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Una vez anunciado el incremento del salario mínimo del 23 % para este 2026, uno de los temores que crecían entre empresarios y ciudadanos está relacionado con el encarecimiento de los precios de productos y servicios atados a dicho aumento.
Al respecto se pronunció el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, pues confirmó que el Gobierno nacional expedirá un decreto con medidas de control de precios y desindexación de algunos elementos, como respuesta a la subida del mínimo. Los detalles del documento se conocerán la próxima semana.
Sanguino reconoce que todo aumento salarial genera presiones inflacionarias y riesgos de especulación. Por ello, confirmó que el Gobierno se declarará en “estado de alerta” para evitar prácticas ilegales en los precios y sancionarlas cuando se den. “La especulación hay que evitarla y perseguirla”, dijo en entrevista con Blu Radio.
Además, el Gobierno planea expedir un decreto para desindexar los bienes y servicios que aún permanecen atados al salario mínimo. El jefe de la cartera asegura que ya se han desindexado 225 bienes y que actualmente se analizan otros 14, es un proceso que podría adelantarse mediante la figura de la emergencia económica en la que está el país.
Entre los valores que permanecen atados al salario mínimo está el valor de la vivienda de interés social. Aunque Sanguino no dio mayores detalles al respecto.
La decisión del incremento al salario mínimo despertó preocupación entre empresarios y gremios por los efectos que podría tener en la inflación y la economía. De acuerdo con Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, las presiones inflacionarias asociadas al aumento del salario mínimo podrían sumar cerca de 242 puntos básicos adicionales a la inflación anual.
El banco también advirtió efectos fiscales. El mayor gasto asociado a nóminas públicas y pensiones podría incrementar el gasto primario en 0,67 % del PIB, en un contexto de estrechez fiscal. Una lectura similar presentó Asobancaria, que recordó que el salario mínimo actúa como piso legal solo para una fracción de los ocupados.
Pero las cuentas del ministro apuntan a que la medida tendrá un impacto directo en la demanda interna. De acuerdo con sus cálculos, los cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan un salario mínimo podrían generar alrededor de COP 800.000 millones mensuales adicionales en consumo, lo que según él movería los comercios de barrio y la pequeña producción local.
Como lo anunció el presidente Gustavo Petro tras el anuncio, “el incremento del salario mínimo permite que aumente la demanda, lo que beneficia a los negocios. Esto es un factor de crecimiento económico. Las empresas venden más y tienen más ingresos. No es un costo, es la inversión en el ser humano que crea riqueza por medio de su trabajo”.
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