En Colombia se cocina una ley trans, esto es lo que ha pasado en otros países

La promulgación de las leyes de identidad trans a nivel mundial es una de las banderas del movimiento trans a nivel internacional.

Foto: EFE - Rodrigo Sura

Un Proyecto de ley integral trans se radicará este año en el Congreso de la República. La iniciativa, que surgió de activistas y distintas organizaciones de la sociedad civil, viene construyéndose desde hace cinco años. Cuenta con el respaldo de la Comisión por la Diversidad y busca converger en “un solo lugar” los mecanismos y herramientas para garantizar los derechos de las personas trans y con identidades de género diversas, como por ejemplo, la autodeterminación de la identidad de género, el acceso a la salud, educación y trabajo, la protección a la infancia y adolescencia, entre otros. (Victoria Tirado, una conductora trans del SITP en Bogotá)

Colombia es uno de los países más avanzados en la región en esta materia, pero aún no cuenta con una ley. “Tenemos muchísimas sentencias (de la Corte Constitucional) y procesos que nos han permitido a las personas con experiencia de vida trans acceder a nuestros derechos, pero sentimos que es el momento de que el Estado lo tome desde otro lugar”, comenta Danne Aro Belmont, directora de la Fundación GAAT. (En video: la travesti que logró la cédula no binaria en Colombia)

Para Jhonnatan Espinosa, director de la Fundación Ayllu Familias Transmasculinas, evaluar la experiencia de otros países que ya cuentan o están debatiendo estos proyectos de ley trans es lo que les ha permitido establecer unos “mínimos no negociables”. Por esto, el proyecto de ley, cuyo articulado se sigue trabajando, apunta a ser más que una ley de autodeterminación de género, que es la posibilidad de que cada quien elija libremente con qué género se identifica.

Por su parte, la representante a la Cámara Tamara Argote, coordinadora de la Comisión por la Diversidad, considera que en el país no solo se debe trabajar por una ley integral trans, sino que todos los demás proyectos contemplen una mirada interseccional que reconozca la diversidad. Asimismo, asegura que el reto de la ley trans “está en construir una normatividad que responda a las necesidades y que no simplemente sea como un saludo a la bandera”.

La organización Amnistía Internacional asegura que la falta de mecanismos legales supone una vulneración de los derechos humanos de las personas trans y “las expone a más discriminación y violencia de la que ya sufren diariamente”. Recordemos que solo a partir del 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad mental en su catálogo de patologías. (No hay una edad para darte cuenta de que eres LGBTIQ+)

Según el último informe de mapeo legal trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo), 96 de los 143 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocen legalmente la identidad de género de las personas trans. De estos, 25 no exigen evidencias médicas de cirugías de cambio de sexo o procesos de esterilización y solo 16 contemplan en su legislación la autodeterminación del género como un derecho.

En Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay son los únicos países que cuentan con una ley trans. Pero, en palabras de Ari Vera, cosecretaria de ILGA para América Latina y el Caribe, lo que se observa en la región es “un contraste de avances y barreras legislativas para integrar de manera orgánica el acceso a todos los derechos de las personas trans”. (América Latina: ¿progresista o retrógrada frente a los derechos LGBTIQ+?)

Argentina fue pionera en el mundo en 2012 al otorgar a todas las personas, sean niños, niñas o adolescentes, así como a las personas migrantes, el derecho a modificar con un trámite gratuito su nombre y su género en todos sus documentos. La ley uruguaya y chilena generaron un avance histórico al promover una reparación para las personas trans que fueron perseguidas durante las dictaduras. Sin embargo, en Bolivia existe un reconocimiento legal de la identidad de género, pero no existe el derecho a la participación política de personas trans.

En el caso de Europa, a febrero de 2023, diez países cuentan con procedimientos legales de reconocimiento del género basados en la autodeterminación de la persona. Y aunque los proyectos de ley en Escocia y España han causado una dura reacción mediática, para las fuentes consultadas por este diario, el debate en España, que reinició hace unos días, es quizás el reflejo más cercano de lo que le espera al país en materia de oposición social y política.

Por una parte, España, al igual que Colombia, ya contaba con antecedentes en materia jurídica y territorial. Y, por otro lado, como explica Noemí López Trujillo, corresponsal de género para el medio ibérico Newtral, “tener una voluntad política no significa una garantía para la implementación de un proyecto integral”.

El texto que está en trámite en España terminó siendo la unión de dos proyectos “para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, como se lee en la web del Congreso de los Diputados . Además, el pasado primero de febrero se anunció que tardará, por lo menos, dos semanas más en aprobarse.

El documento actual no contempla las propuestas que en un principio buscaban, por ejemplo, ampliar y mejorar la cobertura a menores y migrantes. También la enmienda que apuntaba a que las “terapias de conversión” se castigaran en el Código Penal, con penas de prisión, fue eliminada. Y la ley, a puertas de ser aprobada, tampoco posibilita que las personas no binaries puedan omitir, si así lo desean, la mención relativa al sexo en sus documentos oficiales. “Va a ser una ley que nace con carencias”, opina la periodista ibérica.

De igual forma, como explica Mar Cambrollé, activista española y presidenta de la Federación Plataforma Trans, uno de los temas que más revuelo mediático ha generado este proyecto de ley, y que también podría pasar en Colombia, es el concepto de la autodeterminación de género.

Para las personas trans, el poder cambiar en los documentos su identidad de género, sin que alguna institución o médico lo “certifique”, significa dejar de ser patologizadas. Sin embargo, la activista asegura que el reconocimiento de la autodeterminación es lo que genera que grupos conservadores y transexcluyentes se opongan a estos proyectos argumentando que “ahora cualquiera puede decir que es mujer” o “van a imponer una ideología de género”. (“Ideología de género”: la estrategia contra los derechos de mujeres y diversidades)

El Banco Mundial asegura que la ausencia de leyes y garantías que protejan la diversidad sexual y de género “no solo impide la prosperidad de las personas afectadas, sino que limita el desarrollo de los países”. Con este panorama en mente, las organizaciones promotoras de la ley trans en Colombia reconocen que aunque el camino que les espera no va a ser fácil, están preparadas para asumir el reto ante el congreso. Mientras tanto, la ley trans se sigue cocinando en el país.