuentes de financiación para enfrentar la crisis. Además, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el decreto podría abarcar hasta 22 departamentos afectados por la emergencia climática.
Esta medida excepcional llegaría en un contexto fiscal complejo, teniendo en cuenta que las cuentas aún no cierran para el Presupuesto General de 2026 y la Corte Constitucional mantiene suspendida la emergencia económica decretada meses atrás para atender el déficit fiscal.
El Ejecutivo sostiene que, a diferencia de esa declaratoria anterior (que fue cuestionada por no cumplir el requisito de imprevisibilidad), en este caso sí existe un hecho sobreviniente: un fenómeno natural que no podía anticiparse y que, según el Gobierno, justificaría acudir nuevamente a este mecanismo excepcional.
1. El porqué de la nueva emergencia económica
El Ejecutivo argumenta que la ola invernal ha generado una situación extraordinaria que requiere recursos adicionales y medidas urgentes.
Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se han registrado cerca de 131 emergencias que dejan más de 69.000 familias damnificadas en 104 municipios de 16 departamentos.
En el caso de Córdoba, uno de los territorios más afectados, las inundaciones han provocado la destrucción de viviendas, daños en infraestructura y problemas en la prestación de servicios esenciales.
En una carta enviada a la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro señaló que se trata de “una tragedia en curso” que no admite dilaciones.
Para el Gobierno, estas circunstancias constituyen un hecho sobreviniente e imprevisible que habilita la declaratoria de una nueva emergencia económica con el fin de movilizar recursos.
2. ¿Cuánto dinero se busca recaudar ahora?
El Ministerio de Hacienda anunció que, en el marco de la nueva emergencia económica, se adoptarán medidas para recaudar alrededor de COP 8 billones. Estos recursos se destinarían a atender los daños provocados por la ola invernal.
Según la cartera, los ajustes tributarios tendrían un enfoque progresivo. En particular, se plantean modificaciones al impuesto al patrimonio para que el recaudo provenga de los patrimonios más altos, específicamente aquellos superiores a COP 10.000 millones y COP 30.000 millones, con tarifas de 0,6 % y 1,2 %, respectivamente.
El Gobierno sostiene que estos recursos permitirían responder de manera más ágil a la emergencia climática y movilizar financiamiento adicional frente a los costos que deja la temporada de lluvias.
3. ¿Qué es una emergencia económica?
La emergencia económica es una figura prevista en la Constitución que faculta al presidente para expedir decretos con fuerza de ley cuando se presentan hechos extraordinarios que alteran el orden económico, social o ecológico del país.
En estos casos, el Ejecutivo puede adoptar medidas excepcionales para enfrentar la situación, incluida la creación o modificación de tributos, sin necesidad de que el Congreso tramite previamente una ley.
Sin embargo, estos decretos tienen un carácter temporal y están sujetos a supervisión de la Corte Constitucional, la cual está facultada para revisar si se cumplen los requisitos exigidos en la Constitución para este tipo de mecanismos, entre ellos la existencia de un hecho sobreviniente o imprevisible.
4. ¿Qué pasó con la emergencia económica anterior?
En diciembre pasado, el Gobierno decretó una emergencia económica con el objetivo de recaudar alrededor de COP 11 billones para cubrir el faltante de COP 16 billones con el que quedó el Presupuesto General de 2026 tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
El 29 de enero, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional esa declaratoria mientras estudia de fondo su constitucionalidad.
En contexto: Así se cocinó la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional
El alto tribunal seguirá revisando si se cumplían los requisitos exigidos por la Constitución para acudir a este mecanismo excepcional, en particular el criterio de imprevisibilidad de los hechos que motivaron la medida.
Con la suspensión quedaron en pausa varios impuestos creados bajo ese estado de excepción, así como las medidas de beneficios tributarios y normalización de patrimonios. Hasta el momento de la decisión de la Corte, la DIAN había reportado un recaudo cercano a COP 1,2 billones por estos conceptos.
5. ¿Qué significa esta nueva emergencia para las finanzas del Estado?
Los anuncios de una nueva emergencia económica llegan en un momento en el que las cuentas públicas enfrentan presiones importantes.
El Presupuesto General de 2026 quedó con un faltante cercano a COP 16 billones luego de que el Congreso hundiera la Ley de Financiamiento que buscaba aportar esos recursos adicionales.
Tras la suspensión de la emergencia económica decretada en diciembre de 2025, el Gobierno anunció que recortaría el presupuesto para este año (no se conocen, hasta ahora, decretos que hagan efectivos esos recortes). Ahora plantea un nuevo recaudo por alrededor de COP 8 billones.
El panorama fiscal también está marcado por otras presiones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026 sumaría al menos COP 5,3 billones al déficit fiscal del próximo año y hasta COP 8 billones a partir de 2027. Según el Comité, el mayor impacto se explica por el aumento del gasto en pensiones y en salarios públicos, así como por una reducción estimada de COP 2,7 billones en el recaudo del impuesto de renta.
A esto se suma el nivel de endeudamiento externo. De acuerdo con el Banco de la República, en noviembre de 2025 la deuda externa del país se ubicó en USD 238.721 millones, equivalentes al 54,8 % del PIB. Aunque bajó levemente frente a octubre, se mantiene por encima de los niveles de enero de 2025. De ese total, USD 144.546 millones corresponden al sector público.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
