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El subsidio a los combustibles ha sido uno de los pasivos fiscales más pesados de la última década. Tras años de congelamientos, ajustes tardíos y correcciones graduales, el Gobierno logró reducir de forma drástica la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Según ANIF, en 2026 el costo de los subsidios rondaría los COP 1,9 billones, cerca de la mitad de la deuda registrada un año atrás. El dato suena a alivio fiscal. Pero el modo en que se llega a ese número —y las decisiones recientes que lo rodean— obliga a una lectura más cuidadosa.
Una depreciación del peso encarecería rápidamente las importaciones de combustible, agotando el margen de $1,9 billones y exponiendo al fondo a riesgos fiscales que comprometen gasto social y estabilidad. #Economía #PolíticaFiscal
— ANIF | Centro de Pensamiento Económico (@ANIFCO) January 21, 2026
El FEPC nació en 2007 para amortiguar la volatilidad de los precios internacionales de la gasolina y el ACPM (diésel). En la práctica, terminó acumulando una deuda masiva tras años de precios congelados. En 2022, ese pasivo llegó a COP 36,7 billones.
La administración Petro optó por una corrección gradual: aumentó el precio de la gasolina entre octubre de 2022 y agosto de 2023, mientras mantuvo el ACPM subsidiado. El resultado fue una reducción significativa del déficit, que bajó a COP 10,7 billones en 2024, y la aparición de un superávit en el balance de la gasolina.
El ajuste fue asimétrico. La gasolina logró equipararse —e incluso superar— el precio internacional, en parte por los incrementos internos y en parte por la apreciación del peso frente al dólar. El ACPM, en cambio, permaneció congelado durante 56 meses, manteniendo al fondo en déficit.
En septiembre de 2024, el Gobierno intentó un aumento de COP 2.000 por galón en el diésel. El paro camionero obligó a recortar el ajuste a COP 800, dividido en dos cuotas. Desde enero de 2026, los incrementos continúan, pero a un ritmo mucho menor: COP 99 para ACPM y 90 para gasolina.
Con ese telón de fondo, el Gobierno anunció una reducción de COP 300 en el precio de la gasolina a partir de febrero. ANIF proyecta que, sin ese recorte, el FEPC podría cerrar 2026 con un superávit de COP 2,6 billones. Con el ajuste, el saldo se reduciría a COP 1,9 billones, una diferencia de 659.000 millones de pesos.
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— MinHacienda (@MinHacienda) January 17, 2026
comenzar a bajar el precio de la gasolina de forma responsable y sostenible. ⛽️📉
👉 Este es un logro histórico que crea mejores condiciones para el bolsillo de las familias colombianas.
💬 En el Ministerio de Hacienda seguimos trabajando por estabilidad económica...
El Ejecutivo justifica la decisión en tres frentes: ayudar a moderar la inflación (5,1 %), aprovechar la estabilización del FEPC, y capitalizar la apreciación cambiaria (el dólar se ha depreciado en cerca de COP 600, frente a sus precios de hace un año), que hoy hace más barata la importación de gasolina frente al precio interno.
En el corto plazo, la aritmética cierra. El problema es el margen.
Durante años mantuvieron falsamente “gasolina barata” a punta del presupuesto de la nación, usando los recursos destinados para agua potable, educación y saneamiento básico, perjudicando a las poblaciones más necesitadas de esos recursos.
— Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) January 15, 2026
El resultado, un déficit histórico del… https://t.co/HuHoQBzBOd
Un colchón demasiado delgado
ANIF advierte que ese superávit proyectado deja poco espacio para absorber choques externos. El FEPC vuelve a quedar expuesto a la volatilidad cambiaria. Una depreciación del peso encarece de inmediato las importaciones de combustible y amplía el déficit del fondo.
El riesgo se agrava porque el ACPM no ha sido equiparado a precios internacionales. Mientras la gasolina genera superávit, el diésel sigue drenando recursos. El equilibrio del FEPC depende, entonces, de una variable que el Gobierno no controla: el dólar.
El presidente Gustavo Petro ha insistido en que su administración pagó una deuda de hasta COP 70 billones del FEPC y que entregará un fondo en superávit.
Los estados financieros de Ecopetrol muestran una trayectoria más matizada: cruces de cuentas, compensaciones con dividendos a la Nación (por ser el mayor accionista) y fluctuaciones trimestrales que explican la reducción del pasivo, pero también su persistencia.
El FEPC está lejos del hueco de 2022, pero tampoco es un fondo blindado: pasó de COP 36,7 billones hace tres años a un estimado de COP 3,3 billones a finales de 2025, a la espera del cierre definitivo.
Cambios en el etanol
A este rompecabezas se suma la nueva fórmula para reducir el precio del etanol, que podría bajar hasta 9 % el ingreso al productor y presionar a la baja el precio final de la gasolina. El Gobierno defiende la medida como un paso para corregir incentivos al monocultivo y priorizar la seguridad alimentaria. También promete aliviar el déficit del FEPC.
La iniciativa apunta a eficiencia y competencia, pero su impacto fiscal dependerá de la implementación y de cómo interactúe con el resto de la política de precios.
¿En qué queda el fondo?
El país pasó de un subsidio desbordado a un ajuste que, por primera vez en años, muestra cifras manejables. Ese avance es real. Sin embargo, la decisión de reducir el precio de la gasolina sin completar la corrección del ACPM reintroduce fragilidad en el sistema.
Que los subsidios al combustible caigan a COP 1,9 billones en 2026 es una señal de orden fiscal para tapar ese hueco, y que, pese a ello, desaparecería rápidamente ante movimientos cambiarios adversos, dejando al próximo gobierno con una deuda que comprometerá la estabilidad fiscal y la capacidad del Estado para atender prioridades de gasto social y desarrollo", concluye ANIF.
El FEPC deja de ser una bomba fiscal, pero sigue siendo un artefacto sensible al contexto externo y a decisiones políticas de corto plazo, un malestar que impide transitar una hoja de ruta frente al futuro de las cuentas públicas.
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