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El Gobierno avanza en la expedición de un decreto con el que busca elevar al 35 % el arancel a un grupo de importaciones del sector siderúrgico y metalmecánico. La propuesta se sustenta en un análisis sobre el aumento de las compras externas y la caída de precios en varias subpartidas dinámica que, según el Ejecutivo, afecta a la industria nacional.
La iniciativa ha recibido el respaldo de parte del sector siderúrgico, pero también ha despertado reparos entre gremios y empresas vinculadas a la construcción.
La propuesta del Gobierno
El borrador de decreto propone elevar al 35 % el arancel a 14 subpartidas arancelarias del sector siderúrgico y metalmecánico, que corresponden principalmente a productos de acero como barras, perfiles, tubos, alambres y distintas manufacturas metálicas.
Estos insumos son utilizados de forma transversal en actividades como la construcción de vivienda e infraestructura, la fabricación de estructuras metálicas, sistemas industriales, cerramientos, elementos de fijación y componentes para otros sectores productivos.
Cabe precisar que la medida se concentra en productos específicos y no se aplica de forma general a todo el acero importado.
De ser expedido, el decreto tendría una vigencia inicial de un año, tras el cual su impacto sería revisado.
Para sustentar la propuesta, el Gobierno señala que en los últimos años se ha registrado un crecimiento acelerado de las importaciones de productos siderúrgicos y metalmecánicos, especialmente en varias de las subpartidas incluidas en el proyecto de decreto.
Según el análisis técnico que acompaña la iniciativa, entre enero y agosto de 2025, frente al mismo periodo del año anterior, algunas de estas subpartidas mostraron aumentos en las importaciones que van desde el 5 % hasta más del 290 %.
El documento también advierte una alta concentración de importaciones provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales (entre ellos China), con participaciones que en algunos casos superan el 80 % e incluso el 90 % del total importado.
A esto se suma una tendencia a la baja en los precios de importación, un comportamiento que, según el Ejecutivo, genera presiones competitivas sobre la producción nacional.
De acuerdo con el Gobierno, esta dinámica ha incrementado la participación de productos importados en el mercado interno y ha afectado a una industria que considera estratégica.
La siderurgia y la metalmecánica, señala el análisis del Gobierno, aportan cerca del 10 % del PIB industrial, generan alrededor de 45.000 empleos directos e indirectos y abastecen insumos clave para sectores como la construcción, la infraestructura, la energía y el transporte.
Con estos argumentos, el incremento arancelario es presentado en el proyecto de decreto como una medida preventiva y temporal, orientada a ajustar las condiciones de competencia en el mercado interno y a evitar una mayor afectación de la producción local, mientras se evalúa su impacto en el mediano plazo.
El respaldo de la industria siderúrgica nacional
A través de un comunicado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destacó que la propuesta de elevar los aranceles cuenta con el respaldo de una parte importante del sector siderúrgico y metalmecánico.
Según informó el MinCIT, 105 empresarios del sector manifestaron su apoyo a la medida.
A grandes rasgos, las empresas de este sector consideran que el incremento del arancel al 35 % es un mecanismo para enfrentar importaciones que ingresan al país a precios artificialmente bajos, distorsionan el mercado y ponen en riesgo una industria que el Ejecutivo califica como estratégica para la reindustrialización, la transición energética y la sostenibilidad.
Durante la reunión del Gobierno con empresarios, Daniel Rey, director de la Cámara de Productores de Acero de la ANDI, expresó su coincidencia con la política industrial del Gobierno y señaló que “el Ministerio entiende los procesos económicos de la industria” y que están “en la misma página con el Gobierno” en este frente.
A su turno, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, advirtió que perder capacidad productiva por una competencia basada en precios distorsionados implicaría renunciar a un sector estratégico para el país.
Las alertas de gremios y empresas
La consulta pública a la que estuvo sujeta el borrador de decreto en los últimos días también dejó advertencias de gremios y empresas que usan el acero como insumo y que ven riesgos en el alcance de la medida.
Uno de los puntos más sensibles fue la inclusión de la subpartida 7306.30.99.00, que agrupa tuberías empleadas, entre otros usos, en sistemas de protección contra incendios.
ANRACI, el gremio de los sistemas de protección contraincendios, advirtió que la subpartida 7306.30.99.00, que incluye tuberías certificadas para estos sistemas, tendría un impacto directo en los costos de los proyectos.
Según el gremio, este tipo de tubería puede representar hasta el 50 % del costo total de una instalación, por lo que un incremento del 25 % en el valor de importación podría traducirse en un aumento cercano al 20 % en el presupuesto final, afectando su viabilidad.
ANRACI alertó además que este encarecimiento podría fomentar el uso de tubería no certificada y prácticas ilegales, con riesgos para la seguridad, y que la subpartida de estas tuberías es residual y agrupa productos con usos diversos, por lo que un incremento arancelario generalizado no sería la herramienta más adecuada.
El gremio también cuestionó la capacidad de la producción nacional para atender la demanda de este segmento, al advertir que no cuenta con las especificaciones técnicas ni el volumen necesario, lo que podría generar escasez, aumentos de precios y riesgos de concentración del mercado.
En una línea similar, la empresa Casa de la Válvula S. A. S. expresó preocupación por el efecto del arancel sobre la subpartida de las tuberías y señaló que el incremento podría incentivar el uso de productos no certificadas, además de presionar costos.
Desde el sector de la construcción, Camacol (el gremio de los constructores) también expresó reparos frente al incremento arancelario y advirtió posibles impactos en los costos de proyectos de vivienda e infraestructura, en un contexto de desaceleración del sector.
El gremio señaló que el acero es un insumo transversal en la actividad constructora y que un aumento del 35 % en el arancel a determinados productos podría presionar los costos de obra, afectar presupuestos y retrasar decisiones de inversión.
Camacol planteó que el ajuste arancelario podría trasladarse a precios finales en proyectos intensivos en acero, con efectos sobre la viabilidad financiera de nuevas obras, especialmente en segmentos como vivienda y obras civiles. De ahí que, por el peso que tienen estos insumos dentro de la estructura de costos del sector, el impacto del arancel no sería marginal.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
