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El Congreso recibirá en los próximos meses dos proyectos de reforma tributaria con visiones distintas sobre cómo sanear las finanzas públicas de Colombia.
La del gobierno saliente, en cabeza de Gustavo Petro fue radicada ante el legislativo esta semana: busca recaudar COP 21,9 billones en 2027 con medidas como el IVA a los combustibles, una sobretasa permanente a los bancos y recortes a exenciones parafiscales. De otro lado, el gobierno De la Espriella anunció que presentará su proyecto de reforma tributaria en septiembre, según comentó este viernes Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado, con un enfoque orientado al crecimiento económico.
La reforma tributaria del gobierno De la Espriella
El ministro de Hacienda designado habló este viernes en un evento de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) al que asistieron el presidente electo Abelardo de la Espriella y el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.
Allí, Gómez reveló que la prioridad inmediata del nuevo gobierno será un plan de ajuste fiscal a través de medidas administrativas desde la propia cartera de Hacienda. Solo después, en septiembre, vendría la reforma tributaria. Por lo pronto, el ministro designado no dio más detalles sobre el contenido concreto de ese proyecto ni de las medidas que contendrá.
“Lo primero que hay que hacer es mandar un mensaje de austeridad que, además, va a durar varios años. Esto no se corrige con una sola medida; tenemos que lograr estimular el crecimiento porque con más crecimiento va a ser más fácil”, dijo Gómez Martínez.
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El ministro designado también advirtió que la inversión en Colombia está en su nivel más bajo en décadas, en torno al 13 % del PIB, y que las medidas que anunciará el nuevo gobierno buscan generar una mirada “más positiva” del país que detone un repunte en ese indicador.
Sobre el proyecto que ya radicó el gobierno Petro, Gómez opinó que “aparte de que es inconveniente, frena el crecimiento y está mal orientada”. El ministro designado espera que el Congreso archive la iniciativa.
Antes de llegar al Congreso con una reforma, el ministro designado aclaró que el nuevo gobierno arrancará con un plan de ajuste fiscal basado en medidas administrativas que no requieren trámite legislativo, es decir, decisiones que tomará directamente el Ministerio de Hacienda.
Sobre el Banco de la República, Gómez reconoció la autonomía del Emisor y su mandato de controlar la inflación, pero señaló que las tasas de interés tienen que bajar para jalonar la inversión privada.
La reforma tributaria del gobierno Petro
El proyecto, presentado el pasado 20 de julio ante la Cámara de Representantes, busca recaudar COP 21,9 billones en 2027 y tiene varias palancas.
La más grande no crea un impuesto nuevo, sino que recorta uno viejo: desde 2012, las empresas están exoneradas de pagar aportes a salud, SENA e ICBF por trabajadores que ganen menos de diez salarios mínimos. La propuesta baja ese umbral a tres salarios mínimos, lo que generaría cerca de COP 8,5 billones.
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La segunda palanca es el IVA a los combustibles. Hoy la gasolina y el ACPM pagan un IVA reducido del 5 %; la reforma lo subiría al 10 % desde enero de 2027 y al 19 % desde enero de 2028, con un recaudo estimado de COP 3,6 billones el primer año. El Gobierno reconoce que el ACPM es un insumo clave del transporte y el agro, pero argumenta que los aumentos en IVA al productor rara vez se trasladan en su totalidad al consumidor final.
El proyecto también amplía el impuesto al patrimonio, sube la tarifa máxima de renta de personas naturales del 39 % al 41 % y convierte en permanente la sobretasa al sector financiero, que hoy vence en 2027.
La iniciativa también incluye un paquete de medidas sobre productos que el Gobierno agrupa bajo el argumento de las “externalidades negativas”. El IVA a los licores subiría del 5 % al 19 %; el impuesto específico por cajetilla de cigarrillos pasaría de COP 4.068 a COP 11.200, lo que según el Gobierno representaría un aumento del 57,7 % en el precio final. Los vapeadores y cigarrillos electrónicos, que hoy no pagan este tributo, quedarían gravados con COP 2.000 por mililitro de líquido. El recaudo combinado de estas medidas llegaría a COP 1 billón en 2027.
El hueco que heredará el nuevo gobierno
El escenario fiscal que recibirá la administración De la Espriella el 7 de agosto no es el mejor. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, Colombia cerrará 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, cifra ya superior a la que el propio Gobierno estimaba a principios de año, cuando proyectaba un 5,1 %. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) es más pesimista: estima que el déficit podría llegar a 7,4 % del PIB y que la deuda neta tocaría 61 % del PIB este año, el registro más alto en la historia del país. El propio CARF ha calificado el escenario como “claramente insostenible”.
El problema no es solo de ingresos. Buena parte del gasto del Estado ya viene comprometido antes de que cualquier gobierno decida en qué invertir: pensiones, salud y transferencias a las regiones consumen más del 90 % del Presupuesto General de la Nación, lo que lo hace inflexible. Eso significa que el margen para recortar es muy estrecho, y que cualquier ajuste real pasa inevitablemente por el lado de los ingresos, es decir, por los impuestos.
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Lo anterior tampoco es un problema nuevo. Colombia lleva años creciendo apenas 0,4 % del PIB en ingresos tributarios, cuando para volver al carril de la regla fiscal necesitaría crecer 1,4 % del PIB cada año. Las reformas tributarias que se han emprendido desde la prepandemia hasta hoy han sido, en su mayoría, medidas de corto alcance par atender la urgencia del momento, sin cambios estructurales que aporten recursos de forma sostenida.
El Ministerio de Hacienda del gobierno saliente lo reconoció sin rodeos en la carta a la Cámara de Representantes que explica su proyecto de reforma tributaria: “el desbalance actual no responde a un hecho sobreviniente, sino a la rigidez del gasto sin un financiamiento asegurado, generando un desequilibrio acumulativo que trasciende el periodo de Gobierno.”.
Ese es el terreno en el que competirán las dos reformas.
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