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Si las carreteras son las arterias que conectan regiones y permiten el flujo económico, el transporte de carga es la sangre que oxigena desde el café hasta los insumos industriales.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció hoy un paquete de medidas y acuerdos que buscan modernizar el sector, pero que también reflejan la tensión entre el Gobierno y los gremios camioneros.
No es la primera vez que el Gobierno intenta ordenar la casa. Apenas en julio pasado, tras la caída del artículo 76 de la reforma laboral que buscaba formalizar a los conductores, los transportadores ya advertían un clima de inconformidad.
A esa molestia se sumaban los presuntos incumplimientos de los acuerdos que dieron fin al paro de septiembre de 2024, todo mientras el gremio muestra un esqueleto fragmentado, en que la informalidad sigue siendo la norma más que la excepción.
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Los anuncios clave
- Nuevo decreto de carga: entrará en vigencia con la promesa de “reglas claras y mayor seguridad jurídica”. Se trata de una actualización normativa que responde a solicitudes históricas del sector. Esto redunda, pues, en reglas de juego más precisas para la operación y el pago en el transporte de mercancías.
- Plan de control en carreteras y puertos: la Superintendencia de Transporte desplegará operativos especiales para verificar manifiestos (documentos que certifican cada viaje de carga) y reforzar la seguridad vial.
- Reforma al régimen sancionatorio: ya radicada en Presidencia, pasará al Congreso como proyecto de ley. El objetivo: dotar al Estado de herramientas más duras frente a incumplimientos y fraudes en la cadena de transporte.
- Fondo de modernización de camiones: el decreto incluye un cobro de 0,1 % por cada manifiesto expedido, que alimentará un fondo destinado a renovar la flota de vehículos pesados.
Contexto: Nueva amenaza de paro, ACPM y acuerdos incumplidos: las tensiones sobre ruedas
Lo que está en juego
Este paquete no salió de la nada. En julio, el proyecto de decreto fue enviado a revisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La movida buscaba blindarlo de cuestionamientos sobre competencia desleal.
En paralelo, el Ministerio avanzó con capacitaciones masivas (más de 12.000 personas) entrenadas este año, controles reforzados en carretera y encuentros de seguridad en ciudades críticas como Bogotá, Pasto y Cali.
En el primer semestre de 2025, frente al mismo periodo de 2024, crecieron 6 % los viajes, 3 % las toneladas reportadas y 44 % el uso de facturación electrónica.
En principio, la actualización normativa intenta responder a reclamos añejos del sector camionero. En el caso de la formalización laboral, el Ministerio, en conjunto con Trabajo y Planeación, prepara un documento CONPES (una hoja de ruta de política pública) para avanzar hacia “trabajo digno”.
El antecedente inmediato es la exclusión del artículo 76 en la reforma laboral, que buscaba fijar condiciones mínimas para más de un millón y medio de conductores. Su eliminación no solo dividió al gremio, sino que evidenció la dificultad de poner de acuerdo a empresarios, pequeños propietarios y trabajadores sobre un mismo modelo regulatorio.
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Además, los acuerdos firmados tras el paro de septiembre de 2023 siguen en terreno movedizo. Según varios gremios consultados por este diario, la mayoría de los 15 compromisos avanzan con lentitud o no se han materializado, desde la fórmula del diésel hasta la modernización del parque automotor.
El Gobierno insiste en que ha expedido resoluciones y abierto mesas técnicas, pero en la práctica los transportadores sienten que los cambios no tocan la raíz de los problemas.
Lo cierto es que cada intento de reforma en el sector carga con un pesado déjà vu: decretos que se anuncian como solución, mesas que se multiplican y acuerdos que terminan a medio camino.
El riesgo es que el nuevo paquete normativo sea recordado por lo que deja pendiente.
Un transporte de carga más eficiente tiene una premisa popular: reducir costos logísticos, lo que viene de perlas para exportar bienes básicos e importar maquinaria y alimentos. Un asunto que pasa de largo los efectos a favor del bolsillo del consumidor, no solo la empresarial.
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