Infancias trans: ¿un proyecto de ley pone en riesgo sus derechos?

Un proyecto de ley en Colombia propone prohibir la atención y tratamientos de afirmación de género para niñas, niños y adolescentes trans. Activistas se oponen.

Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Entender que la identidad de género no depende de la genitalidad con la que se nace es todavía una tarea pendiente de gran parte de la sociedad. Ahora, si hablar sobre los derechos de las personas trans es complicado, poner el foco en la niñez suscita prejuicios y estigmas sobre un supuesto intento de afectar a los menores. Pero la realidad es que las infancias y adolescencias trans existen y tienen el derecho a la autonomía de sus cuerpos, según organismos internacionales de derechos humanos.

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En las últimas semanas, el Senado de la República ha sido el escenario para la discusión en torno a la disforia de género en menores de edad. Esta disforia puede ser definida, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un sentimiento de angustia o sensación de incomodidad que pueden experimentar las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. Por esto, como enfatiza Mayo Clinic, el término disforia se centra en la incomodidad como problema, más que en la identidad trans en sí.

El proyecto de ley “Con los niños NO te metas”, radicado por la senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, busca regular la prestación del servicio de salud en la disforia de género y prohibir los tratamientos de afirmación de género, su difusión y orientación en los menores de 18 años. Según se lee en la justificación del articulado, los servicios de salud prestados para la disforia de género “dejan secuelas a nivel de salud física y mental irreversibles, afectando permanentemente la vida de las personas que fueron sometidas a estos”.

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Por otra parte, el proyecto dice que la disforia de género es un “trastorno mental” que podría estar causado por: autismo, depresión, pérdida de alguno de los padres por muerte, influencia social, contagio social o uso excesivo de las redes sociales. Pero, como señala Santiago Carvajal, abogado, activista y cofundador de la organización FAUDS que acompaña a familias con hijos LGBTIQ+, el articulado no contempla evidencia médica-científica reciente y, por el contrario, se fundamenta en prejuicios y posturas religiosas.

Desde el 2019, la disforia de género no hace parte de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 11) de la OMS. La organización reclasificó el “trastorno de identidad de género” como “incongruencia de género”. Por lo tanto, dejó de ser considerado como un trastorno mental, para ser tratado como condiciones relacionadas con la salud sexual, ya que “esto refleja el conocimiento actual de que las identidades trans y género diversas no son condiciones de mala salud mental y, que clasificarlas como tales, puede causar un enorme estigma”, reflexiona la OMS.

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Además, el año pasado, la última actualización del DSM-5 (Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales), presentado por la American Psychological Association (APA), modificó su terminología en los especificadores de disforia de género para que estos sean menos estigmatizantes. Esto con el fin de que no se patologice a las personas que experimentan disforia de género y facilitarles el acceso a la atención médica necesaria como un tratamiento afirmativo eficaz.

Sin embargo, quienes defienden el articulado, como se escuchó durante las audiencias públicas, argumentan que para proteger los derechos de los niños no se les puede permitir acceder a terapias de afirmación de género. Carmen Gallego, terapeuta de familia, dice que “es poco probable que los niños tengan la madurez para emitir un consentimiento informado para un tratamiento médico”. Además, Gallego añade que, al no haber terminado su desarrollo cerebral, la mayoría se arrepiente.

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Si bien muchas personas comparten esta postura, la realidad es que son pocos los niños y niñas que no continúan con su transición. Un estudio reciente publicado en la revista Pediatrics encontró que los menores que hacen una transición social de género durante su niñez, en promedio a los 6 años, rara vez cambian de parecer sobre su identidad de género cinco años después. La investigación siguió y encuestó a 317 niños y niñas trans. Cuando el estudio empezó, tenían entre 3 y 12 años y, cinco años después, el 94% seguían seguros con su decisión. Además, llegando a la pubertad, varios decidieron empezar un tratamiento con hormonas.

Cris Guerrero, profesional psicosocial de la Fundación GAAT, explica que “los niños, niñas y niñes tienen consciencia de su género entre los dos o tres años. Desde la primera infancia, a los cuatro o cinco años, comienzan a tener capacidad de toma de perspectiva y a mostrar si están felices o sienten incomodidad con la identidad que les fue asignada. Finalmente, entre los cinco y siete años se comprende totalmente el concepto de la identidad de género, aunque su construcción la hagan a lo largo de su vida”.

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Eso quiere decir que todas las personas vamos construyendo y entendiendo nuestra identidad de género a lo largo de la vida. Por lo que, pensar que los niños y adolescentes son incapaces de determinar su identidad por el hecho de ser menores de edad, es no reconocerles como agentes de derechos. En palabras de Viviana Vargas, profesional de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, “los niños no son propiedad de nadie, ni de sus padres, ni de la sociedad; su vida y libertad son de su autonomía”.

En Colombia son diversos los recursos que protegen la identidad de las infancias y adolescencias trans, empezando por la Ley 1098 de 2006, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, prevaleciendo la protección integral y el libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, unas tres sentencias de la Corte Constitucional garantizan el derecho de los menores trans a ser reconocidos con su nombre e identidad de género.

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El Espectador se comunicó con la senadora Ríos, pero no atendió la solicitud de información. No obstante, en su perfil de X, anteriormente Twitter, la senadora afirma que el motivo para prohibir el acceso a los servicios de salud sexual para infancias y adolescencias trans es porque “se están aplicando procesos experimentales que muchas veces son irreversibles”. Ante esta afirmación, Mario Angulo, endocrinólogo pediatra de la Fundación Valle de Lili, dice que los bloqueadores de pubertad sí son reversibles y que, por el contrario, “reconocer la identidad de género desde temprana edad, contribuye a la salud integral y el bienestar de las personas”.

La senadora Ríos, quien se presenta en sus redes como evangélica y defensora de la familia, es parte de la bancada de congresistas que se han denominado como “provida”. Asimismo, en su momento, afirmó que el proyecto que buscaba una educación sexual integral en el país era “un despropósito para la hipersexualización de nuestros niños”.

Por eso, un punto que preocupa a las familias y organizaciones que se oponen al proyecto de ley, que lo han tildado de antiderechos, es la postura fundamentalista y religiosa del mismo. El articulado también busca un “fomento a la restauración desde el sector religioso y espiritual para promover que los menores o las personas que se arrepientan de haber transicionado puedan tener ayuda”. Punto que, para Guerrero, puede ser leído como una promoción de las mal llamadas terapias de conversión.

Las madres de menores con experiencia de vida trans de FAUDS enfatizan que “las infancias trans no son un peligro, están en peligro”. Además, hacen un llamado a que este proyecto se archive antes de arrancar formalmente su curso en el legislativo.