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Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal de Colombia (SUE), donde están agremiadas 34 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar el proyecto de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30.
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En estos artículos, se establecen la “fórmula” que define el dinero que le destina cada año el Gobierno a las IES. El Gobierno, además, está obligado a ajustar anualmente el presupuesto con base en el valor de la inflación. Sin embargo, esta cifra, como han asegurado desde las universidades, no tiene en cuenta otros gastos de las universidades, como la renovación de infraestructura física y tecnológica, los salarios de los docentes y administrativos o el avance en investigación.
El actual modelo de financiación se basa únicamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ahora, en la reforma, se propone que, al reformar el artículo 86, los aportes del Presupuesto General de la Nación y los de las entidades territoriales destinados a las universidades públicas se calculen tomando como base el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) de las universidades estatales, calculado por el DANE, y no el IPC, como sucede en la actualidad.
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Por otro lado, con el cambio en el artículo 87, se espera que el Gobierno incremente sus aportes para las universidades nacionales, departamentales y municipales, en un porcentaje “no inferior al 70% del incremento real del Producto Interno Bruto y no en un 30% como está en la actualidad. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de las universidades estatales u oficiales”, de acuerdo con el sitio web del Senado.
De acuerdo con Torres, quien también preside la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), este modelo colapsó “porque se hizo insuficiente, porque no responde al crecimiento de las universidades, porque no es sostenible para que las universidades públicas puedan continuar ampliando cobertura”.
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Otro de los puntos que resalta Torres sobre esta reforma es la integración a las regiones y el fortalecimiento de las políticas de regionalización, especialmente en zonas con bajos indicadores de cobertura. El próximo debate será el martes 23 de septiembre.
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