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El proyecto de ley revisado de reforma petrolera de Venezuela aliviaría considerablemente la carga fiscal del país y otorgaría a los funcionarios amplia discrecionalidad para ajustar impuestos y regalías, en un intento por atraer capital privado de vuelta a la maltrecha industria, según el último borrador que se debatirá y posiblemente se apruebe este jueves.
El nuevo texto sustituye el impuesto a la extracción por un gravamen “integral” sobre los hidrocarburos de hasta 15 % aplicado a la producción bruta, sin deducciones, según una versión del proyecto a la que tuvo acceso Bloomberg. Al mismo tiempo, las tasas de regalías tendrán un tope de 30 %, pero ya no estarán fijadas por ley, lo que da al Ministerio del Petróleo flexibilidad para modificar los cargos según la fase del proyecto, la intensidad de capital y la economía general.
El ministerio también podría reducir el impuesto sobre los ingresos por hidrocarburos del país para preservar los rendimientos, aunque algunos expertos jurídicos han cuestionado si esa disposición entra en conflicto con los límites constitucionales de la autoridad fiscal.
El Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondió de inmediato a las consultas sobre los detalles del proyecto de ley.
Otros cambios suavizan las restricciones legales que habían inquietado a los inversores en borradores anteriores. El texto revisado elimina el lenguaje que limitaba la resolución de disputas al arbitraje “independiente”, ampliando el alcance de los mecanismos de arbitraje fuera de Venezuela.
El borrador también permite a las empresas privadas vender su parte de la producción de petróleo a precios de mercado, en el marco de planes aprobados por el ministerio.
El primer borrador del proyecto de ley se aprobó el 22 de enero, y la segunda y última votación podría realizarse el jueves por la tarde.
Bajo la presión de Washington, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha intentado abrir la industria energética del país a más empresas petroleras extranjeras. Los planes han provocado rechazo en todo el espectro político: algunos aliados venezolanos de Rodríguez los consideran una traición a los ideales nacionalistas, mientras que abogados internacionales sostienen que no ofrecen garantías suficientes a los inversores.
La administración Trump mantiene las sanciones petroleras contra Venezuela. Entre las empresas con vínculos con EE. UU., solo Chevron Corp. cuenta actualmente con una licencia del Departamento del Tesoro para producir petróleo en el país. Muchas otras compañías esperan autorización para reanudar o iniciar actividades de exploración y producción.
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