“Farmacia se desangra”. Es la frase que aparece escrita en una de las paredes del edificio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional, a pocos pasos de la Plaza Ché. No es la única. En otro muro, atravesado por una grieta amplia, está pegada una cinta transparente y, debajo, un mensaje irónico: “Así se solucionan los problemas”.
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Jaiver Rosas es quien más tiempo pasa recorriendo estos pasillos. Es director del departamento, pero su trabajo en los últimos dos años ha dejado de parecerse al de un académico y mucho más al de un ingeniero. Rosas vigila la estructura: mide fisuras, registra cambios, detecta nuevas grietas, abre los salones que siguen habilitados y evita que alguien entre a los espacios clausurados. También, y en una especie de rompecabezas diario, busca dónde pueden dictarse las clases de laboratorio. “Nos ha tocado aprender de otras áreas distintas a la farmacia para sacar adelante el proyecto que nos permitirá tener una nueva sede”, dice mientras camina por el edificio.
El proyecto del que habla es CITIFARMA, una apuesta con la que buscan convertirse en uno de los centros de investigación farmacéutica más importantes del país, lo que incluye la construcción de una nueva sede. Pero, por ahora, es solo una promesa.
La urgencia por la construcción de una nueva sede de la Facultad de Farmacia no es nueva. El edificio 450, como se conoce técnicamente, arrastra problemas desde su construcción, en los años setenta. El suelo sobre el que está, compuesto por arcillas que se expanden y contraen con la humedad, genera movimientos irregulares que terminan afectando toda la estructura. Giovanni Garavito Cárdenas, profesor del Departamento de Farmacia, lo explica sin tantos tecnicismos: el edificio se mueve. Y, al hacerlo, empuja muros, desajusta ventanas y debilita sus propios soportes.
Garavito Cárdenas, magíster en Ciencias Farmacología y quien desde el comienzo ha estado al frente de CITIFARMA , recuerda que las primeras señales de alerta aparecieron a comienzos de los 2000. Se hicieron intervenciones para estabilizar algunas bases del edificio, uniendo estructuras con vigas que ayudarían a distribuir mejor las cargas. Fueron soluciones parciales. “Pañitos de agua tibia”, como las describe el docente y añade que en 2012, tras un estudio más profundo, la universidad llegó a una conclusión clara. “Reforzar el edificio costaría más que levantar uno nuevo y, además, implicaría perder cerca del 30 % del área existente”, anota. En este punto empezó, en el papel, la historia de CITIFARMA, las siglas de Centro de Investigación, Innovación y Transferencia Farmacéutica.
Más de 10 años esperando un nuevo edificio
El diseño del proyecto ya está listo. En los planos, el nuevo edificio contempla un 46 % de espacios dedicados a laboratorios, un 21 % a áreas transversales, un 15 % para investigadores y un 12 % para servicios técnicos. El problema, ahora, reconoce Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Farmacia, es la financiación del proyecto, que está estimado en COP 140.000 millones.
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“Es la primera vez en los últimos 13 años, que han sido los más agudos de esta crisis, donde estamos más cerca de cumplir este proyecto”, comenta Delgado y agrega que hay varios caminos posibles para conseguir el dinero: recursos propios de la universidad, créditos con entidades como Findeter o la Agencia Francesa de Desarrollo y donaciones. Ninguno, sin embargo, se ha concretado.
Además, el cambio reciente en directivas, tras la llegada de José Ismael Peña a la rectoría de la Universidad Nacional, ha ralentizado algunos procesos, cuenta la decana. Por ejemplo, las negociaciones de los créditos que se venían avanzando tuvieron que ponerse en pausa y no se sabe con precisión si se adoptarán los recursos que la administración de Andrés Mora, quien asumió como rector encargado en noviembre de 2025, había destinado para el proyecto. En medio de esa espera, Delgado, PhD en Ciencias Farmacéuticas, pide que se entienda “que no somos simplemente edificios, sino infraestructura especializada para formar estudiantes”.
Una de las vías más claras, por ahora, es la de las donaciones. El proyecto ya tiene un avance que permite empezar a conseguirlas. La obtención de la licencia de construcción, cuyo pago, por cerca de COP 55 millones, se realizó el pasado 17 de marzo, no solo habilita oficialmente la construcción del edificio, sino que también abre la puerta a nuevas fuentes de financiación. “Este es el documento oficial que nos dice que podemos llevar a cabo el edificio”, explica Delgado. Por un lado, permite gestionar recursos ante el Ministerio de Educación y, por el otro, hace posible estructurar una fiducia para recibir aportes de egresados, profesores y aliados. A los profesores, directivos y docentes “nos ha tocado movernos para sacarlo adelante”, confiesa.
También hay una posibilidad ligada a un documento CONPES 4148 de 2026, con el que el Gobierno se comprometería a aportar una serie de recursos. Pero, desde la universidad no cantan victoria, pues, como ha sucedido en casi todo el proceso de CITIFARMA, aún no hay certezas. De hecho, durante años, el debate se concentró en el lugar donde debía construirse la nueva sede. Garavito, quien fue decano de esta facultad, cuenta que hubo reuniones, consejos, discusiones y cambios de rumbo. Y, finalmente, en la administración de Dolly Montoya, se propuso ubicarlo donde hoy funcionan Ciencias Agrarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia. La idea, sin embargo, generó una serie de debates e inconformidades.
