Dos semanas después del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y que ha dejado hasta el momento 321 víctimas mortales, los cerca de 1.200 estudiantes del colegio Eustaquio Palacios, al suroccidente de Cali, siguen sin tener claro cómo van a retomar las clases presenciales. “Después de que evacuamos, se vinieron algunos muros y vigas de la estructura al piso. El techo de nuestro auditorio se cayó”, recuerda Óscar Ordóñez, rector de la institución. “Afortunadamente no hubo heridos, pero hoy no hay una sede para volver”.
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En Palmira, en el Valle del Cauca, los estudiantes del colegio Antonio Lizarazo tampoco saben cuándo pueden regresar a clases. “Dicen que dos de las cinco sedes presentan una serie de fallas, pero todavía no hay un diagnóstico oficial”, comenta Junior Pantoja, profesor de lenguaje de grado 11. Al momento del temblor estaba socializando La Odisea con sus alumnos. Cuando evacuaron, pensó que no alcanzarían a llegar al punto de encuentro.
La situación de estos dos colegios es un reflejo de lo que viven las 3.579 sedes educativas afectadas por el sismo. Fueron 3.327 más que las reportadas en el terremoto de 1999 en el Eje Cafetero (143).
De estas sedes, 796 se encuentran en Chocó, epicentro del sismo. En Risaralda, el 55 % de las instituciones presenta algún tipo de daño, según Dora Agudelo, secretaria de Educación. En Pereira, 54 tienen daños severos y riesgo de colapso. En Caldas, 189 están en estado crítico y 86, en riesgo inminente. Y, en Cali, 18 cuentan con daños críticos y su reparación podría tardar entre nueve y 18 meses, mientras que otras 111 tienen afectaciones moderadas que tomarían entre cuatro y ocho meses en ser reparadas, dice Sara Rodas, secretaria de Educación.
Entre la incertidumbre que ha dejado esta situación, hay una pregunta que hacen padres, madres, alumnos y profesores: ¿cómo retomarán clases los más de 400.000 estudiantes que han visto su matrícula afectada?
Es una tarea urgente, pues, como dice Isabel Segovia, quien hasta el pasado febrero se desempeñó como secretaria de Educación de Bogotá, después de una emergencia, “los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”. El riesgo de que haya una tardanza, añade su colega Edna Bonilla, también exsecretaria de Educación de la capital, es que un cierre prolongado se traduce en pérdidas de aprendizaje, un altísimo riesgo de deserción, afectaciones socioemocionales y un aumento de las desigualdades.
El 17 de agosto, el Ministerio de Educación contestó, en parte, ese interrogante, con la directiva 009, un documento donde detalla que no todos los colegios deben responder de la misma manera y aclara que son cuatro las fases que tendrá la respuesta: inmediata; de acogida y estabilización; de continuidad educativa; y de recuperación y fortalecimiento. Para ello, las secretarías de educación de las zonas afectadas por el terremoto deberán realizar una caracterización de las instituciones, estudiantes, docentes y servicios básicos. Luego, los daños de los planteles se dividirán en nivel crítico, moderado o alerta preventiva.
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Una vez la evaluación defina el estado del plantel, se emplearán una serie de estrategias, como la escuela en casa o la itinerante. Por ejemplo, señala el documento que, si una sede presenta afectaciones graves, se podrán habilitar aulas temporales, trasladar a los estudiantes a otros espacios o implementar modalidades como educación en casa o a distancia; pero, si las instalaciones no sufrieron daños, los colegios podrán flexibilizar sus jornadas.
“El objetivo es regresar progresivamente a la presencialidad cuando existan condiciones seguras”, se lee en el documento, que, aunque no emplea la palabra virtualidad, sí hace referencia a otros términos de este tipo de educación, como “encuentros remotos mediados por las tecnologías disponibles” o “acompañamiento a distancia o híbrido mediante plataformas digitales, videollamadas o grabaciones de clase”.
Fue el mismo presidente Abelardo de la Espriella quien empezó a darle un impulso a la virtualidad. En una rueda de prensa aseguró que optarían por un plan de choque que “se centra en poner en marcha un mecanismo de educación virtual”. La propuesta, cree Segovia, “es descabellada. No aprendimos nada de la pandemia”.
Los “peros” a la virtualidad
Aunque el plan del Mineducación no se centra en impulsar las clases remotas tras un terremoto, como lo resaltó el presidente, la idea no les parece adecuada a varios especialistas del sector. Para algunos, es mejor explorar otros caminos, pues, como señala Juan Pablo Aristizábal, director general de la Fundación Aprender a Quererte, que ha trabajado en los procesos de pérdida de aprendizaje en colegios públicos de Colombia, la virtualidad no es una opción para más de la mitad del país.
Omar Garzón, investigador del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, comparte esta opinión. Para él, se está asumiendo que, en aquellas zonas donde está la propuesta de la virtualidad, hay conexión a internet, luz y “muchos otros factores que no va a haber en los albergues”.
Uno de los casos más recientes que dejó algunas lecciones de esa sustitución de las clases presenciales por las virtuales fue la pandemia. Bonilla recuerda que esa virtualidad ayudó, pero “nunca sustituyó a la escuela”. Para ella, aún estamos viviendo las consecuencias de esas decisiones. Enviarles guías a los niños y niñas sin acompañamiento tampoco puede ser una opción, opina Nancy Palacios Mena, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, pues “los aprendizajes no van a mejorar”.
