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El Caro y Cuervo bajo la dirección de Vélez: denuncias de funcionarios y proyectos en riesgo

Desde la llegada de Sergio Vélez a la dirección del Instituto, funcionarios consultados por El Espectador describen un ambiente de desconfianza y dificultades administrativas. A las críticas por sus publicaciones sobre escritores colombianos se suman preocupaciones por la continuidad de proyectos académicos y el trabajo con comunidades indígenas.

Desde 2003, el Instituto Caro y Cuervo es parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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A las 11 de la mañana la oficina de la Dirección General del Instituto Caro y Cuervo parece una cueva. Las tradicionales ventanas de madera, que durante décadas permanecieron abiertas de par en par, hoy lucen selladas, lo que obliga a mantener las luces artificiales encendidas durante todo el día. Desde la llegada de Sergio Esteban Vélez Peláez a la dirección del centro de investigación lingüística y literaria una atmósfera de hermetismo se instaló en los pasillos.

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En la cotidianidad de la casona patrimonial se entrecruzan episodios que, para algunos, son de “estricta paranoia”: el temor a que los teléfonos estén interceptados, la prohibición temporal de ingresar celulares a las reuniones directivas y el recelo a consumir alimentos servidos en las instalaciones. Vélez habría comenzado a llevar sus propios termos de agua tras manifestar a su equipo el temor explícito a ser envenenado. Incluso los gestos cotidianos quedaron bajo sospecha. En una ocasión —contó una fuente que pidió reservar su identidad—, al recibir un trozo de pastel de cumpleaños, Vélez prefirió regalárselo de inmediato a una acompañante por prevención.

Esta desconfianza alteró la operatividad administrativa. Acostumbrados a la trazabilidad digital, los funcionarios vieron cómo la gestión retrocedió a dinámicas basadas en el papel: la dirección habría exigido imprimir masivamente correos electrónicos, documentos y reportes de actividades para revisarlos físicamente. Fuentes internas vinculadas al equipo de trabajo, que solicitaron la reserva estricta de su identidad para evitar represalias laborales, le dijeron a este medio que existía una renuencia del director a capacitarse en el manejo de la plataforma estatal Secop, lo que habría provocado el estancamiento de la firma de cuentas.

Al cierre de esta edición, decenas de contratistas completaban semanas de retraso en el pago de sus honorarios debido a la falta de aprobación digital de sus informes.

De la publicación en redes al silencio oficial

La estrategia de comunicación de cara a la ciudadanía está cambiando. Según funcionarios, el nuevo líder de comunicaciones, Daniel Valencia, transmitió instrucciones directas de la dirección para reorientar las efemérides literarias hacia enfoques políticos de corte anticomunista, buscando vincular a los autores con el catolicismo o forzando lecturas sobre agresiones de la izquierda armada. Cuando los diseñadores presentaron piezas gráficas sobre la obra de autores nacionales, las propuestas fueron descartadas por la dirección a través de Whatsapp para dar paso a grabaciones “más domésticas” ante la cámara.

En un video grabado para las cuentas oficiales de la entidad, Vélez se refirió, el pasado 26 de septiembre, al fundador del nadaísmo, Gonzalo Arango, y aseguró que al final de su vida terminó “de rodillas rendido ante Dios”. Días después, al abordar el natalicio del escritor caleño Andrés Caicedo —quien se suicidó a los 25 años—, el funcionario calificó su muerte como un “pliego de cargos morales” y una “trampa mortal” provocada por el rechazo a la institucionalidad.

Sus afirmaciones desataron críticas tanto por los juicios morales con los que abordó la vida y la obra de escritores como Caicedo y Arango como por el uso de los canales institucionales para difundir mensajes que varios críticos han calificado de “proselitismo religioso”.