El proyecto se frenó y los permisos se dilataron, a pesar de que ya tenían la autorización del Ministerio de Cultura, por ser patrimonio cultural. Carlos Alberto Torres, quien se desempeñó como director de ordenamiento y desarrollo físico de la sede de Bogotá en las rectorías de Leopoldo Múnera y Andrés Mora, recuerda que cuando asumió el cargo, el diseño del edificio ya avanzaba, bajo una implantación previamente definida. Sin embargo, una de las observaciones del último documento enviado por Mincultura advertía que no había existido una participación suficiente en la toma de decisiones sobre un proyecto que estaba generando tensiones con otras facultades. “Dijeron que había que, de alguna manera, resolver ese asunto para poder dar la autorización”, explica.
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Tras un consejo de sede, se tomó la decisión de evaluar si el proyecto, que ya estaba diseñado, podía trasladarse a otro punto del campus, sin afectar el patrimonio ni generar conflictos adicionales. “Hicimos un nuevo estudio de suelos para garantizar que todo el proceso funcionara y que la obra pudiera moverse en las condiciones en que estaba, sin implicar retrasos, rediseños o ajustes en los planos”, asegura Torres. Las demoras se fueron acumulando y solo hasta marzo de este año el proyecto logró finalizar la fase tres: cuenta con los permisos de construcción, pero aún no tiene los recursos para ejecutarse.
¿Y los estudiantes?
Sergio Castellanos, estudiante de séptimo semestre y representante estudiantil, cuenta, mientras señala el edificio, que las directivas se vieron obligadas a poner una serie de polisombras y mallas grises en los alrededores para impedir que las personas se acerquen demasiado o permanezcan en ciertas zonas. “Existe el riesgo de que se desprendan partes de las paredes o de las ventanas, que son de concreto”, dice. Ese escenario, a sus ojos, ha cambiado la vida universitaria, porque los estudiantes van cada vez menos a la facultad. “No nos conocemos entre nosotros, solo a quienes vemos en clase. Los profesores tampoco se cruzan mucho, porque en diciembre cerraron el salón de profesores por los riesgos”, cuenta. Hace una pausa y resume: “solo venimos al edificio de Farmacia a lo necesario”.
Esta situación ha tenido efectos concretos en el proceso de aprendizaje. Desde hace cerca de dos años, las clases de laboratorio no pueden desarrollarse completamente. Con el cierre del ala norte, se perdió el acceso a espacios clave como el de Farmacia Industrial (fundamental para el desarrollo y control de medicamentos), el de Microbiología (donde se realizan pruebas de calidad) y el de Fitoquímica, esencial para estudiar la composición de las plantas. “Es como aprender a montar bicicleta, sin bicicleta”, anota Castellanos.
Una de las soluciones por las que se optó en ese entonces fue la de trasladar algunos equipos al ala sur. Pero ese espacio no estaba preparado para soportar la carga ni las condiciones técnicas necesarias, y terminó con sobrecarga. “Ya ni siquiera podemos usar esos laboratorios”, afirma. De hecho, en una de las paredes del laboratorio se ve la intervención de emergencia a la que han tenido que acudir. Con un gato hidráulico, enderezaron el muro para mantener la conexión con el techo, y lo unieron con un soporte escuadra en aluminio, que ahora hace parte de la decoración que se observa al entrar allí. A pesar de cómo se ve, Torres insiste en que esto no implica un riesgo inminente de colapso.
Ante este panorama, la decanatura optó por utilizar algunos espacios de la Facultad de Química. Allí se desarrollan parte de las prácticas, con la condición de que los estudiantes deben trasladar equipos como balanzas de un edificio a otro. “Agradecemos esta solución, pero implica una responsabilidad extra para los profesores. No solo debemos enseñar, también velar por la seguridad de los estudiantes, porque no son espacios adecuados para temas farmacológicos”, aclara Garavito Cárdenas.
Para Delgado, quien fue directora del grupo de investigación en inmunotoxicología, esta situación es inquietante, pues están “formando talento humano en museos, no podemos seguir enseñando a punta de teoría”. Su preocupación no es menor, pues, en la actualidad, el 71 % de las asignaturas obligatorias del programa requiere trabajo en laboratorio, que, describe, deben ser espacios que deben cumplir condiciones estrictas de bioseguridad, contar con dotación especializada y disponer de insumos adecuados. “No lo estamos logrando en las condiciones actuales”, añade.
Por esta razón, durante la administración Múnera, que después fue asumida por Mora, se planteó la construcción de laboratorios de contingencia. Carolina Jiménez Martín, exvicerrectora de la sede Bogotá, asegura que dentro de los planes que dejaron a la actual administración hay una inversión de COP 8.000 millones, actualmente en proceso de contratación. “Está previsto que en unos cinco meses se puedan trasladar los laboratorios que hoy no están en uso”, detalla. La adecuación se hará en espacios que hoy ocupan áreas de logística, seguridad y salud en el trabajo, el almacén general de la universidad, zonas de manejo de residuos peligrosos y la antigua sección de publicaciones.
En la hoja de ruta que entregaron al equipo liderado por José Ismael Peña, quien regresó al cargo en febrero de 2026, se contempla reubicar al personal de estas dependencias y trasladar parte de los equipos. Sin embargo, Jiménez advierte que no todos los equipos pueden moverse. “Hay algunos que requieren condiciones especiales y su traslado implica costos adicionales que la universidad hoy no puede asumir”, comenta.
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Mientras la universidad, la facultad y los estudiantes (que han estado muy activos en este proceso) reúnen los recursos, Garavito, doctor en Biología, Salud, Biotecnología, dice que no solo se ha visto afectado el pregrado, sino también el doctorado en Biotecnología, la maestría en Microbiología, el doctorado en Bioquímica y el doctorado en Química. “Sabemos que no vamos a estar estudiando cuando el edificio se inaugure, pero será una satisfacción ver que la nueva sede se haga realidad”, puntualiza Castellanos.
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