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Cuando arrancó este gobierno en 2022, se propuso una apuesta ambiciosa para la educación: construir un sistema más incluyente, cerrar brechas históricas entre lo urbano y lo rural, y sacar a miles de colombianos del analfabetismo, como parte de una promesa mayor de justicia social. Cuatro años después, el balance presenta matices en el que 2 de los 24 indicadores del PND no superan el 25% de cumplimiento, y cerca de 12 (la mitad del total) no alcanzan el 80% de cumplimiento.
Sin embargo, al revisar los compromisos frente a los logros, se observa un esfuerzo real por materializar el derecho a la educación, en el que la disponibilidad de los establecimientos educativos, como condición habilitante, es el principal logro del cuatrienio. Lo que presentó obstáculos fue traducir esa disponibilidad en calidad que genere cambios reales en la vida de las personas a las que apuntaba la promesa de justicia social.
Esta apuesta de disponibilidad y cobertura en los cuellos de botella del sistema educativo se evidencia en la tasa de tránsito inmediato a la educación superior, entendida como el porcentaje de bachilleres que logra matricularse al año siguiente de graduarse, la cual pasó de 43,06% en 2023 a 47,91% en 2025. No es un salto menor: significa que aproximadamente 32 mil jóvenes más lograron entrar a la universidad de forma inmediata en 2025 frente a los que lo hicieron en 2023 (245.542 contra 213.745). Esta apuesta de cobertura del sistema se apoyó en programas de calidad y adaptabilidad de la educación como el PTAFI (Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral 3.0) y el SEIP (Sistema Educativo Indígena Propio), que buscan fortalecer los aprendizajes y el acompañamiento en los últimos grados del colegio, justo el tramo que antecede a esa decisión de continuar estudiando.
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En la misma línea, la deserción escolar también se redujo entre 2022 y 2025 llegando a 3,4%, lo que muestra que las iniciativas de retención y cobertura de la escuela van en el camino correcto para alcanzar los niveles prepandemia. No obstante, hay dos advertencias que matizan este avance. La primera es coyuntural: entre 2024 y 2025 la matrícula del sector no oficial cayó en más de 96 mil estudiantes en un solo año, la mayor reducción de este sector desde los años noventa. La segunda es más de fondo: la deserción se mide sobre los estudiantes matriculados y la matrícula misma viene cayendo más rápido que la población en edad escolar. Si cada año hay menos niños y niñas en el sistema, es más fácil que la tasa de deserción baje sin que eso signifique que menos niños y niñas están, en términos absolutos, abandonando la educación.
Otro punto de relevancia es la expansión de la oferta pública en los primeros grados de preescolar (prejardín y jardín), que entre 2022 y 2025 presentó un crecimiento pasando de 220.138 a 277.294 estudiantes, mostrando un aumento de 57.156 niños más, un 26% de crecimiento en el cuatrienio, revirtiendo el histórico rezago que estos grados no obligatorios arrastraban frente a transición.
Ese esfuerzo se profundizó especialmente en 2025, cuando la matrícula oficial de prejardín y jardín saltó de 73.018 a 127.055 estudiantes en un solo año (+74%), materializando el Decreto 1411 de 2022, que priorizó la ampliación progresiva de estos grados en los colegios oficiales ya existentes. El Estado, además, ganó terreno donde antes dominaba lo privado: la participación oficial en prejardín y jardín pasó de cerca del 8% en 2010 a niveles cercanos al 46% en 2025.
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Pero ese logro convive con una contradicción que lo opaca, mientras prejardín y jardín crecen, transición, el único grado obligatorio de la educación inicial y el de mayor volumen de estudiantes, se está desplomando. En el mismo cuatrienio, transición perdió 135.530 niños (de 743.220 a 607.690, una caída de 18,2%), y ese desplome es tan grande que arrastra a todo el nivel hacia abajo: el crecimiento de prejardín y jardín no alcanza a compensarlo, y la matrícula total de preescolar sigue cayendo incluso en 2025. El resultado es una cobertura que nunca ha superado el 42% y que en 2024 cayó a 38,8%, el segundo mínimo histórico solo superado por la pandemia.
El cierre de brechas, uno de los objetivos centrales del gobierno para la educación, es también donde el balance muestra los desafíos que presenta la educación ya que el puntaje global de las pruebas Saber 11 sí sube de forma sostenida desde 2021 (de 246,1 a 255,8 en 2025, el segundo mejor resultado de los últimos doce años), pero ese promedio no muestra, que la brecha urbano-rural no solo persiste sino que crece pasando de 18,5 puntos en 2014 a 26,7 puntos en 2025, en contra de lo rural. Es decir, justo donde el gobierno reivindica sus mayores avances en cobertura rural, la calidad rural se está quedando más atrás que nunca.
