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Este año, ‘De Cero a Siempre’, la política de primera infancia de Colombia, que buscaba garantizar los derechos y la atención integral de niños y niñas desde la gestación hasta los seis años de edad, cumple 10 años desde que fue expedida como una ley. A propósito de esta fecha, 14 investigadores, vinculados a universidades como Los Andes, la del Norte, la Nacional, Oxford, Harvard y la de Nueva York, se dieron a la tarea de analizarla con profundidad para responder una pregunta: ¿cómo están creciendo hoy los cerca de 4,5 millones de niños y niñas menores de seis años que hay en el país?
Para responder esa inquietud, los investigadores, que hacen parte del Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social (CIMIENTOS), entrevistaron entre febrero y julio de 2026 a 24 personas que conocen esta política desde adentro, como funcionarios de ministerios, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), académicos, integrantes de organismos multilaterales y de organizaciones sociales. También revisaron las bases de datos disponibles y la literatura científica.
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A partir de ese trabajo, el grupo realizó varios análisis. Uno de ellos, elaborado por el equipo del que hace parte Juan Camilo Cristancho, de la Universidad EAFIT, se centró en entender lo que pasaba dentro de los hogares comunitarios del ICBF de Bogotá y Cartagena. Observaron, por ejemplo, cómo las maestras les hablaban a los niños y niñas, si los apoyaban cuando estaban tristes o asustados, si los animaban a pensar y a preguntar o si el salón tenía algún orden. Luego cruzaron estos datos con los homicidios ocurridos a su alrededor.
Los resultados mostraron que, cuando había un asesinato a menos de 500 metros, un aula que tenía calidad promedio, ubicada en el percentil 50, caía al percentil 30. Aunque era probable que los niños y las niñas ni siquiera se enteraran de lo que había pasado a su alrededor, sus maestras sí. Esto bastó para que el trato que los niños y niñas recibían se deteriorara hasta por un mes y medio.
La investigación de Cristancho y su equipo resume buena parte de lo que encontró el colectivo de CIMIENTOS en el documento publicado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes: lo que más pesa en el desarrollo de los niños y las niñas no es la infraestructura educativa, sino la calidad de las interacciones con quienes los cuidan.
Esa calidad es, a los ojos de Jorge Cuartas, profesor de la Universidad de los Andes y coeditor del documento, la gran deuda de ‘De Cero a Siempre’. “Tenemos una muy buena política en el papel. Pero hay un reto histórico, que es cumplirla con calidad”, dice.
Cuartas, asesor del Centro de Primera Infancia de la Universidad de Stanford, sin embargo, no le resta mérito a lo que ha logrado ‘De Cero a Siempre’. Cuando nació la estrategia, en 2011, abarcaba a cerca de 1,2 millones de niños y niñas. En 2024, la cifra ya llegaba a 2,6 millones y, en diciembre de ese año, el 82 % recibía, al menos, seis de las diez atenciones que el Estado considera prioritarias para su desarrollo, como la salud, nutrición o protección. La política las agrupa en la Ruta Integral de Atenciones.
A su juicio, estos avances han hecho que Colombia se convierta en un ejemplo de cómo llegar a todo el territorio. “Ahora, veo una oportunidad para dar el salto a la calidad”, añade. El problema es que ese salto no parte del mismo lugar en todo el país.
La “lotería geográfica”
Ana María Restrepo-Sáenz, investigadora de la Universidad de Oxford y coeditora de la investigación, pide mirar ese 82 % con cautela, porque, a primera vista, puede parecer una cifra muy llamativa. “Uno diría: ‘Estamos muy bien’. Pero hay unos grupos poblacionales que históricamente han estado muy por debajo de los promedios y que lo siguen estando”, explica.
Basta con dar una mirada afuera de las ciudades para entenderlo. En las zonas rurales, la proporción de niños y niñas que recibe esas atenciones cae al 54 % y se queda en el 56 % en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados tras el Acuerdo de Paz para atender a los territorios más golpeados por el conflicto.
Los investigadores tienen un nombre para este fenómeno: lo llaman la “lotería geográfica”. Es decir, buena parte de las oportunidades de un niño o una niña dependen del lugar donde nació. Las cifras de la nueva Medida de Pobreza en la Niñez del Departamento Nacional de Planeación (DNP) les dan la razón: en 2025, el 24,7 % de los menores de edad del país, unos 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes, enfrentaba varias privaciones al mismo tiempo, como no tener una alimentación adecuada, no contar con el cuidado de un adulto o no poder acceder a internet.
Esa proporción cambia drásticamente según el lugar donde se nace. Mientras que en las ciudades es del 16,1 %, en el campo es del 45,8 %, casi el triple. En departamentos como Guainía, Vaupés, La Guajira y Chocó superan el 60 %; y, en Vichada, la pobreza en la niñez pasa del 90 %, es decir, casi ningún niño y niña escapa a ella.
Este panorama se repite en casi todos los indicadores. En vacunación, por ejemplo, la cobertura del país oscila entre el 82,7 % y el 89,4 %, aún por debajo de la meta de inmunizar al 95 % de los niños y niñas. Los territorios más rezagados son Vaupés, Vichada y Buenaventura.
La desnutrición aguda, que sin tratamiento puede causar la muerte, se concentra en La Guajira, Chocó y Vichada, entre otros territorios con alta población indígena y rural. De hecho, de acuerdo a los datos más recientes del Instituto Nacional de Salud, la prevalencia en los dos primeros departamentos es de 1,20 por cada 100 menores de cinco años. En Vichada es de 1,08, mientras que en Bogotá es de 0,46.