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El escritor Héctor Abad Faciolince tildó las declaraciones de “un sermón muy tonto” e impropio de la madurez que exige la dirección de un centro académico. Elvira Cuervo de Jaramillo, exministra de Cultura y descendiente del filólogo Rufino José Cuervo, recordó que el objeto de la entidad es la defensa del lenguaje y no la emisión de juicios éticos. La escritora Margarita Posada, por su parte, cuestionó la trivialización de la salud mental al presentar un trastorno psicológico como una falta de obediencia civil, mientras que más de un centenar de egresados de posgrado enviaron una carta abierta en la que recordaron que la función de una entidad estatal “no es dogmatizar”.

Sergio Vélez se posesionó como director del Caro y Cuervo el pasado 7 de septiembre.
Foto: Ministerio de Culturas

Consultados por este equipo periodístico para responder a los cuestionamientos de la comunidad académica y sobre la parálisis administrativa interna, tanto el director Vélez como el líder de comunicaciones, Daniel Valencia, se negaron a dar declaraciones. “Nadie en el Gobierno tiene autorización para dar declaraciones o responder entrevistas a medios a excepción quizá de ministros o voceros oficiales. Discúlpame”, fue la respuesta entregada por Valencia.

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Sin embargo, según conoció este diario, internamente el mensaje transmitido al equipo fue otro: la Presidencia de la República estaría complacida con el impacto mediático generado por las publicaciones.

La ruptura de una narrativa de Estado

Detrás del debate en redes sociales se desmanteló una estrategia de comunicación pública orientada a la ciudadanía. Natalia Noguera, exlíder de comunicaciones del Instituto, le contó a El Espectador que la gestión previa se centró en acercar la investigación científica a la gente y logró pasar de 42.000 a más de 71.000 seguidores en redes sociales. Bajo su dirección se diseñó un manual de identidad visual, se creó una tipografía propia y se priorizó la divulgación de las 69 lenguas nativas y criollas del país.

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“Una cuenta institucional representa al Estado, no a los intereses personales ni a la agenda de un funcionario de turno”, señaló Noguera. Según la comunicadora, el cambio de orientación abandonó la pluralidad narrativa y la inclusión de autoras mujeres y lenguas nativas.

Para la exdirectora del Instituto Daniella Sánchez Russo, el mayor peligro de esta coyuntura es que el debate mediático termine sofocando las discusiones de fondo sobre la sostenibilidad jurídica, presupuestal y científica de la entidad.

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El Caro y Cuervo carece de una planta docente formal de carrera y sostiene sus programas de maestría mediante cerca de 40 contratos de prestación de servicios. Una fuente cercana al Instituto, que pidió reservar su identidad, se refirió a ese panorama, y afirmó que “son programas que se han hecho bajo condiciones precarias en las que el Estado no los reconoce como profesores, sino como funcionarios”.

Al tratarse de profesores que dictan cátedra de manera continua durante años, la falta de formalización expone a la institución a un riesgo de demandas laborales masivas bajo la figura de “contrato realidad” y al deterioro de programas que durante años han contribuido a la construcción del pensamiento crítico.

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Para solucionar este vacío, la administración saliente realizó asesorías técnicas y dedicó meses de trabajo conjunto para conseguir los conceptos técnicos favorables para crear la primera planta docente de carrera en 84 años de historia, en cumplimiento del artículo 134 del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, tras el relevo directivo, el trámite final para expedir el decreto del régimen salarial quedó estancado entre el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República.

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A esta incertidumbre laboral se suma la responsabilidad sobre un presupuesto que creció hasta alcanzar los COP 30.811 millones para 2026 —con COP 13.463 millones destinados exclusivamente a inversión pública—, la viabilidad del primer doctorado en lingüística y literatura (creado mediante el Acuerdo 009 de 2025 y pendiente de registro calificado ante el Ministerio de Educación) y los proyectos BPIN para la documentación de lenguas indígenas en riesgo en territorios como la Amazona, Chocó o la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Nos tiene a todos muy desesperanzados”

Las preocupaciones por el rumbo del Instituto también atraviesan el Programa de Documentación de Lenguas Indígenas. De acuerdo con una fuente de la institución que también pidió la reserva de su identidad, las decisiones de la nueva dirección ponen en riesgo tanto las actividades previstas como la continuidad de investigaciones que buscan documentar y revitalizar los cerca de 70 lenguas indígenas del país. “Eso nos tiene a todos muy desesperanzados”, afirmó. Asimismo, manifestó temor por las posibles consecuencias de hacer públicas sus declaraciones: “Tengo miedo sobre lo que puedan ocasionar”.

