Ángela María Soto, nueva gerente de Inravisión, se refirió a la suspensión temporal del funcionamiento de las emisoras de paz —el único punto del Acuerdo de Paz de 2016 que se había cumplido totalmente— de los municipios de Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta.
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Según argumentó Soto, “esas emisoras fueron puestas al aire antes de completar el procedimiento que legalmente las habilitaba para transmitir”. En un comunicado, Inravisión informó que, como parte de la revisión administrativa, jurídica y técnica adelantada, identificaron que estas cuatro emisoras comenzaron a operar antes de que hubiera culminado el trámite para la obtención de las concesiones necesarias para operar legalmente.
El Ministerio TIC confirmó, según señalaron, que “los actos administrativos correspondientes a estas cuatro concesiones aún se encuentran en proceso de revisión”. El comunicado no hace referencia, sin embargo, a las otras 16 emisoras suspendidas (en total son 20).
Hace dos semanas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre su suspensión y rechazó la medida tomada por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
La fundación señaló entonces que frenar “de manera generalizada su programación informativa y territorial no resulta idóneo, necesario ni proporcional para revisar sus contenidos. Una reorganización puede hacerse con alternativas menos restrictivas y no puede desconocer su función de interés público”.
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La orden del Gobierno de frenar la operación de estos espacios ha sido interpretada como un golpe al Acuerdo de Paz, del que el presidente De la Espriella ha sido un crítico. Ante los cuestionamientos, Inravisión señaló que la medida es institucional y jurídica y no responde a ninguna posición política ni a censura. “Se trata de una decisión institucional orientada a garantizar que el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien público de la Nación, se realice con todas las autorizaciones y garantías jurídicas exigidas”.
En la Ley 1341 de 2009 se estableció que el hecho de prestar el servicio de radiodifusión sonora de interés público sin la respectiva concesión constituye una operación no autorizada y puede ser considerada como una operación clandestina. Esto puede derivar en que se apliquen sanciones administrativas o penales y en el decomiso de los equipos.
Soto también fue enfática en que no se trata del cierre de las emisoras, sino de su suspensión. “Las emisoras de paz no se están acabando, al contrario, las estamos protegiendo y mejorando. Reconocemos profundamente el valor que tienen en territorios que durante décadas padecieron la violencia y el abandono”, expresó.
En el comunicado, Inravisión señaló además que continuará trabajando para resolver la situación jurídica que, según la institución, llevó a la suspensión y para garantizar que las voces de los territorios continúen llegando a los colombianos dentro del marco legal.
“No estamos apagando las voces de los territorios. Estamos garantizando que esas voces puedan seguir llegando a los colombianos con legitimidad, seguridad jurídica y dentro de la ley”, concluyó Mora.
Las emisoras de paz quedaron ubicadas en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. Antes de la medida tomada por el gobierno De la Espriella, emitían contenidos las 24 horas del día con equipos periodísticos encargados de informar sobre sus regiones.
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