Pero, ¿por qué si esta política fue diseñada para todo el país, no llega igual a todos los territorios? Los investigadores apuntan, sobre todo, a la manera como funciona. Desde Bogotá se definen los lineamientos, pero cada municipio los recibe con capacidades técnicas, financieras y humanas distintas. Muchas de las personas que atienden a los niños y niñas en las regiones, por ejemplo, trabajan con contratos de prestación de servicios, por lo que rotan con frecuencia.
A esto se le suma, se lee en el documento del colectivo CIMIENTOS, que los territorios más pobres suelen ser también los más golpeados por el conflicto armado y los más expuestos a las amenazas climáticas. Entonces, si las desventajas se acumulan en los mismos lugares, al final “esas brechas se siguen ampliando”, como advierte Restrepo-Sáenz, exsubdirectora de Análisis y Difusión del Icfes.
En esta discusión, Restrepo-Sáenz, magíster en educación de la Universidad de Harvard, pide que no se pierda de vista que hay algunos niños y niñas para quienes esta lotería es todavía más compleja: quienes debieron abandonar sus hogares. Recuerda que Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos, con 7,2 millones de personas, según la Defensoría del Pueblo, y uno de cada cuatro niños menores de seis años vive en municipios muy afectados por el conflicto. Además, cerca de 1,07 millones viven en municipios priorizados por su riesgo climático, donde una inundación o un deslizamiento puede obligar a una familia a dejarlo todo.
Restrepo-Sáenz, quien lideró el capítulo de migración de la investigación, pide imaginar lo que significa salir del lugar donde se tenía todo a la mano para sobrevivir y llegar a uno nuevo donde hay que preocuparse, todo el tiempo, por conseguir lo necesario para estar bien. En medio de esta crisis, hay un efecto que no es tan visible y es la situación que atraviesan las familias. En su opinión, si bien esas familias tienen las mejores intenciones, “el estrés y la angustia impactan las prácticas de crianza”, pues en modo “supervivencia” el juego, la conversación o la estimulación quedan en un segundo plano.
Para explicarlo mejor, usa una analogía: “Es como la máscara de oxígeno en un avión. Si tú no estás bien, no puedes estar bien para tus hijos”. Por eso, insiste, la ayuda en una emergencia no puede limitarse a dar agua, techo y comida.
El problema en este punto, añade, es que mucha de esa ayuda internacional se está quedando sin dinero, tras el recorte de la cooperación internacional. “Cuando se va esa financiación, no solamente se acaba el programa, sino también la experiencia y el conocimiento acumulados para sacarlo adelante”, comenta.
La calidad no es sinónimo de cantidad
La investigación de Juan Camilo Cristancho, de la Universidad EAFIT, también deja otra lección: tener un cupo no garantiza lo que pasa dentro del aula. Pero hay un inconveniente y es que la última vez que el país midió la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) fue en 2017, y el resultado fue de 2,34 sobre 4, un nivel apenas moderado.
Una de las diferencias más notables que hay en esos lugares de enseñanza, resalta el reciente estudio de Los Andes, está en quienes enseñan. Mientras que en los colegios el 95 % de los docentes de transición tiene un título profesional, en los CDI del ICBF solo el 51 % de los educadores cuenta con uno.
Este último dato es clave, porque cuando el país le apostó al traslado de los niños y niñas de los hogares comunitarios a los CDI, unos centros más grandes y mejor dotados, los menores crecieron más y se redujo el sobrepeso. Sin embargo, su desarrollo cognitivo no mejoró. La razón se debía a que la calidad de las rutinas y de las actividades pedagógicas resultó menor en los nuevos centros. Para Cristancho y su equipo, al final, lo que define el desarrollo de un niño y una niña es lo que ocurre entre él y el adulto que lo cuida.
Ante ese panorama, Cuartas reitera que “tenemos que dejar de pensar que calidad es sinónimo de infraestructura o dotación”, y agrega que, para medirla, es fundamental conocer cómo está su panorama. En esta materia, Colombia tiene otra deuda. Hoy, ninguna encuesta nacional de hogares mide cómo va el lenguaje, la motricidad o el desarrollo emocional de los niños y niñas, y la última encuesta nacional de nutrición es de 2015.
Cuartas, doctor en desarrollo humano de Harvard, añade un punto más a toda esta discusión: no se puede perder de vista el presupuesto. A su juicio, “invertir en primera infancia no compite con otras prioridades fiscales”, pues no se trata de un gasto, sino de un ahorro. Pone un ejemplo que ayuda a dimensionar su argumento: mientras un cupo en un CDI cuesta cerca de COP 6 millones al año, uno para un adolescente en el sistema de responsabilidad penal está entre COP 30 y COP 35 millones.
Con ese diagnóstico, CIMIENTOS propone cuatro apuestas: medir la calidad por las interacciones y no solo por la infraestructura; acordar indicadores comunes y abrir los datos; coordinar mejor a las entidades y a los territorios; y garantizar una financiación estable, con presupuestos que no dependan de contratos de un año. Este momento, en opinión de Cuartas, es propicio, porque con el cambio de gobierno "tenemos la gran oportunidad de devolver la Comisión Intersectorial de Primera Infancia a la Presidencia”.
En este proceso, agrega Restrepo-Sáenz, no se trata solo de "bajar la política al territorio", sino de que haya capacidades reales en quienes atienden a los niños y las niñas. Cuenta que en las entrevistas encontraron mucha voluntad en las regiones y un conocimiento acumulado tras años de trabajar en medio de la violencia. Lo que falta, a sus ojos, es que el Estado acompañe y lleve a mayor escala lo que, con resultados, ha mostrado que funciona, pues, como agrega Cuartas, “la primera infancia es una prioridad absoluta”.
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Por Paula Casas Mogollon
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Francisco(35164)•Hace 6 minutosExcelente articulo, muchas gracias por recordarnos las faltas de siempre.
