“Estudiar no es un privilegio, es un derecho. Hazlo valer”. Esa fue la frase que acompañó las pancartas con las que algunos líderes estudiantiles y profesorales, rectores de universidades públicas y otros actores del sector educativo llegaron este lunes 15 de diciembre hasta la plenaria de la Cámara de Representantes para presenciar el último debate de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, la norma que rige la educación superior en Colombia.
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La discusión se desarrolló sin mayores contratiempos. Desde el segundo piso, el movimiento estudiantil acompañó la sesión con varias arengas y lápices grandes, símbolos frecuentes de sus manifestaciones que levantaban de vez en cuando. Al cierre, quedaron para conciliación un par de proposiciones presentadas por algunos congresistas y, por unanimidad, fue aprobado el proyecto de ley 212 de 2024, que modifica la “fórmula” con la que el Estado define, año a año, los recursos que destina a las universidades públicas.
“Es el único proyecto de ley que ha pasado por esta Cámara en las últimas semanas por unanimidad. Ha pasado uniendo diversas voces. Que esto sea un mandato muy claro para el gobierno que venga”, decía después de la aprobación Jennifer Pedraza, representante del partido Dignidad y Compromiso y una de las autoras de la iniciativa, tras la votación.
Mientras congresistas como Jaime Raúl Salamanca, de la Alianza Verde y ponente del proyecto, destacaban el papel de las universidades públicas, otros, como Andrés Forero, del Centro Democrático, advertían sobre la necesidad de no “marchitar” a las privadas y se comprometían, junto a su partido, a acompañar la implementación de la ley.
Entre los rectores que estuvieron presentes en el debate estaba Andrés Felipe Mora, rector encargado de la Universidad Nacional. A su juicio, el cambio en la fórmula abre una ventana para que las Instituciones de Educación Superior (IES) enfrenten los problemas de financiamiento estructural que arrastran desde hace años. Como se ha explicado en estas páginas, el presupuesto que el Gobierno asignaba a las universidades se actualizaba con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en los últimos años ha rondado el 4 %.
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El problema con esta fórmula, establecida en el artículo 86, apunta Pedraza, quien fue representante estudiantil de la Nacional, es que las “universidades gastan como si fuera 2025, pero la ley las financia como si fuera 1992”. En ese mismo sentido, Mora, magíster en Ciencias Económicas, señala que en las últimas décadas se han creado más programas de pregrado y posgrado, se han fortalecido los grupos de investigación, mejorado la formación docente y aumentado las publicaciones en revistas indexadas. “Todo esto con los mismos recursos de hace 30 años. Eso es lo que explica el desfinanciamiento estructural”, enfatiza.
Ahora, con la reforma aprobada, explica Helberth Choachí, rector de la Universidad Pedagógica Nacional y quien también estuvo en el debate, se abren posibilidades para enfrentar el déficit acumulado que ha afectado el funcionamiento y la inversión. “Ha significado un detrimento, un marchitamiento de la financiación y de varias instituciones”, dice. El caso más visible es el de la Universidad de Antioquia (UdeA), cuya situación financiera se ha agravado en los últimos dos años.
Si bien los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro destinaron recursos adicionales a las universidades públicas, en el caso de la UdeA estos solo alcanzan a cubrir el 71 % de su funcionamiento anual. Por eso, señala Jhon Jairo Arboleda, rector de la institución, la reforma era necesaria.
“Vamos a tener recursos ajustados a la dimensión y al tamaño de la universidad. Pero, seguiremos siendo una institución pública con un régimen de austeridad”, afirma Arboleda y reconoce la importancia de esta noticia para las universidades públicas y el Sistema Universitario Estatal (SUE).
Desde la Universidad de Córdoba, donde cerca del 70 % del funcionamiento depende de los recursos nacionales, también celebraron la aprobación. “Es el resultado de una lucha, de una reivindicación de los últimos diez años, por construir un modelo de financiamiento que responda al presente de las universidades”, señala Jairo Torres, rector y presidente del SUE. En su institución, el 30 % restante proviene de recursos propios, como matrículas, proyectos de extensión e investigación.
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A los ojos de Guillermo Murillo, rector de la Universidad del Valle, la reforma no resuelve todos los problemas estructurales, pero sí mejora las condiciones actuales. El nuevo modelo toma como referencia el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, que refleja de manera más precisa la variación real de los gastos que enfrentan las IES públicas, como salarios, funcionamiento, inversión y matrícula. Esto, argumenta Murillo, permitirá financiar de forma más adecuada las funciones misionales de docencia, investigación y extensión.
En cuanto al artículo 87, la reforma establece que los aportes adicionales de la Nación crecerán al menos al 70 % del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 30 % vigente hasta ahora. Otro cambio clave es la inclusión de las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (ITTU), que contarán con una base presupuestal permanente equivalente al 0,05 % del PIB del año anterior.
Este cambio, para Gabriel Rueda, director ejecutivo de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas (REDTTU), permitirá que las 33 instituciones de este subsistema tengan recursos estables del Presupuesto General de la Nación. “Somos instituciones que históricamente hacen presencia en territorios y municipios donde no ha llegado la oferta pública”, señala, y subraya que la medida ayuda a materializar el derecho a la educación superior en condiciones menos desiguales.
¿Qué viene ahora para las universidades públicas?
Lo primero que aclara Torres, también presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), es que la reforma les permite a las instituciones mirar hacia adelante. Sin embargo, advierte que aquellas con déficits acumulados deberán buscar estrategias para reducirlos. “Este nuevo modelo no nos va a resolver la deuda que arrastramos desde hace 15 o 20 años. El modelo es hacia adelante”, asegura.
Estos nuevos recursos, añade Choachí, al final abrirán la puerta para fortalecer la infraestructura física y tecnológica, ampliar la cobertura, mejorar la calidad académica y darle sostenibilidad a la planta docente. Mora, PhD en Desarrollo y Estudios Políticos, añade que también permitirán reforzar los programas de bienestar en contextos de dificultades económicas para las familias y reducir la deserción. “Es una posibilidad de cerrar brechas territoriales”, complementa.
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Otro punto clave, destaca Choachí, es que los recursos serán permanentes y no dependerán de decisiones coyunturales de los gobiernos de turno. “Ahora podemos planificar, proyectarnos y fortalecernos con base en esos recursos que envía la Nación”, dice Torres, del SUE.
¿Y el dinero? Según el proyecto probado, los recursos provendrán del Marco Fiscal de Mediano Plazo y estarán atados al crecimiento económico, sin crear nuevos impuestos. “El impacto fiscal de la reforma podría ascender a COP 22,1 billones entre 2027 y 2040”, detalla la iniciativa, que fija como meta que para ese año cuatro de cada cinco jóvenes accedan a la educación superior.
Aunque el movimiento estudiantil, el SUE y las universidades públicas celebran la aprobación, Arboleda, de la UdeA, insiste en no perder de vista otros ajustes necesarios para que el cambio sea efectivo. Uno de ellos es el Decreto 1279 de 2002, que regula los puntos salariales docentes y que, con el tiempo, ha permitido sueldos superiores a los COP 50 millones. A su juicio, “si no se corrigen esos techos o no se asignan recursos específicos para cubrirlos, el sistema será fiscalmente insostenible”.
También será clave el control del crecimiento de los costos. Como aclara el documento aprobado, “más recursos sin cambios en la estructura de gasto pueden profundizar el déficit en lugar de cerrarlo”. La verdadera prueba de esta reforma estará en su implementación y, de hecho, estará incluida en las discusiones del presupuesto de 2027.
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