El pasado jueves 14 de agosto, la Secretaría de Educación de Bogotá emitió un comunicado en el que alertó que cerca de 300 docentes llevan más de 180 días con incapacidades médicas, sin que exista una calificación sobre su pérdida de capacidad laboral.
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Según la entidad distrital, esta situación vulnera los derechos de los profesores y afecta la prestación del servicio educativo. Un día después, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), responsable de administrar el sistema de salud de los maestros, rechazó los señalamientos.
Ahora, en un nuevo pronunciamiento, la Fiduprevisora, fiducia de la que el Estado es socio mayoritario y pieza clave en el nuevo modelo de salud del magisterio, informó que recibió una base de datos con 287 registros de docentes.
En el documento, la Fiduprevisora señaló que la queja que recibió indicaba que estos maestros acumulan más de 180 días de incapacidad sin que se haya resuelto su situación pensional, lo que estaría afectando la normalidad académica.
Tras revisar cada caso, la Fiduprevisora concluyó que de los 287 registros, solo 15 corresponden a docentes activos, es decir, el 5 %. Los demás ya están pensionados y no realizan actividades académicas. Además, de esos 15 maestros activos, tres pertenecen a las secretarías de Cundinamarca y Barranquilla.
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“En síntesis, de los 287 docentes registrados, únicamente 12, el 4 %, son docentes activos de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá”, precisó la entidad en el comunicado.
En cuanto a los 272 pensionados, la Fiduprevisora explicó que 240 tienen relación con el Distrito, pero están sin actividad académica. Los 32 restantes se dividen así: 17 no figuran en ninguna base de docentes activos del país y 15 pertenecen a nueve secretarías de educación, principalmente en La Guajira.
¿Qué dice la Secretaría de Educación de Bogotá?
En declaraciones a El Espectador, la Secretaría aclaró que las incapacidades no son, por sí mismas, un problema, ya que suelen cubrirse mediante horas extras o con la designación de un docente temporal cuando superan los 15 días.
Sin embargo, señaló que la dificultad actual radica en problemas con la transcripción de incapacidades. Si la entidad no recibe el registro correspondiente, no puede activar ningún mecanismo de reemplazo.
La Secretaría también reportó un aumento significativo en el número de incapacidades: “Históricamente, no habíamos llegado a las 60.000 y proyectamos que este año alcanzaremos 66.000, un incremento producto de distintas situaciones que enfrenta el sistema”, señaló.
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Además, indicó que desde el 1 de enero no cuentan con un contrato exclusivo con una empresa que preste servicios de seguridad y salud en el trabajo, como en años anteriores. Esto, advirtió, ha generado demoras en procesos como los exámenes de ingreso, afectando la gestión de las incapacidades.
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