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Un grupo de ingenieros de gran prestigio son hoy los principales contradictores de una tesis que lanzó Coviandes, concesionario a cargo de la operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio, en la que responsabiliza a una granja avícola del derrumbe que ocurrió el primer fin de semana de junio, cerca de la entrada a Guayabetal (Cundinamarca).
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La interventoría del contrato, el Consorcio Interconcesiones, le entregó hace un mes a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) las conclusiones de un informe técnico contratado para determinar las razones de la inestabilidad de la meseta Mesa Grande, el punto más crítico de este corredor que conecta el centro del país con la Orinoquia y que duró 95 días cerrado, hasta el pasado martes 17 de septiembre.
Según el documento, hay una fuerte erosión y desprendimientos superficiales en una de las laderas de la montaña con un efecto ascendente, es decir, se origina de abajo a arriba; esto explica por qué la ladera perdió su cobertura vegetal y quedó expuesto el suelo, lo que incrementa la degradación con el tiempo. Coviandes ha venido señalando desde 2014 a la empresa ubicada sobre la montaña, Pollo Olympico, como responsable de este fenómeno; incluso entregó al Gobierno un estudio que advierte que la construcción de los galpones hizo que el agua lluvia que antes se dirigía a una quebrada fluyera de manera descontrolada y ocasionara deslizamientos.
Sin embargo, Geoandina, la firma de ingeniería a la que se le encargó el análisis, aseguró que aunque los galpones inicialmente tuvieron un efecto adverso en la hidrología de la meseta, no hay consecuencias importantes en la estabilidad de la ladera donde se presentó el derrumbe, la que da a la carretera, porque su sistema de drenaje entrega el agua en otros sitios, “lejos del área en la cual se presentan los deslizamientos”. En resumen, “la posibilidad de que en el área de desarrollo de la industria avícola tenga ocurrencia la recarga de acuíferos es muy baja y la incidencia de las instalaciones en la meseta es insignificante”, se lee en el informe.
Geoandina dijo que el informe realizado por la firma Hidroconsulta para Coviandes, donde se atribuye la responsabilidad a Pollo Olympico, tiene aseveraciones “parcialmente ciertas” porque el agua lluvia es drenada por cauces naturales a través de una serie de cunetas hacia las quebradas Seca y Las Perdices, y porque hoy, al dividirse en dos, la cantidad de agua es “sensiblemente inferior a la que llegaba en condiciones naturales”. También dijo que es evidente que la escorrentía no fluye hacia la zona inestable donde ocurrió el derrumbe, como sugiere Coviandes; por el contrario, el único canal que se dirige a ese punto (la carretera interna del predio) drena una porción mínima.
El otro actor en la mira como presunto responsable del derrumbe en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio es Coviandes. La firma comenzó en 2013 la construcción de un túnel de 700 metros de longitud a 250 metros de profundidad en la meseta Mesa Grande, que hoy no está en servicio y tiene una importante afectación en el último tercio por inestabilidad en el terreno. El estudio contratado por la interventoría señala que “vale la pena considerar la posibilidad de que la excavación del túnel haya tenido alguna influencia”. Para determinar el efecto descarga de la obra en la ladera (que causa variaciones en esfuerzos y deformaciones), los ingenieros explicaron que son necesarios análisis más detallados que están “fuera del alcance de la revisión solicitada”.
La interventoría cita apartes del informe donde los ingenieros declaran que el túnel se construyó en una ladera potencialmente inestable y que desde 2008 se había detectado una grieta; por ello los deslizamientos se han caracterizado por pequeños desprendimientos y no un gran movimiento en masa. De hecho, la firma recibió un estudio de geología hace 11 años en el que se advertía que el trazado del túnel 13 se hizo en roca cuando realmente era en material de terraza: “hay inconsistencias en la geología”. Para ese entonces ya era visible una “cicatriz de deslizamiento” en los últimos 200 metros de donde quedaría el túnel que apenas estaba en estudios. “Por lo menos desde 2008 se podía prever que ese tramo tendría dificultades”, señaló el Consorcio Interconcesiones.
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El Espectador pudo conocer que el Consorcio Interconcesiones contrató un nuevo estudio para determinar si este es el origen del derrumbe de hace tres meses, el cual estará listo en octubre. Un ingeniero experto en el tema e inmerso en el proceso, que pidió no ser citado por encontrarse sometido a una cláusula de confidencialidad, aseguró que antes de que se construyera el túnel nunca hubo problemas en la ladera, a pesar de que ya se sabía que el suelo estaba compuesto de materiales muy sensibles difíciles de manejar. Su teoría es que algo sucedió y alteró la ladera, pero “no es fácil averiguar eso”.
Al ser consultado por este medio, Coviandes dijo que sus especialistas, tanto nacionales como internacionales, “mantienen la posición de que la granja sí modificó las condiciones de drenaje de la meseta” y que entregará información detallada al Gobierno en los próximos días. Respecto al informe técnico de la interventoría, señaló que sus resultados “son altamente discutibles” y recordó que tanto sus estudios como los de los especialistas consultados respaldan la premisa de que la construcción del túnel no ha tenido ninguna incidencia en la desestabilización de la ladera; “por el contrario, es precisamente este fenómeno el que ha afectado el túnel”, aseguró.
Por su parte, Nicolás Vásquez, gerente de Pollo Olympico, dijo estar tranquilo y celebró que una vez más se descarte la responsabilidad de la avícola en la problemática de la meseta, haciendo referencia a los informes de la Gobernación de Cundinamarca y Corporinoquia. “Siempre hemos tenido la certeza de que nuestra operación no generó el derrumbe del kilómetro 58 y ya tenemos tres documentos de entidades oficiales e independientes que de manera separada concluyen eso y otros que dejan muchas dudas sobre los estudios y la metodología constructiva del túnel”.
El viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, explicó que lo ocurrido en la vía al Llano puede obedecer a múltiples factores, “por ello el Ministerio de Transporte dio inicio a un Comité Independiente liderado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros con apoyo de las universidades Nacional, de los Andes y Javeriana, que entregará un estudio que permita determinar las causas efectivas que dieron origen a esta situación”. Mientras tanto, se ejecutarán todas las actividades tendientes a normalizar el tránsito, pues actualmente solo está permitido el paso de camiones de más de 3,4 toneladas y de buses de más de 40 pasajeros.
Pero ellos no son los únicos a la espera de que se resuelva la duda. Jennifer Arias, representante a la Cámara por el Meta del Partido Centro Democrático, aseguró que el Gobierno debe contratar un estudio independiente a profundidad y no limitarse a revisar los conceptos que hay. Ella quiere sumarse a la lista de conceptos, así que está haciendo una investigación particular que hasta ahora ha encontrado que la responsabilidad del derrumbe es de la concesión: “creo que hizo una construcción inapropiada para el tipo de montaña, por esa razón se desestabilizó y tenemos esta situación”. Para corroborarlo, la congresista pidió a Coviandes información del túnel, pero manifestó que va a presentar una tutela porque “no me la han querido dar”.
Nota del editor: En la publicación inicial, El Espectador informó que Geoandina había manifestado en sus informes técnicos que la firma Hidroconsulta había realizado aseveraciones parcialmente ciertas y que las aguas de escorrentía no fluían hacia la zona inestable. El Espectador aclara a sus lectores que dicha afirmación hace parte de las conclusiones sobre los efectos de obras externas en Mesa Grande contenidas en el informe que el Consorcio Interconcesiones entregó a la ANI el día 12 de agosto de 2019.
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