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Desde hace más de una década se viene diciendo que los datos son el nuevo petróleo, y esto se ha demostrado con creces. Grandes compañías como Google y Facebook operan gracias a un enorme repositorio de estos, mientras que tecnologías en auge como la inteligencia artificial no podrían funcionar sin los mismos.
La pregunta no es si se debería estar explotando los datos, sino cómo hacerlo; pues también es cierto que una de las principales preocupaciones que se deriva de esto son sus eventuales implicaciones en materia de privacidad, sesgos y demás componentes éticos.
Recientemente el Ministerio de las TIC radicó en el Congreso un proyecto de ley que, grosso modo, apunta a establecer las reglas de juego con las que se podrá suministrar, intercambiar y aprovechar los datos que provengan de fuentes públicas.
“Queremos que Colombia se convierta en un país productor de datos. Entre muchas otras cosas, porque si aspiramos a ser líderes en inteligencia artificial, pues tenemos que producirlos”, dijo a El Espectador el ministro Mauricio Lizcano.
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Una forma sencilla de entender lo que se propone desde esta iniciativa es imaginar todo este ecosistema como una pirámide, en cuya base están los datos que producen las entidades públicas. Un nivel más arriba está el primer tratamiento que se le hace a estos, el cual consiste en hacerlos seguros e interoperables. En el siguiente escaño estaría la clasificación de los mismos para que, en la cúspide de la estructura, sirvan como insumos que, mediante técnicas de analítica y el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial, puedan ser interpretados para la extracción de información.
De cierta forma es lo que se hace con un mineral que se extrae de la tierra, que por sí mismo no tiene mucho valor cuando está en bruto, sino que debe ser trabajado para sacar su máximo potencial.
En suma, tener a disposición toda la data que se produce desde lo público en el país, sumado a poderosas herramientas para extraer de ella información, se traduce en oportunidades para una mejor toma de decisiones y diseño de políticas públicas.
Lizcano también explicó que estos grandes repositorios de datos serán públicos (de ninguna manera serán comercializados), por lo que terceros (como empresas, medios de comunicación, academia y la ciudadanía en general) podrán aprovecharlos para hacer sus propias investigaciones.
Para expertos como el codirector de la Fundación Karisma, Juan Diego Castañeda, proyectos como estos permiten que el Gobierno ponga la casa en orden, pues la interoperabilidad de los datos facilita la comunicación entre las diferentes entidades, evitando así que el ciudadano se convierta en una especie de mensajero entre estas y, apoyándose en las nuevas tecnologías, se mitigue la tramitomanía.
Lizcano, por su parte, detalla que de ser aprobado este proyecto de ley se creará un comité directivo (a cargo de la Presidencia de la República), así como una secretaría técnica, que será la Agencia Nacional Digital. También reconoce que la aplicación de la nueva normativa exigirá unos gastos adicionales (tanto en infraestructura como en personal capacitado), pero que a la larga será una inversión que traerá mayores beneficios.
¿Habría implicaciones negativas?
Según lo dicho por Castañeda, desde la Fundación Karisma no se han encontrado potenciales riesgos en el articulado de este proyecto de ley, pues el mismo deja claro que los datos con los que se pretende trabajar son públicos, respetando así la actual regulación que protege los que son de índole personal y sensible (como el habeas data). Lizcano precisa que con la aplicación de este proyecto lo que al Estado le preocupa saber, por ejemplo, son cuántos carros se estrellan en Colombia, y no quién iba conduciendo esos vehículos.
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El codirector de la Fundación Karisma también señaló que este proyecto de ley tampoco parece generar preocupaciones en materia de predicción de comportamientos, clasificación de personas, acceso a servicios o derechos, que es otro de los componentes éticos que suelen revisarse cuando se plantea una discusión de este tipo.
El único reparo que, de momento, tienen con la iniciativa es que no es claro qué pasará con los Servicios Ciudadanos Digitales (que Lizcano ya habría resuelto al explicar que la Agencia Nacional Digital terminará siendo la secretaría técnica de este nuevo modelo), así como qué pasará con todo lo demás que ya hay, que es una preocupación que recaerá en el resorte de las entidades públicas, pues estas tendrán que implementar nuevos mecanismos para cumplir con lo que eventualmente se apruebe en el Congreso.
Si no se hunde el proyecto, el Ministerio de las TIC espera que se apruebe su primer debate antes del 16 junio. De momento la iniciativa continúa sin asignación de ponente, pero con toda la creencia desde el Gobierno de que recibirá el visto bueno para convertirse en ley.
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