En julio de 2022, el Ministerio de Educación le pidió a las Instituciones de Educación Superior (IES) de todo el país que elaboraran protocolos para la prevención y atención de las violencias basadas en género.
A través de la resolución 014466, la cartera indicó que las instituciones tenían hasta enero de 2023 para presentar un plan de trabajo con indicadores, metas y objetivos que permitieran medir de manera cuantitativa y cualitativa el nivel de alcance e implementación de dichos protocolos.
Más de dos años y medio después de que se venciera ese plazo, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, presentó los avances en la implementación de la resolución. Lo hizo este miércoles 10 de septiembre en el Gran Pacto por la Transformación de la Educación Superior en Espacios Libres de Violencias Basadas en Género, un espacio liderado por la cartera.
De acuerdo con las cifras entregadas por la subdirección, 281 IES, es decir, el 93 % de las que están acreditadas en el país, ya cuentan con los protocolos requeridos por el ministerio.
De estas, 130 son instituciones universitarias, 89 son universidades (el 100 % de las que hay en el país), 41 son instituciones tecnológicas y 21 son instituciones técnicas profesionales.
Durante el evento en el que se hicieron públicas las cifras, Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, aseguró que “con esta resolución avanzamos en la formulación e implementación de protocolos de atención, un proceso fundamental para garantizar el respeto por las mujeres y por todas las diversidades como un principio innegociable en cada espacio educativo”.
Denuncias por violencias basadas en género han aumentado
La cartera también presentó cifras sobre las denuncias basadas por violencias basadas en género desde que entró en vigor la resolución. De acuerdo con el ministerio, las denuncias han mostrado un aumento progresivo. Esto, aseguraron desde la entidad, podría deberse a la apertura de canales institucionales y no a un incremento de los casos, aunque no aportaron pruebas que soporten esta afirmación.
En 2022 se reportaron 17 casos, mientras que en 2023 y 2024 la cifra aumentó hasta los 83 y 89 casos, respectivamente, “reflejando el impacto positivo de la activación de los protocolos desde espacios de denuncia y atención seguros”, dijo el ministerio.
En lo que va corrido del año se han registrado 26 casos que, a los ojos de la cartera, “sugiere una tendencia hacia la estabilización”.
Según el ministerio, “el desafío de los próximos años va más allá del cumplimiento normativo, se trata de transformar profundamente la cultura académica”. Para lograr esto, se requieren entornos educativos que integren pedagogías feministas, que promuevan masculinidades no violentas y garanticen un enfoque interseccional que reconozca múltiples formas de discriminación.
Finalmente, la cartera recalcó que es importante que se asigne el presupuesto adecuado, al tiempo que se implementan análisis tempranos de riesgos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
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