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Generalmente la informalidad se entiende como la situación de trabajadores que no están cubiertos por el sistema de protección social. De acuerdo con el DANE, se considera trabajador informal a quien no cuenta con cotizaciones a salud ni a pensión en su vinculación laboral actual, sea como asalariado, empleado doméstico, o incluso trabajador familiar sin remuneración. De hecho, algunas definiciones sugieren que el empleo informal se ubica al "margen de la ley", es decir, como si fuera un ejercicio ilegal. Basta con ver cómo actúan las fuerzas policivas contra vendedores informales, por ejemplo, para notar esa percepción.
Pero la realidad es más compleja: son estructuras que generan ingresos y atienden necesidades concretas en sus comunidades. El problema real no está en su legalidad, sino en la ausencia de mecanismos que garanticen protección social a quienes la ejercen. En Colombia, el dato más reciente del DANE (a julio de 2026) muestra que el 54,6 % de la población ocupada trabaja en la informalidad.
“La política del Gobierno colombiano hacia esta población es la formalización. Sin embargo, en este proceso los recicladores (y otros trabajadores informales) se ven enfrentados a una carrera por cumplir exigencias que desconocen al sujeto, sus condiciones y sus años de servicio”, afirman las investigadoras Diana Duarte, Catalina Giraldo y Luisa Fernanda Tovar en el libro Economía popular desde abajo, una serie de investigaciones recopiladas por el profesor de la Universidad Nacional, César Giraldo.
Pero además, “cada integrante de la economía popular entrega su vida cuando ejerce su actividad para que alguien encuentre lo que necesita al paso, para que la ciudad no sucumba ante los residuos sólidos, para que se lleven a cabo las reparaciones de los elementos que resuelven nuestra vida cotidiana, para poder transportarse, para que estén cuidados los niños o las personas que requieren una atención especial”, sostiene César Giraldo.
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¿Qué no se está viendo cuando se habla de formalidad laboral en Colombia? ¿Cuáles son las barreras reales que mantienen a millones de personas fuera del sistema de protección social? Vamos por partes.
Radiografía de la informalidad
En cinco cuadras de trayecto en Bogotá, se pueden encontrar entre dos y seis puestos de comida en la calle, desde arepas hasta tinto y mecato. Quienes salen de trabajar, por ejemplo, encuentran ahí alternativas tal vez más económicas para comer algo mientras llegan a casa.
En el trimestre de mayo a julio de 2026, el 54,6 % de las personas ocupadas en el país trabajaba en la informalidad, una cifra ligeramente menor al 55 % del mismo periodo de 2025. Para el 2021 esta cifra estuvo en el 59,1 %, según el DANE.
Entre las ciudades y el campo existe una brecha: en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas la informalidad fue de 40,6 %, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas de 41,9 %, pero en los centros poblados y el rural disperso llegó a 83,2 %.
Entre las ciudades, Sincelejo (65,2 %), Riohacha (61,9 %) y Cúcuta (61,9 %) tuvieron las proporciones más altas, y Bogotá (32,6 %), Manizales (35,6 %) y Tunja (35,7 %) las más bajas. Es decir, incluso en la ciudad con menos informalidad del país, uno de cada tres ocupados trabaja sin protección social.
Ahora bien, este boletín también contempla el tamaño de la empresa. El 84,7 % de las personas ocupadas en microempresas (hasta 10 trabajadores) cuenta con una vinculación informal. En las empresas pequeñas este porcentaje es del 20,6 %, en las medianas 4,9 % y en las grandes 2,4 %.
Según la Encuesta de Micronegocios (Emicron) con vendedores ambulantes, la razón principal por la que crearon este micronegocio es porque no tienen otra alternativa de ingresos (el 54,4 % de ellos) o en segundo lugar porque reconocen que este negocio puede ser una buena oportunidad en el mercado (el 29,1 % de ellos).
Entonces muchos de ellos, al menos en Colombia, arrancaron el negocio por no tener otra alternativa pero además tienen que atravesar las barreras económicas para mantenerlo. El acceso al crédito en entidades bancarias no es la primera opción. Cifras del DANE afirman que el 61,8 % de las y los vendedores ambulantes han tenido que acceder a prestamistas o a lo que comúnmente se llama “gota a gota”. Solo el 22,5 % accedió a una institución financiera regulada.
Ante esto, Giraldo también plantea un desbalance y es que “para un vendedor ambulante un producto que comercializa puede ser el resultado de toda una mañana, al sol y al agua, esperando al comprador. Mientras que para el comprador puede significar una fracción ínfima de su ingreso”.
Formalidad, ¿a qué precio?
Al hablar de temas como informalidad y falta de protección social en trabajadores, Alexandre Roig, participante también del libro Economía popular desde abajo se remite al concepto de economía popular. Este concepto rechaza tanto la etiqueta de "informal" como la de "marginal". Para él, "economía popular" describe estructuras complejas (como los negocios de una persona, la pequeña unidad productiva, el rebusque), entre tantas formas distintas de generar ingresos que, en países como Colombia, resulta difícil documentarlas todas.
“Se trata de una realidad donde se construyen territorios, cadenas productivas, poderes, sistemas de financiación y modalidades de protección social alternas”, sostienen las investigadoras.
Nesly Martínez tiene 18 años y vende obleas hace cinco meses, tiene un hijo de dos años, casi tres, y alcanza a dejarlo en el jardín infantil antes de coger el TransMilenio hacia su puesto de trabajo. En la tarde, su hermana es quien se encarga de recoger al niño, pues Martínez sale a las 8:30 am de su casa y está regresando por tarde a las 8:00 pm.
