En las últimas semanas, el Icetex ha sido centro de debate. La principal razón es por una serie de contratos que busca firmar la entidad para el desarrollo y la actualización tecnológica, entre ellos una aplicación para prestar varios servicios a sus usuarios.
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Sobre esta última herramienta, la semana pasada, la representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, realizó una rueda de prensa en la que presentó una denuncia pública. Allí aseguró que el contrato, que fue asignado por contratación directa y asciende a COP 10.800 millones, presentaría sobrecostos de “hasta once veces” y que hubo irregularidades en el proceso de adjudicación.
Entre otras cosas, la representante dijo que Infotic, empresa público-privada que ha tenido contratos con Icetex, habría cambiado el valor de la cotización presentada en un lapso de tres semanas, basándose en un mismo anexo técnico para el desarrollo de la aplicación. También dijo que hubo presiones a funcionarios de la entidad en el marco de este proceso de contratación.
Frente a esta situación, el Icetex se pronunció este martes 14 de octubre. Lo primero que señaló es que, por el momento, no existe ningún contrato en ejecución, ni suscrito en relación con procesos de desarrollo y actualización tecnológica.
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“Estos se encuentran en fase precontractual, con estudios técnicos, jurídicos y presupuestales en curso, de conformidad con el Manual de Contratación de la entidad y bajo principios de transparencia, eficiencia y sujeción a la normatividad vigente”, añadió la entidad.
Otro de los puntos que explicó la entidad es que sobre la mesa se ha puesto la idea de adelantar estos procesos con proveedores actuales, los cuales han prestado sus servicios durante más de tres años. La decisión, aclaró la entidad, está respaldada por procesos contractuales y contratos interadministrativos previos suscritos por administraciones anteriores.
Además, el Icetex anotó que en la entidad se vienen adelantando una serie de auditorías internas desde junio, y que la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General están realizando un seguimiento constante.
En cuanto a la reforma que actualmente cursa su camino en el Congreso, la entidad dijo en el comunicado que si bien celebra “cualquier iniciativa de transformación institucional y financiera”, lo hace “siempre que su sostenibilidad y viabilidad estén respaldadas por un soporte técnico, fiscal, financiero y jurídico robusto”.
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En el caso de la actual, preció el Icetex que “de acuerdo con el concepto técnico y fiscal emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el pasado 10 de septiembre (...) la iniciativa legislativa recientemente presentada no es viable financieramente y no cuenta con el visto bueno de Hacienda”.
Esta propuesta, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, representa un impacto fiscal superior a COP 8,9 billones. “Esta cifra evidencia que la propuesta no cuenta con fuentes de financiación claras ni mecanismos de respaldo presupuestal, lo cual pondría en riesgo la estabilidad financiera del sistema y afectaría directamente a miles de beneficiarios”, advirtió el Icetex en el documento.
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