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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo una histórica imputación de cargos a un cartel de refrigerios del Plan de Alimentación Escolar (PAE) de Bogotá que operó entre 2007 y 2017. De esta manera se investiga a la Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos (Asoproval) y 10 contratistas, al igual que 18 personas naturales, señaladas de manipular los resultados de 21 procesos de contratación pública en los últimos 10 años. (Lea SIC formula pliegos a presunto “cartel de las frutas” en alimentación escolar)
En la investigación se pudo establecer que los contratistas más grandes, antiguos y consolidados del mercado se habrían cartelizado para no competir por cada una de las zonas objeto de adjudicación para así manipular el resultado de la licitación. De esta manera habrían afectado procesos de contratación pública por un presupuesto aproximado de $1,5 billones.
Los contratistas imputados del período 2007-2017 llegaron a ser adjudicatarios de 178 zonas por medio de diferentes estrategias que habrían realizado de manera coordinada: ser proponentes únicos en una determinada zona, aparentar o simular estar compitiendo en otras zonas pero renunciando a hacer ofertas a la baja, o simplemente inhabilitándose.
De hecho, la SIC indica que cuando los investigados se enfrentaban a uno o varios oferentes no cartelizados, los porcentajes de ahorro (en la licitación) se incrementaron sustancialmente, llegando incluso al 20 %. Pero en los procesos entre los presuntos cartelizados el ahorro fue marginal (insignificante).
“Los investigados llegaron incluso a presentar acciones encubiertas de tutela utilizando de manera engañosa a sus trabajadores para solicitar que se cambiaran las reglas de adjudicación alegando un supuesto riesgo de desempleo, cuya labor habría sido orientada y coordinada por la Asoproval”, indicó la SIC
Asimismo, el material probatorio indica que los investigados celebraron reuniones, se cruzaron llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto (SMS), mensajes de WhatsApp y documentos digitales por medio de los cuales coordinaron los acuerdos y las conductas que eliminaron la competencia entre ellos.
Si en la investigación se confirma la violación de la libre competencia económica, Asoproval y los 10 contratistas investigados podrían enfrentar una multa de $78.124 millones, y las 18 personas naturales implicadas tendrían que pagar una sanción de $1.562 millones.
De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, este es uno de los carteles más grandes que ha investigado.
Es recurrente
En septiembre de 2017 la SIC también formuló pliego de cargos a cinco empresas, y siete personas naturales, por un cartel de las frutas entre oferentes del Programa de Alimentación Escolar en la capital.
Se afectaron los precios de dos licitaciones para elegir los proveedores de frutas adelantados por Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por un valor conjunto superior a $40.000 millones.
Los cinco contratistas investigados en este caso habrían presionado a unas entidades para subir los precios de las frutas de este programa.
Al no tener éxito, boicotearon la licitación para declararla desierta y las entidades se vieron obligadas a abrir un nuevo proceso con precios más elevados. No contentos con esto, se coordinaron para impedir que otros proponentes participaran y se asociaron para no competir entre ellos, mantener precios altos y repartirse el mercado.
