La economía popular está atada al modelo de buen vivir, así lo afirma la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste. La noción va más allá de la idea de producir o del capital. Como dijo en entrevista con este diario Mauricio Sabogal, decano de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la misma institución, tiene una relación muy cerca con la sostenibilidad, la responsabilidad social y ambiental y la distribución equitativa y solidaria de los excedentes.
Antes de entrar en materia hay que aclarar, ¿qué es la economía popular? No hay una única definición. César Giraldo, experto en el tema, la define como aquellas actividades que realizan las personas para garantizar su subsistencia, algunas son mercantiles y otras no mercantiles. En las mercantiles se buscan recursos para sobrevivir, aquí se incluyen, por poner un ejemplo, los tenderos. Las no mercantiles buscan responder a problemas de subsistencia con actividades de cuidado colectivo, por ejemplo, las ollas comunitarias.
Este fue el tema del foro “Economía popular en la era digital”, que realizó la Universidad EAN con El Espectador este 18 de abril. En el encuentro participaron expertos y gremios. Aunque inicialmente estaría la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, finalmente no asistió.
Les contamos algunos de los puntos clave de esta conversación que está tomando más relevancia, teniendo en cuenta que economía popular es uno de los términos más usados en política pública y anuncios por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.
📌 Un nuevo contrato social
Si hablamos de las actividades mercantiles, de acuerdo con el DANE, en Colombia hay 5,3 millones de micronegocios, que típicamente son clasificados como micro y pequeñas empresas. Muchas de estas son unidades económicas de una sola persona. Para hacerse una idea, Sabogal señala que el “90 % de las unidades productivas en Colombia facturan menos de $200 millones al año y estas emplean a 80 % de la fuerza laboral, tanto formal, como informal”.
En esta conversación, especialmente cuando el foco es la tecnología, entran plataformas digitales como Uber o Rappi y todo lo que implican en el debate de cómo asumir los cambios en las formas de entender el trabajo, pero sin permitir que la flexibilización laboral se convierta en precarización.
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Samai Camacho, presidenta de la Asociación Colombiana de Conductores de Apps, reconoce que hay temas por mejorar, pero ve en estas plataformas un aliado estratégico para la ciudadanía, para la movilidad y para quienes deciden generar ingresos, entre otros, “jóvenes, mujeres cabeza de hogar y personas mayores”.
Como explica Giraldo, muchas de estas actividades se entienden como ilegales, algunas incluso se criminalizan. Por eso, para avanzar —dice el experto— es necesario reconstruir el contrato social, estableciendo obligaciones, pero también derechos sociales. Para eso, las políticas públicas deben incluir a los sectores populares y reconocer “los territorios, saberes, organizaciones, oficios y cadenas productivas”, en lugar de pretender ajustarlas a estándares tradicionales. “Debemos dejar de entender el mundo social con paradigmas históricos”.
📌Inclusión financiera
Paola Arias, directora de la Banca de Oportunidades, puso sobre la mesa que el Gobierno busca promover la inclusión crediticia de la economía popular con la estrategia CREO. Uno de los pilares de esta propuesta es, justamente, crear oportunidades de acceso al crédito para población no bancarizada o que está por fuera del sistema financiero.
Atender estas necesidades es vital para garantizar el crecimiento de las unidades económicas. Si bien el indicador de inclusión financiera señala que el 92 % de los adultos colombianos tiene al menos un producto financiero formal, al ver con más detalle la cifra hay brechas importantes. Solo el 36 % de la población adulta tiene al menos un producto de crédito financiero formal y se evidencian rezagos en las microempresas y en las zonas rurales.
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Arias, de hecho, considera que dar financiamiento a la economía popular permitirá “competir” con el temido gota a gota, que “es dañino, pero está a la mano”. Para lograrlo es vital ofrecer soluciones de fácil acceso, pero también acabar con el mito de que “la economía popular no paga”. Por eso, para la directora de la Banca de Oportunidades, la clave es la confianza de las personas en las instituciones financieras y de estas en sus nuevos clientes.
