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Computadores para Educar (CPE), ahora llamado Tecnologías para Aprender, rechazó la cuota de inversión que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) le asignó inicialmente para 2027. Esta entidad, encargada de impulsar el acceso, el uso y la apropiación de tecnologías en las instituciones educativas del país, se financia principalmente con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), del Ministerio TIC.
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En el documento, el DNP señaló que el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá una cuota de inversión de COP 2,007 billones para 2027. De ese monto, COP 310.873 millones provendrán de aportes de la Nación y COP 1,696 billones corresponderán a recursos propios.
Es decir, este será el monto máximo con el que, por ahora, el sector y sus diferentes entidades adscritas (como Computadores para Educar) deberán planear y distribuir sus proyectos de inversión para 2027.
La mayor parte de los recursos quedará concentrada en el FUTIC, con cerca de COP 1,78 billones. Después están la Agencia Nacional Digital, con COP 151.177 millones; Computadores para Educar, con COP 33.002 millones; la Agencia Nacional del Espectro, con COP 23.452 millones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, con COP 18.470 millones.
El problema a los ojos de Óscar Sánchez, representante legal de Computadores para Educar, radica en que los COP 33.002 millones asignados a la entidad no incluyen aportes de la Nación, sino que provienen exclusivamente de recursos propios.
“La asignación comunicada establece un techo de COP 33.001 millones, compuesto exclusivamente por recursos propios, reduciendo a COP 0 los aportes de la Nación”, señaló Sánchez en una carta dirigida a Jacqueline Andrade Zapata, directora de Programación de Inversiones Públicas (DPIP), en la que rechazó la cifra y advirtió que, con esos recursos, la entidad no podría cumplir adecuadamente sus funciones.
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Además, indicó que había presentado un anteproyecto de inversión por COP 430.000 millones, pero, con la cifra actual, solo recibirían el 7,7 % de lo que la entidad había proyectado, lo que representa una diferencia de cerca de COP 397.000 millones.
La primera razón que expone Sánchez para explicar su rechazo a la asignación es que no hubo un diálogo técnico previo ni se llevó a cabo una mesa de trabajo o concertación antes de que el DNP les comunicara la cifra. El anteproyecto presentado por la entidad, agregó en la carta, se basó en las necesidades de conectividad y apropiación tecnológica del país.
“Un recorte de esta magnitud desdibuja por completo la misionalidad de la entidad, dejándola sin sentido operativo”, advirtió Sánchez.
Otro de los argumentos se relaciona con el posible retroceso en la inversión social y educativa. A juicio de Sánchez, exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media del Gobierno Petro, la tecnología es fundamental para garantizar el derecho a la educación y cerrar las brechas digitales.
Por eso, agregó, se le hace contradictorio que el DNP les “exija identificar asignaciones para garantizar la atención integral de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, mientras simultáneamente desfinancia de tajo a la principal entidad encargada de cerrar la brecha digital de esta misma población poblacional”.
Además, señaló que esta decisión se tomó durante la transición entre administraciones y, a su juicio, la nueva administración podría recibir una entidad sin recursos suficientes para operar. “Esta situación será reportada formalmente en los informes de empalme como un riesgo crítico inducido por las decisiones de programación presupuestal de la administración saliente”, apuntó.
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Sánchez finalmente es categórico en señalar que no avalan ni aceptan la cuota de inversión comunicada por el DNP y hace un llamado para que se instale una mesa técnica extraordinaria, con el objetivo de “subsanar este error de programación presupuestal antes de la consolidación del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)”.
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