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El debate por el precio del gas natural sumó este jueves un nuevo capítulo. Un día después de que el Gobierno anunciara la devolución de más de COP 150.000 millones a los usuarios por presuntos sobrecostos en el transporte del combustible, las empresas responsables de esa infraestructura respondieron con un rechazo directo a la medida.
Las transportadoras Promigas, TGI filial del Grupo Energía Bogotá, Promioriente, Transmetano y Transoccidente aseguraron que no han cobrado tarifas indebidas y que todas sus actuaciones se han ceñido a la regulación vigente.
La respuesta llega un día después del anuncio del Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que ordenaron revertir un ajuste aplicado desde 2023 a la tasa de rentabilidad reconocida a las transportadoras (WACC) y devolver recursos que, según el Gobierno, terminaron reflejándose en las facturas del servicio.
Ese ajuste surgió de una regla automática prevista desde 2021. La Resolución CREG 004 de 2021 estableció que, si variaban ciertas variables macroeconómicas (como el impuesto de renta o parámetros financieros), “se efectuará el recálculo de dicha tasa de descuento con la nueva tarifa”.
Contexto: Gobierno ordena devolver $150 mil millones por sobrecosto en gas
La respuesta de las empresas
En un comunicado, las compañías transportadoras sostuvieron que la metodología tarifaria aplicada corresponde exactamente a la establecida por la regulación.
Según explicaron, la tasa de descuento que determina la rentabilidad de la infraestructura de transporte se aplicó “de manera estricta, transparente y rigurosa”, siguiendo las resoluciones expedidas por la CREG.
Por esa razón, las empresas afirman que no existe fundamento para hablar de cobros indebidos.
En su pronunciamiento, las compañías fueron tajantes: aseguran que no han generado ni trasladado sobrecostos a los usuarios y que, en consecuencia, no habría lugar a devoluciones.
Las transportadoras también mencionaron un episodio reciente que consideran relevante en la discusión.
El 11 de febrero de 2026, un tribunal arbitral que resolvió una controversia entre Transmetano y Empresas Públicas de Medellín (EPM) concluyó que la transportadora aplicó correctamente la tasa de descuento definida por la regulación.
Para las compañías, ese laudo confirma que la forma en que se calcularon los cargos por transporte estuvo alineada con las reglas vigentes del sector.
Lo que dicen sobre la devolución anunciada
Otro punto central del comunicado es que, hasta ahora, las empresas no han recibido ninguna decisión administrativa formal que ordene devolver dinero a los usuarios.
El anuncio del Gobierno, explican, se conoció a través de un comunicado público, pero no mediante actos administrativos notificados oficialmente.
Las transportadoras indicaron que analizarán el contenido y alcance de cualquier decisión cuando esta sea formalmente expedida.
Y advirtieron que, si consideran que las medidas vulneran el marco regulatorio o jurídico, podrían acudir a instancias judiciales.
El origen de la controversia
La discusión gira en torno a un elemento técnico que, aunque suena lejano para el usuario común, termina influyendo en la factura mensual del gas.
Ese factor es la tasa WACC, que define la rentabilidad que el regulador reconoce a las empresas que invierten en infraestructura de transporte —gasoductos, estaciones de compresión y redes de gran escala—.
En 2023, la Comisión de Regulación de Energía y Gas elevó esa tasa de 10,94 % a 11,88 %, como resultado de un recálculo automático previsto en la regulación cuando cambian variables macroeconómicas.
El ajuste estuvo asociado, entre otros factores, a la reforma tributaria de 2022, que elevó el impuesto de renta corporativo al 35 %. Esa modificación alteró los parámetros financieros del modelo tarifario y activó la actualización.
El impacto fue pequeño en apariencia —menos de un punto porcentual—, pero en un sector donde las inversiones se cuentan en miles de millones de pesos, incluso cambios marginales pueden modificar los cargos tarifarios.
El giro del Gobierno
Tras revisar recursos presentados por distribuidores de gas, la CREG decidió reducir nuevamente la tasa al 10,94 % y ordenar la devolución de los valores que, según el Gobierno, fueron cobrados de más desde 2023.
El monto estimado supera los COP 150.000 millones, recursos que deberían regresar a los usuarios mediante ajustes en la facturación.
Para entender la discusión conviene mirar la cadena completa.
El gas que llega a las cocinas de los hogares y a las calderas de la industria pasa por varias etapas: producción, transporte por grandes gasoductos, distribución en ciudades y, finalmente, comercialización.
El transporte —la actividad de estas empresas— funciona como una autopista energética que conecta los campos productores con las redes urbanas.
La remuneración de esa infraestructura está regulada porque se trata de un monopolio natural: no tiene sentido construir varios gasoductos paralelos compitiendo entre sí.
Por eso la tarifa la fija el regulador, que busca equilibrar dos objetivos: permitir la recuperación de las inversiones y evitar cobros excesivos a los usuarios.
Así, mientras el Ejecutivo revisa la formación del precio del gas en distintos puntos de la cadena, las transportadoras defienden que su actuación ha seguido exactamente las reglas vigentes.
El resultado de ese pulso —entre regulación, empresas y decisiones administrativas— terminará definiendo cómo evoluciona uno de los servicios públicos más sensibles para hogares e industrias del país.
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