Durante este lunes 6 de abril, en la Universidad Popular del Cesar (UPC) se llevó a cabo una reunión del Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las universidades públicas. La presencia de Juliana Guerrero, representante del presidente Gustavo Petro, sin embargo, generó una serie de críticas.
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Esta reunión del CSU, de la que hizo parte Guerrero, tenía como objetivo aprobar la creación de una sede de la Universidad Popular del Cesar en el municipio de La Jagua de Ibirico. Roberto Romero, rector de la institución, celebró la decisión y señaló que los más beneficiados serán los jóvenes, “quienes podrán acceder a nuevas opciones de formación profesional sin tener que desplazarse a otras ciudades”.
Después, Guerrero tomó la palabra y aseguró que el “Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Educación, no puede saber qué se requiere ni cuánto se requiere si esta sede no existe todavía (...) la universidad debe crear los programas académicos y ver qué se requiere”.
Pero, en medio de su intervención, algunos de los asistentes empezaron a protestar con gritos y chiflidos. La presencia de Guerrero también generó críticas en el sector político. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y senadora electa, fue una de las congresistas que se pronunció.
“Presidente Gustavo Petro, usted es un sinvergüenza por mantener a Juliana Guerrero como su delegada en la Universidad Popular del Cesar. Eso también es ser enemigo de la educación pública: entregarle su dirección a los corruptos”, anotó.
Claudia Margarita Zuleta, senadora electa por el Centro Democrático, también se pronunció y dijo que “es una vergüenza que Juliana Guerrero esté en el CSU de la UPC (...) en este Gobierno lo importante no es la hoja de vida, sino quién la apadrina”.
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Frente a estas polémicas, el rector Romero, en entrevista con Caracol Radio, explicó que, por mandato de la Ley 30 de 1992, los consejos superiores están integrados por diferentes representaciones y que, por tal razón, hasta ahora Guerrero mantendrá su designación, al igual que las demás representaciones.
Asimismo, añadió que como consejo superior no tienen “ninguna competencia para cuestionar esa decisión presidencial. Hasta ahora no hay ninguna medida restrictiva que le impida ejercer tal designación y nuestros estatutos tampoco lo permiten”.
Romero también detalló que Guerrero, quien estudió seis semestres en la Universidad Popular del Cesar, fue representante estudiantil ante el Consejo de Bienestar Institucional.
Cabe recordar que, después de dos aplazamientos de audiencia, en la tarde del 26 de marzo, Guerrero, quien en dos oportunidades intentó llegar al cargo de viceministra de Juventudes del gobierno de Gustavo Petro, fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Guerrero habría presentado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos títulos falsos de la Fundación de Educación Superior San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública profesional. Los documentos, al parecer, no tendrían respaldo, pues la joven ni siquiera habría asistido a clases.
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Guerrero, después de las aclaraciones hechas por la Fiscalía, señaló que tenía claros los delitos imputados; sin embargo, no aceptó los cargos.
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