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El terremoto del 10 de agosto pasado perjudicó 3.891 sedes educativas, según el Ministerio de Educación Nacional; 811 de ellas, de manera crítica. La cifra no habla solo de la infraestructura: representa 1,2 millones de niñas, niños y adolescentes cuyo derecho a la educación y a la protección integral está en riesgo.
La primera respuesta movilizó al país alrededor de la búsqueda de personas con vida, remover escombros, brindar alimentos y organizar albergues. Ahora enfrentamos nuevos retos. En lo referente a lo educativo, la prioridad debería ser el retorno al entorno escolar, aunque sea en sedes temporales.
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Para la niñez y la adolescencia, este es un momento crítico para su salud física y emocional, y para su protección. Es un imperativo retomar cuanto antes su rutina: volver a estar con sus profesores y compañeros, volver a disfrutar sus recreos y volver a recibir alimentación escolar.
Además, las niñas, niños y adolescentes desescolarizados corren enormes riesgos. Los peores son la deserción escolar, el reclutamiento por grupos armados y la explotación sexual. A esto se suma el riesgo de que las pantallas y las plataformas digitales terminen actuando como “cuidadores” y los estudiantes acaben aislados en momentos en que necesitan apoyo comunitario y presencial.
En el caso de los más pequeños, hay que tener en cuenta que requieren mayor cuidado. Los albergues o el hacinamiento en espacios, así sea con personas conocidas, facilitan el abuso sexual, el maltrato y la negligencia.
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Alcemos nuestra voz para que estos estudiantes regresen a un entorno escolar antes de que se cumplan cincuenta días del sismo; es decir, el 29 de septiembre de este año.
Una escuela temporal no es una solución de segunda categoría: en una emergencia, puede convertirse en el principal espacio de protección, estabilidad y esperanza para una comunidad.
En la pandemia, entendimos que la educación presencial era vital. Hoy esa enseñanza cobra mayor importancia, cuando madres y padres se dedican a la reconstrucción de sus viviendas y la recuperación de sus trabajos, con una enorme carga emocional por el impacto de tantas pérdidas.
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Desde diversas organizaciones de la sociedad civil estamos poniendo a disposición del gobierno nuestro trabajo, la experiencia adquirida en otras emergencias, nuestros equipos en los territorios y muchos recursos más. La tarea es enorme y hay que acometerla entre todos.
En Red PaPaz nos proponemos hacer seguimiento a los compromisos para que la inversión de los recursos del sector educativo priorice la presencialidad en condiciones seguras, aunque no sean definitivas.
Brindamos un acompañamiento de largo aliento, para que después de retomar la presencialidad centremos nuestros esfuerzos en la recuperación, los aprendizajes y el fortalecimiento.
*Carolina Piñeros Ospina
Directora ejecutiva de Red PaPaz
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Por *Carolina Piñeros Ospina
