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El Ministerio de Educación liderado por Daniel Rojas Medellín anunció este martes medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, que quedó bajo vigilancia especial. La decisión implica un seguimiento permanente por parte de la cartera, que verificará de manera directa el cumplimiento de sus obligaciones académicas, administrativas y financieras.
La institución ha estado en el centro de la polémica por denuncias que ponen en duda la validez de decenas de títulos. Según explicó el Ministerio, desde 2025 recibió notificaciones sobre posibles irregularidades en la expedición de diplomas, lo que dio inicio a una etapa de indagación y recolección de información. Este proceso incluyó visitas administrativas, revisión documental y verificación de expedientes académicos, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia.
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Entre las presuntas irregularidades identificadas figuran la expedición de títulos sin el cumplimiento total de los requisitos legales, la publicidad de programas académicos sin autorización, posibles pagos a docentes por debajo del mínimo legal y la omisión en el reporte obligatorio de información al sistema oficial de educación.
Estos hallazgos llevaron a que, en noviembre de 2025, el Ministerio abriera proceso de inspección y vigilancia. Como parte de las nuevas órdenes, la institución deberá formular e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos, además de cumplir una serie de condiciones obligatorias de ajuste institucional para normalizar su funcionamiento.
Al igual que en otros casos de vigilancia especial, el Ministerio designó una inspectora in situ, ante quien la institución deberá reportar y actualizar de forma obligatoria la información académica y administrativa requerida.
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Sanciones sobre la Fundación San José
De manera paralela, el Ministerio informó que el pasado 3 de febrero formuló pliego de cargos contra la institución y contra Romelia Ñuste Castro, en su calidad de rectora, y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general.
Los cargos están relacionados con presuntos incumplimientos graves en la expedición de títulos sin el lleno de los requisitos legales. De acuerdo con el procedimiento, los dos directivos cuentan con 30 días para presentar sus descargos y solicitar la práctica de pruebas. El Ministerio estima que los resultados de esta etapa sancionatoria se conocerán en un plazo de dos a tres meses.
La cartera de Educación aclaró que esta serie de medidas adoptadas no implican el cierre de la institución. La Fundación de Educación Superior San José podrá continuar con sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas. Según el Ministerio, los estudiantes no pierden sus estudios ni sus avances académicos, y el objetivo de la intervención es proteger sus trayectorias educativas, garantizar la validez de los títulos y asegurar condiciones de calidad.
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El Ministerio subrayó, además, que la vigilancia especial es una medida preventiva, orientada a corregir fallas y evitar afectaciones mayores a la comunidad educativa.
También precisó que eventuales investigaciones de la Fiscalía, de existir, corresponderían a responsabilidades individuales y son independientes del proceso administrativo. La entidad anunció, finalmente, que continuará informando sobre el avance del seguimiento y que las medidas podrán mantenerse, ajustarse o levantarse según el nivel de cumplimiento de la institución.
Juliana Guerrero y la Fundación San José
Las sospechas sobre la Fundación San José comenzaron con el caso de Juliana Guerrero. Guerrero figuraba como egresada de esa institución y su formación fue usada como soporte para acceder a un cargo público. Sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre si cumplía realmente con los requisitos académicos y legales exigidos para la obtención del título. Las dudas no se centraron únicamente en ella, sino en los procedimientos internos de la institución que expidió el diploma.
A partir de ese caso puntual, comenzaron a aparecer más denuncias, que señalaban posibles prácticas irregulares en la expedición de títulos, como tiempos de estudio cortos, inconsistencias en los expedientes académicos y fallas en los controles.
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Hace apenas unas horas se conoció que la Fiscalía radicó una solicitud de audiencia de imputación contra Guerrero. La Fiscalía le atribuye presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la fiscal delegada para el caso, Deicy Jaramillo Rivera, los documentos que respaldaron la contratación de Guerrero se hicieron públicos en agosto de 2025, aunque habrían sido expedidos el 1 de julio del mismo año. Según la investigación, dichos documentos se emitieron sin el lleno de los requisitos legales, pues no existiría evidencia de que Guerrero hubiera asistido a clases ni presentado las pruebas Saber, exigidas para la obtención del título.
Estas actuaciones se conocen después de que la Fundación de Educación Superior San José afirmara públicamente que ha estado dispuesta a colaborar con las autoridades competentes, en particular con el Ministerio de Educación, atendiendo los requerimientos formulados y contribuyendo al esclarecimiento de los hechos.
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En relación específica con el caso de Guerrero, la institución defiende que, en ejercicio de su autonomía, fue la propia universidad la que detectó y denunció las irregularidades. En noviembre de 2025, el consejo directivo decidió anular los títulos otorgados, tras constatar que no existían registros de actividad académica, ni asistencia a clases ni evaluaciones en la plataforma virtual institucional.
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