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Entre los episodios que relató está la cancelación de actividades propuestas para la Semana de la Hispanidad y la Diversidad Cultural. Según contó, el director no autorizó la programación porque la celebración debía centrarse en la lengua española. “Dijo que no autorizaba las actividades, las canceló”, relató. Es un enfoque que se refleja en una de las publicaciones difundidas a través de las redes sociales del Instituto, en la que no se hace alusión a las lenguas nativas.

La ausencia de referencias a las lenguas nativas en las publicaciones del Instituto también inquieta a la exdirectora Sánchez Russo. “Me preocupa que el Caro y Cuervo deje de trabajar con las lenguas nativas, por cómo se está pronunciando sobre esta Semana de la Hispanidad. No se ha vuelto a publicar absolutamente nada del programa de lenguas nativas, cuando nosotros hacíamos una o dos publicaciones por semana, mínimo, para mantener a la gente enterada de cómo avanzaba el proceso de documentación de las 15 lenguas que estábamos ayudando a documentar”, señaló.

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Otra de las alertas que hizo la fuente es que la dirección también habría puesto trabas a la convocatoria de un encuentro de cierre de año que el programa tenía previsto realizar en Bogotá, con la participación de representantes de distintos pueblos indígenas que presentarían sus experiencias. “Se ha tratado de sacar la convocatoria, y él no ha permitido publicarla, porque uno de los temas era el de las lenguas indígenas como experiencias de resistencia, y él dijo que se cambiaran a ‘lenguas indígenas amenazadas por el terrorismo’. Él dice unas cosas que son evidentemente puro proselitismo político dentro de una institución del Estado, cuyo fin último es la protección y promoción de la diversidad de lenguas; no es la diversidad del español, es la diversidad de las lenguas de Colombia que nos hacen a nosotros colombianos”, aseguró.

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A esto se suma la incertidumbre sobre el futuro del repositorio de lenguas indígenas, presentado en mayo de 2026 y construido con información documentada por integrantes de las comunidades, que participan como investigadores de sus lenguas. La fuente teme que el proyecto desaparezca y que con él se pierda un espacio de reconocimiento para los pueblos indígenas.

Según explicó, el programa busca que los integrantes de las comunidades desarrollen sus propias investigaciones, en lugar de limitarse a recibir talleres organizados por el Estado. En ese contexto, las críticas que habría hecho el director hacia el término “decolonialidad” generan preocupación por lo que implicarían para el reconocimiento de los pueblos indígenas y para la confianza en el Caro y Cuervo. “Esto de volver a tratar a los indígenas como ciudadanos de segunda nos tiene muy preocupados. El Instituto ha tenido una historia colonial grandísima de cómo mira a los pueblos indígenas y esto, por fin, se estaba revirtiendo y estábamos empezando a hacer acciones que de cierta forma sanaban esas heridas entre el Estado y los pueblos indígenas”, señaló.

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En últimas, la preocupación es que el Instituto pierda el vínculo con las comunidades y la ciudadanía que ha construido a través de su trabajo pedagógico y territorial. Para Sánchez Russo, ese riesgo se suma a las inquietudes por la formalización de la planta docente y la posibilidad de cooptación ideológica, que desplazaría el espíritu crítico, plural y abierto hacia la diversidad de lenguas y expresiones estéticas que exige la Constitución. El temor es que la entidad termine reducida al debate político en redes o a un nicho académico cerrado.

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Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico. lauracamilaad larevalo@elespectador.com

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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