Mónica Lorena Ortiz, subdirectora de Desarrollo Productivo del Departamento Nacional de Planeación, explica que en el Plan Nacional de Desarrollo hay dos artículos para la inclusión financiera de estas unidades. En el artículo 79 se incluyen varios instrumentos, desde seguros para que los bancos quieran entregar crédito, hasta líneas especializadas.
Uno de los retos más grandes —dice Ortiz— es la falta de información, ya sea porque las unidades están reportadas en Datacrédito o porque no han ingresado al sistema financiero formal. De ahí que en el PND también se incluye el concepto de “open finance”. La subdirectora explica que, básicamente, se busca que la información disponible permita caracterizar a las unidades de la economía popular para crear instrumentos a la medida de sus necesidades.
Para impulsar, también es necesario garantizar acceso a todos los sectores. David Ricardo Duarte, founder y director ejecutivo de Agrapp, cuenta que su plataforma de financiamiento web para pequeños y medianos agricultores ha tenido acogida porque brinda acceso a personas que antes tenían que hacer largos y tediosos procesos para poder radicar solicitudes de crédito. “Ahora, en dos días, un agricultor por medio de WhatsApp puede hacer la solicitud. El año pasado procesamos más de 11.000 solicitudes, el 93 % venían de municipios rurales”.
Evidentemente, para poder obtener todos los beneficios que ofrece la tecnología, la educación en este ámbito es indispensable. Raúl Castellanos, director de Economía Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información, sostiene que la entidad busca reforzar su uso y apropiación con programas como Tu Negocios en Línea, que pretende llegar a más de 5.000 comerciantes de la economía popular, con negocios como tiendas y peluquerías.
“Desde el Ministerio queremos impactar directamente en las operaciones de estas unidades productivas para que se den cuenta de las bondades y beneficios, para que puedan ser más eficientes y sostenibles”.
📌 Dudas sobre la reforma laboral
La reforma laboral tiene grandes retos, el más relevante es poner a tono con el siglo XXI las reglas del juego del trabajo, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y las expectativas de las nuevas generaciones. Esta sería la primera gran modificación al Código Sustantivo del Trabajo desde los años 60.
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José Daniel López, director de Alianza In, asegura que la economía digital y el derecho al trabajo pueden avanzar de la mano, pero que tal como está la reforma, en realidad acabaría con 80.000 empleos porque busca encajar las nuevas realidades en esquemas obsoletos.
“Proponemos que los 120.000 repartidores que hay en Colombia queden cubiertos con seguridad social, para eso necesitamos un marco jurídico que no existe. Proponemos un pago conjunto (entre los repartidores y las plataformas) y pagar afiliación de los trabajadores a la ARL, pero un elemento central en nuestra propuesta es que la ARL se puedan pagar sobre ingresos base, como la salud y la pensión”, señala López.
Agrega que si se materializa la reforma todos los repartidores tendrían un contrato de trabajo, pero que en la práctica esto elimina “las ventajas” de usar las plataformas porque impone barreras de acceso. Además, resalta que los 75.000 comercios en Colombia que venden en plataformas también se verían afectados porque con menos repartidores, el servicio se volvería más costoso y más lento.
Álvaro Velasco, líder de repartidores, cuenta que en siete horas diarias puede ganar $70.000. “El promedio de un domiciliario puede ser entre $2.000.000 y $2.300.000, a veces un poco más o un poco menos, depende de la demanda”. Para él, la formalización que propone la reforma, como decía López, puede implicar despidos, por eso le pide al Gobierno considerar todas las propuestas que están sobre la mesa.
Para Cristian Stapper, vicepresidente de relaciones interinstitucionales de Fenalco, la reforma también debe responder a los más de 15 millones de colombianos que están en la informalidad o desempleadas. “Si bien la reforma no es para crear empleo, como dice la ministra, tampoco debe destruirlo”. El gremio le pide al Gobierno debate, discusión y una aproximación desde la realidad para construir una reforma democrática.
Diferentes visiones se plantearon en el encuentro y, sin duda, queda un largo camino para darle a la economía popular las herramientas que necesita. Un primer paso es entender sus lógicas, no negarlas. Y, si se busca aumentar las obligaciones de los sectores populares, como decía Giraldo, también se deben garantizar derechos sociales.
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