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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios queda sin su cabeza visible.
Yanod Márquez Aldana presentó este jueves su renuncia irrevocable al presidente Gustavo Petro, en una carta en la que mezcla balance de gestión, críticas estructurales y advertencias sobre un sector que, según él, arrastra décadas de “adormecimiento del sentido de lo público”.
Márquez, que duró poco más de 10 meses en el cargo, se mantuvo en el marco de lo que calificó como un “gobierno de liderazgo progresista”.
Aseguró que su labor estuvo marcada por la confrontación política constante y por un sector históricamente inclinado al “oportunismo” y a la “captura de rentas” por parte de intereses privados.
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¿Qué quedó pendiente?
En su carta, el ahora exfuncionario enumeró los avances que, según él, dejará encaminados:
- Implementación de nuevas herramientas tecnológicas para agilizar la atención a quejas, peticiones y reclamos.
- Rediseño de medidas de control con planes de gestión y comparendos para empresas infractoras.
- Proyectos de inversión en compañías intervenidas y una “solución integral” para la electrificadora Air-e.
No obstante, reconoció que muchas de estas acciones están aún en proceso y que su impacto se verá a corto plazo, siempre que continúen ejecutándose.
De fondo, la Superservicios, bajo las directrices del Ejecutivo, pretende consolidar la reforma a los servicios públicos basándose en la justicia tarifaria, universalización en la prestación del servicio, usuario como centro de regulación, fortalecimiento institucional, focalización de subsidios y participación comunitaria.
Este proyecto será presentado en agosto por el Ministerio de Minas y Energía.
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Las priedrecillas en el camino
Una de las disputas del organismo se debió a los presuntos incrementos en las tarifas de gas natural, lo que puso a Alcanos y Vanti bajo lupa. Según la Superservicios, esas alzas no estaban justificadas debido a que ambas empresas contaban con reservas suficientes para evitar la importación del hidrocarburo.
Yanod ordenó la devolución de cobros indebidos y recalcular las tarifas hasta cobrar el valor real y justo, debido al hallazgo de que Alcanos sí poseía suficiente gas contratado con Ecopetrol para cubrir la demanda residencial, y al contrario, habría reportado de forma irregular una menor disponibilidad.
En el caso de Air-e —empresa que ya acumula cuatro interventores desde que fue intervenida en septiembre pasado, el más reciente Nelson Javier Vásquez—, la Superservicios exigió a las generadoras de energía respaldar a la compañía bajo el principio de solidaridad.
Esto con el fin de reducir tarifas y evitar el colapso del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Si bien se logró evitar un apagón estructural, no fue hasta que el Minenergía concretó una parte de la deuda de Air-e con $233.100 millones de los $1,5 billones que aseguran los gremios. El jefe de cartera, Edwin Palma, admitió que el Gobierno no respondería por el monto restante.
Por ello, la renuncia de Yanod abre interrogantes sobre la continuidad de las reformas internas en la Superintendencia y sobre la relación del Ejecutivo con un sector clave para la prestación de servicios básicos, en momentos en que la agenda energética y de infraestructura enfrenta tensiones políticas y técnicas.
A la fecha, el Gobierno no ha confirmado quién asumirá el cargo de manera temporal ni si los proyectos iniciados por Márquez mantendrán el rumbo que él planteó.
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