La reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro activó un debate profundo en la industria cultural colombiana. El proyecto, presentado ante el Congreso en septiembre de 2025, busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la aplicación de un IVA del 19 % a las boletas de espectáculos culturales y deportivos. Este punto fue visto por muchos como un golpe al acceso y a la sostenibilidad del sector.
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En un tuit reciente, el presidente Petro defendió la medida, afirmando que tendría impacto únicamente en los “espectáculos donde la boleta valga un millón de pesos o más”, pero el proyecto establece que se gravarán las entradas que superen las 10 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a aproximadamente $498.000. Para los actores del sector, la lectura es más compleja: no se trata solo de cifras, sino de acceso, sostenibilidad y, además, de un mensaje simbólico.
Gabriel García, CEO de Grupo Páramo, advirtió que el aumento de impuestos afectaría de manera directa al público que paga boletas superiores a $500.000, gran parte de la clase media. “Con el nuevo impuesto, los precios subirían 20 % y la asistencia podría caer, obligando a subir aún más los costos para sostener los eventos”, explicó. En sus palabras, esto no solo restaría competitividad al país, sino que también limitaría la oferta de conciertos y la proyección de Colombia como destino confiable para giras internacionales.
Por su parte, Susana Feria, CEO de La Tiquetera, enfatizó que el impacto recaería sobre quienes realmente sostienen la demanda. “Muchos compran boletas a cuotas con intereses; un incremento en los precios podría excluirlos del acceso a los espectáculos”, dijo, subrayando que los costos actuales ya son significativos y que el público no necesariamente pertenece a sectores privilegiados.
Mientras García y Feria se concentran en la experiencia del público y la demanda, Diana Therán, abogada especialista en espectáculos y directora de Consultoriarte, centró su análisis en la estructura del ecosistema cultural. Explicó que la Contribución Parafiscal Cultural (CPC), establecida desde 2012 por la Ley de Espectáculos Públicos, funciona como un mecanismo de economía circular: los recursos recaudados de boletas de gran valor se reinvierten en escenarios pequeños y medianos, garantizando la sostenibilidad de los espacios independientes y la circulación de artistas emergentes.
La nueva tributación, aseguró Therán, podría generar una doble carga, sumando al 10 % de la CPC un impuesto al consumo que encarecería la boleta cerca de un 30 %. “El riesgo es que los principales beneficiarios de la CPC —escenarios pequeños y medianos —perderían recursos para operar y sostener su programación”, afirmó, señalando que el impacto no es solo económico, sino también social y cultural.
Gonzalo Castellanos, gestor de políticas y proyectos culturales, coincidió con Therán. Para él, imponer un nuevo impuesto al ecosistema cultural representaría un retroceso e incluso una afectación inconstitucional: “Se trata del derecho al acceso y disfrute de la cultura, que está en riesgo si las boletas se encarecen excesivamente”. Además, afirmó que la segmentación entre “ricos” y “pobres” para justificar la medida es errónea. “La cultura no debe limitarse a un privilegio económico; es un ecosistema en cadena donde el descenso de asistencia afecta a artistas, productores y espacios independientes”, expresó.
La discusión sobre competitividad internacional también ocupa un lugar central. García y Feria resaltaron que Colombia se ha convertido en un destino atractivo para giras internacionales, desde Shakira hasta Guns N’ Roses. La subida de precios de la boleta, según ellos, podría desincentivar la llegada de estos shows. “Los artistas manejan sus costos en dólares y necesitan productores locales que asuman los gastos. Si estos suben demasiado, podrían preferir países vecinos como Perú o Ecuador, donde la carga tributaria es menor”, explicó Feria.
Therán añadió que esta afectación no solo reduce la llegada de artistas extranjeros, sino que compromete la circulación de creadores nacionales, debilitando la proyección cultural internacional de Colombia. Asimismo, Castellanos advirtió sobre un efecto dominó: “Cuando encareces el acceso, limitas la asistencia y reduces la capacidad de inversión en producción, lo que termina afectando toda la cadena de la industria cultural”.
Más allá de la economía, el sector percibe la medida como un mensaje simbólico equivocado. “Gravar la cultura con nuevas cargas contradictorias genera una señal negativa”, dijo Castellanos. “Se trata de un sector que aporta empleo, cohesión social y dinamiza territorios enteros, pero el mensaje que recibe es que su labor puede castigarse”.
Todos coincidieron también en el impacto sobre la economía cotidiana del público: “Decir que una boleta de $500.000 es un lujo ignora que muchos pagan ese precio por localidades cercanas al escenario, con la misma expectativa que se tiene en mercados similares en otros países. Endeudarse para asistir no es un lujo, sino una decisión económica que refleja la realidad del entretenimiento en vivo”, dijo Feria.
El efecto sobre la sostenibilidad de la industria cultural es inmediato. Therán señaló que la caída estimada en el recaudo de la CPC podría alcanzar entre 60 % y 75 %, afectando directamente a escenarios independientes, artistas emergentes y productoras pequeñas.
Sostenibilidad, diálogo y equilibrio cultural
La conversación dentro del sector no se centra únicamente en los riesgos; también apunta a soluciones. Feria destacó que la formalización y el reconocimiento del sector podrían equilibrar la situación: “No se trata de evadir impuestos, sino de evitar la doble tributación que podría comprometer la viabilidad de los eventos”. Therán propuso fortalecer la CPC y garantizar la transparencia en la ejecución de sus recursos, mientras Castellanos sugirió mecanismos de redistribución para que los artistas y espacios más vulnerables no queden rezagados. García subrayó la necesidad de considerar la competitividad internacional y el efecto sobre la demanda local: “Si queremos que Colombia siga siendo un destino para giras internacionales, debemos proteger tanto la sostenibilidad de la industria como el acceso del público a la cultura”.
Aun con la tensión que genera la reforma, los entrevistados coincidieron en la importancia de mantener un diálogo abierto con el gobierno. Recordaron los esfuerzos de agremiación y búsqueda de soluciones con Fenalco, enfatizando que esperan ser escuchados antes de que se tomen decisiones que puedan provocar pérdida de empleos, menor asistencia a eventos y reducción del consumo.
La discusión sobre la reforma tributaria refleja tensiones más amplias: entre la necesidad de recaudo fiscal y el derecho a la cultura, entre sostenibilidad económica y acceso equitativo, entre competitividad internacional y fortalecimiento local. Las voces del sector, aunque diversas, coinciden en un punto clave: cualquier medida que ignore el impacto sobre el público, los productores, los artistas y los escenarios independientes podría erosionar años de desarrollo cultural, social y económico en Colombia.
Por Samuel Sosa Velandia
