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Desde hace aproximadamente cinco años Colombia arrancó un largo proceso de discusiones para acceder a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), un grupo “selecto” de países fundado en 1961 y que hoy cuenta con 35 Estados miembros, que en su gran mayoría tienen altos niveles de desarrollo económico. El principal objetivo de esta organización de países es monitorear de forma continua las políticas económicas y sociales de sus integrantes y a la vez promover una vigilancia mutua entre sus participantes en temas como corrupción y sostenibilidad. Adicionalmente, se busca propiciar acuerdos comunes en comercio internacional, tratamiento a los flujos de capitales, gobierno corporativo y cooperación transfronteriza.
En mayo de 2013, la OCDE comenzó con la las revisiones y recomendaciones sobre Colombia en 23 comités temáticos, que evalúan políticas tributarias, laborales, comerciales y, en general, prácticas económicas. Hoy, el país ha cumplido con casi la totalidad de requisitos y verificaciones para acceder a esta membresía; queda pendiente un último comité sobre desarrollo económico, el cual para muchos es una formalidad, pues varios de los temas de este comité ya han sido discutidos previamente.
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Buena parte de la agenda del gobierno Santos en materia internacional gira alrededor de la entrada de Colombia a esta organización. ¿Por qué la insistencia de unirse al grupo cuando es evidente que en muchos indicadores de tributación, distribución y garantías laborales estamos a años luz de la gran mayoría de los miembros de la OCDE?
Una de las respuestas se puede encontrar en la gran dependencia que tiene Colombia del financiamiento externo. Para finales de 2017, el porcentaje de la deuda pública sobre el PIB se encontraba en cerca del 45 %, siendo una de las economías mas apalancadas de la región. Este es un porcentaje alto si se compara con los datos de países como Perú, en donde esta relación se ubica alrededor del 21 %.
El hecho de entrar a la OCDE alivia el costo del financiamiento público, el cual ha crecido significativamente después del choque petrolero de 2014, y a la vez envía una señal a los inversionistas y tenedores de títulos de que el país seguirá la senda del pensamiento económico dominante sobre las finanzas sanas. Por lo tanto, esto debería verse reflejado en un menor costo de endeudamiento e incluso en un mejoramiento de las perspectivas de las calificadoras.
Pero estos beneficios llegan con un precio: tener que seguir al pie de la letra las recomendaciones de la OCDE, que en muchos casos en materia de política comercial y flujo de capitales no generan los mismos beneficios para países de periferia que para países de centro. En palabras del profesor Álvaro Zerda, doctor en Economía de la U. Nacional, esto es equivalente a la pérdida de autonomía para un desarrollo propio y la definición de políticas públicas aterrizadas a la realidad nacional. Casos como el de México sirven para observa que, a pesar de llevar mas de dos décadas en la OCDE, sigue siendo un país emergente con un sector de maquila bajo en innovación e incluso tuvo que hacerle frente a una profunda crisis financiera a mediados de los 90, justo después de haber entrado a la OCDE.
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Hoy México sigue muy lejos de lograr los indicadores de desarrollo de la mayoría de los miembros de la organización, al tiempo que afronta un panorama de violencia, con la emergencia de mafias ligadas al narcotráfico, que impacta seriamente las condiciones de vida de sus habitantes.
La entrada a la OCDE no es más que una etiqueta, una figura de estatus que puede dar un respiro temporal al financiamiento, pero que a la larga profundiza la dependencia externa. Esto en nada soluciona los problemas estructurales de Colombia, como su pobre repartición de los ingresos o la debilidad de su aparato productivo, sin hablar de su relación de odio y amor con los hidrocarburos.
Además de esto, hay un largo camino por recorrer para alcanzar los indicadores de la Organización en tributación, pobreza y desigualdad. De hecho, Colombia sería el país con el peor coeficiente Gini de todos los futuros 36 miembros y, a pesar de las mejoras en respeto a los derechos humanos que ha traído el proceso de paz (condición fundamental para la OCDE), seguiríamos siendo el país con mayor número de líderes sociales asesinados y desaparecidos en el club de los más ricos.
En una visita a Colombia, el profesor norteamericano Jan Kregel argumentó que una de las condiciones esenciales para ingresar a este tipo de acuerdos es que existan niveles de productividad, competitividad y desarrollo similares, de lo contrario los resultados pueden ser contraproducentes.
Hay buenas probabilidades de que, antes de que finalice la administración Santos, Colombia sea admitida en la OCDE, pero esto tampoco es motivo de celebración con bombos y platillos. Lo que debería haber es un proceso de análisis cuidadoso y prudente sobre los riesgos y beneficios, las oportunidades y los abismos.
Hoy estamos muy cerca de entrar a la OCDE, pero aún seguimos muy lejos de estar a la altura de los indicadores que tienen la mayoría de miembros de esta organización.
* Profesor Escuela de Economía. Universidad Nacional.