145 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en 2022 en Colombia

Durante el 2022 hubo registro de 5.501 casos de violaciones de derechos humanos hacia la población LGBTIQ+.

Foto: Caribe Afirmativo

La organización Caribe Afirmativo presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ a nivel nacional. El documento destaca que hubo registro y conocimiento de 5.501 casos de violaciones de derechos humanos relacionados con homicidios, feminicidios, violencia policial, amenazas, actos de discriminación y hostigamiento hacia esta población. (En video: Mi novio vive con VIH y yo no: ser una pareja serodiscordante)

Según la organización, entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2022, fueron asesinadas 145 personas LGBTIQ+. Esta cifra indica que, aproximadamente, cada dos días y medio, la violencia acabó con la vida de una persona con una orientación sexual o identidad de género diversa. Si bien se presentó una reducción del 29% frente a los 205 casos reportados en 2021, “siguen siendo alarmantes los altos índices de afectaciones a la vida e integridad personal de personas LGBTIQ+”, afirma el reporte. (El machismo de los hombres gais no es inofensivo)

De las 145 víctimas de homicidios y feminicidios, 47 fueron hombres gais (32%), 14 corresponden a mujeres lesbianas (9,6%), diez a hombres bisexuales (6,8%), cuatro a mujeres bisexuales (2,75%), 49 a personas con experiencias de vida trans (17,24% equivalente a 25 hombres trans y 24 mujeres trans, 16,55%), 15 a personas con otras identidades (11%) y seis a casos en las categorías “sin especificar” (4,13%).

A nivel territorial, los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca son los que más registraron casos de homicidios y feminicidios para el 2022. Se presentaron 24 víctimas en Antioquia y 25 en el Valle del Cauca. Caribe Afirmativo también reporta que se registraron 110 casos de tentativas de homicidios y feminicidios en el territorio nacional. No obstante, para la organización “resulta muy preocupante que, de departamentos como Amazonas y Guainía, no se obtenga información alguna, y de otros como Vichada y Vaupés solo se tenga conocimiento de tres casos de violencias en cada territorio”.

Durante el 2022, la Fiscalía expidió una guía para investigar y judicializar violencias contra personas LGBTIQ+. Esta estrategia permite aplicar un enfoque diferencial y dentro de las modificaciones se incluyeron casillas para registrar la orientación sexual e identidad de género de las personas y sus nombres identitarios. Este avance hace que por primera vez se tenga un registro de los hechos motivados por prejuicio.

La violencia por prejuicio puede ser entendida como aquella motivada por actitudes negativas respecto a las víctimas en razón de su pertenencia a determinado grupo poblacional, en este contexto ser LGBTIQ+. Y, por tanto, socialmente existe una justificación hacia esta discriminación. Como explica Iván Escobar, consejero consultivo LGBTIQ+ de Bogotá, “no es asegurar que todos los hechos violentos hacia personas LGBTIQ+ están motivados por la discriminación, pero sí que las investigaciones lo descarten y no que presuman siempre que son hechos de intolerancia porque son un grupo tradicionalmente discriminado”.

La información analizada por Caribe Afirmativo fue obtenida del trabajo realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la organización, junto con la información oficial suministrada por la Fiscalía, Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Policía Nacional. Sin embargo, denuncian que muchos casos quedaron en el subregistro, debido a que “en los canales de atención sigue persistiendo una lectura binaria de la sexualidad, imposibilitando conocer las identidades de género diversas”, se lee en el informe.

Gracias a la implementación del enfoque de violencias por prejuicio, se registraron por primera vez actos de discriminación y conducta de hostigamiento. Durante el año pasado, 1.314 personas pertenecientes a la población LGBTIQ+ fueron víctimas de discriminación. Bogotá fue el territorio en donde más casos se reportaron, siendo equivalente al 50% de todo el país. El rechazo a estos hechos llevó, por ejemplo, que en distintas ciudades se convocaran besatones como respuesta a la homofobia. (Así fue la besatón en Bogotá)

Aunque el pasado 27 de octubre la Fiscalía manifestó que existe un avance en el esclarecimiento de un 51,31% de los casos de asesinatos de personas LGBTIQ+ ocurridos entre enero y octubre de 2022, con base en el informe de Caribe Afirmativo, el 74% de estos se encuentran en etapa de indagación. Esto quiere decir que la mayoría de los procesos sólo cuentan con noticia criminal (conocimiento del caso) o con un programa metodológico para recolectar evidencia física que dé cuenta de la existencia de los hechos.

Los otros datos que arroja Caribe Afirmativo frente a la etapa procesal de los homicidios y feminicidios establecen que sólo 18 casos (13%) han logrado llegar a etapa de juicio oral y de esta manera conseguir que un juez determine la presunta responsabilidad de la persona acusada. Asimismo, a corte del 31 de diciembre de 2022, el 4% de los procesos se encuentran inactivos, lo cual genera, en palabras de la organización, “revictimización, impunidad y ausencia de garantías de no repetición”. (Caso Felipe Garzón: capturan a uno de los sospechosos de su asesinato)

Por otra parte, la violencia policial contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no se reduce. En el 2022 se registraron 102 víctimas de violencia policial. Las principales víctimas de estas violencias serían los hombres gais y las mujeres lesbianas, con un porcentaje del 35% y 21% respectivamente.

“El alto número de amenazas y delitos contra la vida e integridad de personas sexo-género diversas exhorta a la toma de medidas inmediatas por las autoridades. Evidentemente, estas violencias no son hechos aislados, sino estructurales, permeados por la complicidad y/o aprobación social que ha mantenido en la impunidad estas violencias”, concluye el informe. De igual forma, la organización hace un llamado a la prevención de las violencias hacia personas LGBTIQ+ desde la educación y espera que este 2023 se expida una directiva que oriente a los fiscales en el abordaje de estos casos.