De hecho, ya hay algunas experiencias de otros países que muestran los desafíos de elegir la virtualidad. Una investigación publicada en 2022 en la revista Nature Human Behaviour muestra que no es lo mismo estudiar desde casa en una pantalla que hacerlo de forma presencial. Sus autores analizaron el impacto de la educación remota en estudiantes de secundaria de São Paulo, Brasil, y encontraron que durante este periodo aprendieron el equivalente al 27,5 % de lo que habrían aprendido en condiciones presenciales. Además, el riesgo de deserción aumentó 365 %.
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Ni siquiera a José Rafael Espinosa, cofundador de Mentu, una plataforma educativa que usa inteligencia artificial para reducir la pobreza de aprendizaje, lo convence mucho la idea de promover la educación virtual tras el sismo: “No tuvimos esas condiciones cuando estábamos en las casas tranquilos; ahora, en la mitad de albergues, escombros y con papás preocupados, no las vamos a conseguir”.
Lo que pide es echar un vistazo a Ecuador, donde el 16 de abril de 2016 se registró un sismo de magnitud 7,8, que provocó afectaciones en más de 280 escuelas y dejó sin clases a 120.000 niños y niñas. En Manabí y Esmeraldas, dos de las zonas más afectadas, señala, el regreso a clases inició de forma progresiva el 9 de mayo, incorporando inicialmente al 75 % de los estudiantes. Lo hicieron por medio de aulas móviles, espacios temporales o centros provisionales y el retorno total finalizó a comienzos de julio de 2016, es decir, menos de tres meses después del terremoto.
Pero la realidad colombiana es a otro precio y por eso Darío Maldonado, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cree que la discusión no debe quedar reducida a escoger entre volver al colegio o la virtualidad. “No podemos dar una fórmula única para todos los municipios”, opina. Por ejemplo, hay colegios que podrán reabrir después de reparaciones menores, como ocurre en Manizales, donde, indica Jorge Rojas, alcalde de la ciudad, desde el 18 de agosto tiene clases presenciales el 90 % de sus instituciones.
Lo cierto es que, como coinciden Garzón, de la U. Javeriana, y Bonilla, exsecretaria de Educación, es urgente el regreso a clases, pues esos espacios no son únicamente un lugar de aprendizaje, sino de protección, cuidado, apoyo socioemocional e, incluso, de alimentación.
Volver a clases mientras se reconstruyen los colegios
El primer paso para retornar a clase es saber cuántos colegios están en condiciones para recibir alumnos. En Cali, ese proceso ya comenzó. Sara Rodas, secretaria de Educación, indica que, de las 338 sedes educativas, 234 ya fueron verificadas; de ellas, 163 son habitables.
En Risaralda, de las 600 sedes, 148 están habilitadas para prestar el servicio, según la secretaria Dora Agudelo. En Caldas, Luis Vargas, secretario de Educación, detalla que, después de hacer un censo en 947 sedes, encontraron afectaciones en 633. La revisión que realizaron en Pereira, con el acompañamiento de la Escuela de Ingeniería, arrojó que solo 38 sedes son “habitables” de las 92 afectadas.
El siguiente paso es resolver qué hacer con aquellos niños y niñas que no tienen un colegio al cual regresar. Hernando Bayona, exviceministro de Educación preescolar, básica y media, sugiere que una buena alternativa debería ser darles a los profesores y estudiantes unas semanas para adaptarse a la nueva realidad. “Al menos un par de semanas, mientras que llegan las ayudas, al tiempo que se les brinda asesoría psicológica”, añade. Isabel Segovia también cree que es necesario adecuar el calendario escolar para evitar que los estudiantes sigan perdiendo días de clase y, a su parecer, una alternativa puede ser utilizar las sedes que sí están en condiciones de operar.
En Caldas, precisamente, el secretario de Educación optó por dar, en algunas instituciones educativas, una jornada en la mañana y otra en la tarde a aquellos estudiantes que no han podido regresar a la presencialidad. Y como no todos los alumnos podrán regresar a la jornada completa desde el primer día, para Maldonado, investigador de políticas de educación de Uniandes, hay que crear un plan que les permita avanzar progresivamente a una completa presencialidad.
Un desafío más advierte Andrea Escobar, directora de la Fundación Empresarios por la Educación: es clave conocer dónde están los niños y niñas afectados para evitar que la emergencia termine sacándolos también del sistema educativo.
Desde la Fundación también hicieron un diagnóstico de una pregunta que no se puede excluir de estos retos: ¿Cuántos docentes resultaron afectados tras el terremoto? Luego de analizar los datos de 40 secretarías de Educación, hallaron que hay, al menos, 20.302 profesores y 1.390 directivos docentes afectados. Por ese motivo, tanto Bayona como Aristizábal piden brindarles acompañamiento, pues, después de todo, en sus manos está la difícil tarea de liderar las clases.
“Las primeras semanas no necesariamente deberían estar centradas en contenidos académicos, como matemáticas o lenguaje, sino en procesos de duelo y espacios de reflexión sobre lo ocurrido”, considera Bayona.
Una vez se supere esta fase inicial, como la cataloga Juan Martínez Álvarez, representante del Banco Mundial en Colombia, es crucial que los rectores y las secretarías impulsen unas evaluaciones diagnósticas para identificar los rezagos y desarrollar estrategias de aceleración, nivelación, tutorías y acompañamiento focalizado para los estudiantes más afectados.
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Mientras se avanza en la reconstrucción de los colegios, algunas secretarías ya tienen listas sus estrategias: en Caldas, desde el 18 de agosto, comenzó un retorno gradual con cerca de 20.000 estudiantes; Cali regresará el 24 de agosto; y en Risaralda las clases siguen suspendidas desde el 10 de agosto.
Óscar Ordoñez, rector del colegio Eustaquio Palacios (en Cali), dice en una llamada que, en su caso, mientras espera que construyan una nueva planta física, no tiene otro camino que retomar las clases de forma remota.
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