Pasajes en la lupa del Gobierno: solo 1 de cada 10 empresas de buses reporta costos

En diciembre, el gremio Aditt advirtió que el aumento del salario mínimo del 23 % empuja un alza cercana al 25 % en los pasajes.

Foto: Archivo

Moverse entre ciudades en bus, como cualquier otro servicio, sube cada año. Sin embargo, para el Ministerio de Transporte la mayoría de las empresas intermunicipales está subiendo tarifas sin mostrar las cuentas que lo justifican.

De las 519 empresas habilitadas para operar cerca de 16.000 rutas en todo el país, apenas 52 han cumplido con el deber básico de reportar información tarifaria y estructura de costos. Es decir, solo una de cada diez. El resto quedó automáticamente bajo investigación de la Superintendencia de Transporte.

“No vamos a permitir aumentos de tarifas sin sustento técnico ni sin transparencia. Los usuarios tienen derecho a saber quién cumple y quién no”, afirmó la ministra María Fernanda Rojas.

Para un usuario común, la discusión pega en el bolsillo sin entender qué de todo levantó el precio. Pero detrás de cada alza, la empresa debe justificar cuánto le cuesta operar, cuánto paga en salarios, combustible, mantenimiento, peajes.

Sin ese desglose, cualquier alza es un acto a ciegas. Para ponerle lupa, el Ministerio anunció dos medidas concretas:

• Un requerimiento masivo y urgente a todas las empresas habilitadas para que cumplan de inmediato con la obligación de reportar.
• Un módulo público en la web de la Superintendencia de Transporte, donde cualquier ciudadano podrá ver desde cuándo reporta cada empresa y cuál era la tarifa registrada en ese momento.

En Cundinamarca, el gobernador Jorge Rey hizo un llamado al sector por incrementos cercanos al 30 % en rutas vitales para la región, lo que empujó al mandatario a solicitar apoyo a la Superintendencia para regular la fijación anómala de los precios.

“Por eso, hemos pedido verificar si dichos estudios existen y cumplen la norma, ya que no están publicados ni a disposición del público, según lo que hemos podido constatar”, señaló Rey en una publicación en X.

En diciembre, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) advirtió que el aumento del salario mínimo del 23 % empuja, casi de forma automática, un alza cercana al 25 % en los pasajes.

Sus argumentos parten de la estructura de costos. Según datos del DANE, los costos fijos representan 33 % del total del sector y la nómina puede llegar al 18 %. Cuando el salario mínimo sube de golpe y no hay mejoras en productividad, el impacto es inmediato para el usuario final.

“Lejos de fortalecer el sistema, estas medidas profundizan la pérdida de demanda, deterioran la sostenibilidad empresarial y ponen en riesgo el empleo formal”, detalló en su momento la Aditt.

Según el gremio, el encarecimiento de la estructura de costos “está desbordando la capacidad financiera de un sector que aún no ha recuperado sus niveles de operación prepandemia”.

Así, para las empresas, subir tarifas es una reacción defensiva. Para el Estado, hacerlo sin respaldo técnico es una vulneración del derecho del usuario. En la mitad, justamente, queda quien paga el boleto, que sí paga mientras se resuelve la paradoja.

El Gobierno insiste en que la discusión no debe darse a oscuras. La Superintendencia tendrá ahora la tarea de separar quién cumplió con los trámites que justifiquen el alza y quién trasladó el golpe sin rendir cuentas.

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