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Computadores para Educar (CPE), ahora Tecnologías para Aprender, publicó en la mañana de este viernes un comunicado en el que denuncia y aclara lo sucedido con un contrato firmado en 2022 (anterior administración) y que resultó en la adquisición de miles de computadores defectuosos.
De acuerdo con el programa, del que hacen parte los ministerios de Tecnologías y de Educación, así como el SENA, la administración de 2022 firmó un contrato por COP 45.000 millones con la firma Selcomp Ingeniería S.A.S. con el propósito de llevar 60.000 portátiles a instituciones educativas oficiales.
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En 2024, a la llegada de Óscar Sánchez como nuevo director del programa, se inició con una revisión del contrato. Los resultados de las indagaciones revelaron que los equipos entregados, marca Compumax, presentaron fallas masivas que afectaron el uso de los computadores en los colegios a los que fueron entregados.
En concreto, el programa identificó 41.259 equipos (cerca del 69 % del total) con defectos críticos. “Portátiles que no prendían, no arrancaban, se bloqueaban o quedaban en ‘pantalla azul’, impidiendo el ingreso al sistema operativo”.
De acuerdo con estimaciones realizadas por el programa, este “desastre logístico” afectó potencialmente el aprendizaje de un millón de estudiantes en todo el territorio nacional.
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La investigación adelantada por la entidad también permitió identificar que la empresa encargada de venderle los computadores tenía otro contrato a través del cual manejaba la mesa de servicio encargada de recibir las quejas por las fallas que presentaran los equipos.
“Esta doble contratación le permitió a la empresa estar en dos lugares claves del proceso (como proveedor y como canal de reportes), lo que representó un gravísimo conflicto de interés que ocultó la magnitud del problema”, explicó el programa.
Tras identificar las irregularidades, el programa presentó ante la Contraloría denuncias que llevaron a que en abril de 2024 se iniciara una investigación formal y, a través de una resolución de diciembre de 2025, declaró el incumplimiento de la orden de compra.
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Además, se hizo efectiva la póliza, por lo cual Seguros del Estado S. A. pagó COP 4.500 millones por el amparo de cumplimiento. “Estos recursos recuperados serán ejecutados con total transparencia para adquirir nuevos equipos y reparar a las instituciones educativas afectadas”, agregó CPE.
Según el programa, en los dos últimos años se ha entregado todo el material con el que cuentan y le han solicitado a la Fiscalía General celeridad en las investigaciones penales por el caso.
“El país tiene derecho a saber qué controles fallaron en el pasado, quiénes participaron en esas decisiones y por qué miles de computadores comprados para cerrar brechas terminaron convertidos en basura digital”, concluyó el programa.
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