Algo parecido ocurre entre colegios oficiales y privados, en donde la brecha volvió a ampliarse en 2025 (de 25,8 a 27,5 puntos), a esta problemática de las brechas se le suma la promesa con mayor incumplimiento de todo el cuatrienio, y quizás la que mejor resume esta tensión entre cobertura y resultados reales, es la alfabetización. El PND se propuso llevar personas alfabetizadas a través de estrategias educativas con enfoque diferencial y, a un paso del cierre del gobierno, apenas se ha cumplido el 7,27% de esa meta, según el reporte en Sinergia. Esta baja ejecución no es un tropiezo sino que impide que se materialice uno de los cierres de brecha más relevantes de toda la promesa de justicia social educativa, porque mientras las brechas de calidad entre lo rural y lo urbano, y entre lo público y lo privado, siguen ensanchándose, la herramienta más directa para achicar la brecha más básica de todas, saber leer y escribir, avanzó a un ritmo casi simbólico.
El otro caso, es el de la educación superior en el que el avance aparece en 99.6% de los 500 mil cupos prometidos entre 2022 y 2025, no obstante la matrícula por nivel de formación creció en 13.727 estudiantes en formación técnica profesional, 89.175 en tecnológica y 95.261 en universitaria, un aumento total de cerca de 198 mil personas matriculadas en primer curso, es decir, apenas un 40% de la meta prometida. Y esa cifra, ya de por sí lejana de los 500 mil, todavía tiene que matizarse más. De ese incremento, cerca de 64 mil corresponden al SENA, que tiene un presupuesto propio y separado del sector educación, y cerca de 41 mil corresponden a la UNAD, cuyos programas son en su mayoría virtuales, es decir, buena parte del aumento no proviene de la expansión de cupos presenciales financiados directamente por la política de educación superior del cuatrienio, sino de una entidad con recursos aparte y de una modalidad virtual que ya venía creciendo por su cuenta. Descontando esos dos componentes, el crecimiento neto atribuible al esfuerzo específico del gobierno en educación superior queda considerablemente más cerca de 90 mil que de los 500 mil prometidos.
Hay avances que, sin ser insuficientes, tampoco terminan de consolidarse: son oportunidades que el próximo tramo de gobierno tiene la posibilidad de reforzar. La cobertura neta en educación media, el tramo que decide si un adolescente sigue estudiando o abandona el sistema, llegó al 76,85% de la meta; algo similar ocurrió con la atención integral a la primera infancia (76,53%).
En las pruebas Saber, que miden qué tanto están aprendiendo realmente los estudiantes de quinto y noveno, el avance también quedó en ese rango intermedio: 77,21% en matemáticas y 75,14% en lenguaje. Son mejoras que sí ocurrieron, no se puede decir que no pasó nada, pero que necesitan un mayor compromiso y esfuerzo para consolidarse y convertirse en la transformación educativa completa que el país todavía tiene pendiente.
Si hay una lección que atraviesa estos cuatro años, es que el sistema educativo colombiano cambió más en su forma que en su fondo. Se construyeron más aulas, se ampliaron más jornadas, se dotaron más ambientes pedagógicos de los que el propio gobierno esperaba, ya que 5 indicadores del PND superaron el 100% de ejecución. Pero las promesas que tocaban directamente la vida de las personas, dejar de ser analfabeta, entrar a la universidad, aprender lo suficiente para pasar las pruebas Saber, no desertar del colegio; avanzaron mucho más despacio de lo que se planteó en el gobierno nacional, y en el caso de la alfabetización, casi no avanzaron.
Ese contraste deja una lección para el país, no solo para el próximo gobierno: la disponibilidad no es lo mismo que la garantía del derecho. Colombia demostró que sabe construir escuelas, dotar aulas y ampliar jornadas; lo que todavía no ha resuelto es que ese crecimiento en infraestructura se traduzca en más calidad o en transformaciones de aprendizajes que conviertan el país en pro del desarrollo humano que genere personas alfabetizadas, más jóvenes que aprenden lo suficiente para cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano, y menos estudiantes perdidos en el camino entre la primaria y la universidad.
*Investigador del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana
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Por Omar Garzón*
