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Después de días muy movidos en la Universidad Nacional, marcados por dos fallos de la Sección Quinta del Consejo de Estado y por la posterior renuncia del todavía rector Leopoldo Múnera, el Consejo Superior Universitario (CSU) se reunirá este lunes 24 de noviembre en sesión extraordinaria. La agenda del encuentro incluye la verificación del quórum, la revisión de los fallos del Consejo de Estado emitidos el 4 de septiembre y el 20 de noviembre, la formalización de la renuncia de Múnera, y la discusión de una nueva “petición” presentada por el profesor José Ismael Peña el pasado 21 de noviembre.
El CSU tiene en este momento 6 miembros funcionales, de un total de 8. La conformación actual incluye dos representantes del presidente, un delegado del Consejo Académico, un representante del Consejo de Educación Superior, un representante profesoral y el ministro o viceministro de Educación, quien preside el órgano. Los miembros activos son: José Daniel Rojas, ministro (o Ricardo Moreno, viceministro, en su lugar); Danna Nataly Garzón Polanía y María Alejandra Rojas como delegadas del presidente; Víctor Manuel Moncayo por el Consejo de Educación Superior; Lucía Botero Espinoza por el Consejo Académico; y Diego Torres como representante de los exrectores.
Se sabe que tanto Múnera como Peña enviaron cartas al CSU, pero con propósitos distintos. El primero se dirige directamente a los integrantes del CSU para presentar su renuncia a la rectoría, pero la hace efectiva a partir del 25 de noviembre. La decisión se fundamenta en el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección, pero Múnera aclara que el plazo de ejecutoria de la sentencia aún no ha terminado. Por eso, fija una fecha para su salida y no una entrega inmediata. También informa que retomará su papel como profesor asociado de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
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La carta de Peña es, por otro lado, más diciente. A pesar de que la agenda del CSU la define como una petición, en realidad no lo parece tanto. Peña le informa a la Secretaría General que, en acatamiento a las dos sentencias del Consejo de Estado, asume el cargo de Rector de la Universidad Nacional de Colombia. No plantea condiciones ni plazos, sino que da por sentada que se enviará una notificación a los miembros del CSU en ese sentido y sí pide que se expida la certificación que lo acredita como representante legal de la institución.
A pesar de la seguridad con la que Peña afirma que ya es rector por orden judicial, hay una discusión legal en torno a esa interpretación. Juristas como Rodrigo Uprimny, columnista de El Espectador, sostienen que las dos sentencias del Consejo de Estado no restablecen automáticamente a Peña en el cargo. En su opinión, ambos fallos son de nulidad electoral simple, lo que significa que solo determinan si una elección es válida o no, pero no pueden ordenar el regreso de alguien a un cargo del que ya se había separado, a menos que exista una demanda de nulidad y restablecimiento, algo que Peña nunca presentó.
Uprimny afirma que, en consecuencia, aunque el fallo sí saca a Leopoldo Múnera de la rectoría, no pone a Peña en su lugar, y por lo tanto ni puede autoproclamarse rector ni el Consejo Superior Universitario puede simplemente “reinstalarlo”. De hecho, sostiene que si el CSU intentara nombrarlo de nuevo, ese acto sería inválido por no cumplir con el procedimiento estatutario, que exige consulta previa a la comunidad universitaria y participación de estudiantes y profesores que ingresaron en los últimos semestres.
Desde esta perspectiva, la solución no sería restituir a Peña ni mantener a Múnera, sino declarar la vacancia del cargo, señala Uprimny, nombrar un rector encargado y convocar un nuevo proceso de elección con todas las garantías.
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Pero no todos piensan así. Otros creen que, aun cuando las sentencias del Consejo de Estado no restablecen explícitamente a Peña, el efecto práctico de anular la elección de Múnera y validar la de Peña deja un “vacío” que el CSU debe llenar, y que la salida más lógica es reconocerlo nuevamente como rector. Para ese sector, el Consejo de Estado dejó claro que el CSU se equivocó al desconocer la designación previa de Peña, y que corregir ese error implicaría, en la práctica, devolverle el cargo. Desde esa lectura, el CSU no estaría “nombrándolo de nuevo”, sino corrigiendo la decisión administrativa que lo reemplazó, de manera que el reconocimiento a Peña sería la consecuencia natural de las sentencias acumuladas. De hecho, en entrevista con este medio, Peña señaló que ya puede ser llamado rector. Hoy podría conocerse una salida oficial a este enredo jurídico.
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