"Por el niño me gustaría meterme en una empresa y que me paguen todo, pero justamente por el niño y los horarios en los trabajos no puedo. Mi mamá trabaja de noche, mis hermanas madrugan y no alcanzan a llevarlo al jardín y tampoco tendría quien me lo cuide durante el día", cuenta.
Lo que revela el caso de Martínez no es una excepción. Las personas que trabajan en la economía popular han tejido sus propias garantías en sus propios círculos: redes de cuidado dentro de la familia, horarios negociados o asistencia mutua.
No es que Nesly rechace cotizar a salud y pensión. El problema es que acceder a un empleo formal exigiría sacrificar la capacidad de cuidar a su hijo. Los esfuerzos por incrementar la formalidad en países como Colombia suelen enfocarse en convencer a trabajadores y empleadores de las ventajas de cotizar, pero se tropiezan contra la realidad de que el sistema laboral formal, muchas veces, no está diseñado para quienes tienen responsabilidades de cuidado. Sin resolver eso, los esfuerzos de formalización se quedan a mitad de camino.
El "impuesto" de la formalidad
¿Por qué hay quienes eligen autoemplearse en lugar de buscar un empleo formal? Más allá de la falta de oportunidades, hay otra razón que rara vez aparece en los análisis de formalidad laboral: muchos trabajadores sencillamente no quieren estar dentro de una empresa. Alfredo Bateman, economista urbano y regional de Urban Pro, una empresa de consultoría sobre empleo y productividad, ha evidenciado que "trabajar en una empresa formal simplemente no hace parte del proyecto de vida de cada quien".
Pero hay otras cuestiones que juegan en esa decisión. Un informe del Banco Mundial publicado el mes pasado identifica una de las más determinantes: lo que llama el "impuesto implícito sobre la formalidad", la brecha entre lo que realmente cuesta formalizarse (salud, pensión, entre otros rubros de la seguridad social) y lo que la gente está dispuesta a que le descuenten mes a mes de su salario. En Colombia, ese impuesto implícito alcanza el 32%.
Dicho de otro modo: los trabajadores valoran los beneficios de la formalización por debajo de lo que realmente cuestan. El Banco Mundial atribuye esto a dos factores: la falta de información sobre lo que representa formalizarse y el hecho de que esos beneficios muchas veces no se traducen en protección real para quienes los necesitan.
Para ponerlo en números: el salario mínimo en Colombia está en COP 1.750.905. De ahí se descuentan COP 70.036 para salud y otros COP 70.036 para pensión. Sin contar el auxilio de transporte, quedarían libres COP 1.610.833. Es decir, solo por cubrir salud y pensión, un trabajador formal pierde el 8% de su salario. Ese 8% que descuenta es únicamente la parte del trabajador; el empleador paga más. Pero ahí está lo importante: cuando se suma el costo total de formalización, la mayoría de trabajadores no cree que esa protección valga lo que realmente cuesta. Esa brecha que el Banco Mundial ubicó en 32 % desincentiva la formalización.
El costo futuro del rebusque
La realidad de quienes se autoemplean puede ser contradictoria: trabajan para resolver sus necesidades diarias, pero no las del futuro. En 2025, el 96,7% de las personas con micronegocios en las calles no hizo ningún aporte a salud y pensión. El DANE identificó a 276.624 personas en esa situación, distribuidas en las 24 ciudades principales y sus áreas metropolitanas. El 98,8 % tampoco cotizó a riesgos laborales.
No cotizar a pensión tiene consecuencias a largo plazo. Sin aportes, no hay jubilación. Y sin cobertura en ARL, cualquier lesión en el trabajo no tiene seguro que la respalde. Es el trabajador quien tiene que pagar de su bolsillo los gastos médicos, la incapacidad, la pérdida de ingresos mientras se recupera.
En contexto: La informalidad en Colombia sigue por encima del 50 %
Pequeños negocios, grandes ausencias
Bateman sostiene que la informalidad laboral no desaparecerá, pero sí puede mejorarse con una mirada integral de los micronegocios existentes. "Cuando se apoyan estos negocios debería haber una ruta con al menos tres componentes: capacitaciones en bancarización, digitalización, contabilidad, y manejo de empresa, por ejemplo. Pero esas capacitaciones y asistencias técnicas deben venir acompañadas de financiación, vía crédito pero también a través de capital de trabajo o capital semilla. Y por último, el tercer elemento que casi ningún programa tiene es el acceso a los mercados, tener a quién venderle".
El problema más profundo es que Colombia no ha generado suficientes empleos formales de calidad en sus regiones. Mientras no haya eso, personas como Nesly Martínez seguirán atrapadas en la informalidad.
El Banco Mundial lo identifica así: "El mayor obstáculo para el crecimiento y la creación de empleos de calidad no es la existencia de microempresas informales, sino el dinamismo limitado de esas grandes empresas formales". Dicho de otro modo, la informalidad no es el problema en sí. El problema es que no hay empresas formales grandes y productivas que ofrezcan alternativas de empleo de verdad.
¿Por qué ocurre esto? Bateman lo atribuye a 20 años de estancamiento en productividad, causado por centralización económica extrema. "La capacidad de invertir de los gobiernos subnacionales para desarrollar sus potenciales productivos es casi nula. Hay un montón de competencias y de posibilidades en territorio pero con una inversión muy fragmentada".
Mientras eso no ocurra, los números de informalidad seguirán igual: ese 54,6 % de la población ocupada seguirá sin tener protección social, tejiendo sus propias garantías en la familia y vendiendo en las calles lo del diario mientras pagan de su bolsillo lo que el Estado no cubre.
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